Por Carlos Fernández*
18 de julio del 2019
Las políticas antiinmigrantes impulsadas por la administración de Donald Trump cobran nuevas dimensiones. Al inicio de su período presidencial, su mira estuvo centrada en la construcción de un muro en todo el límite de la frontera con México. Infructuosa gestión en un Congreso que le negó la asignación de recursos para concretar un proyecto que fuera su mayor ofrecimiento electoral. Incluso expresó que México pagaría la construcción del muro; cosa que no sucederá mientras sea un país expulsor de sus habitantes hacia los Estados Unidos, quienes huyen de la violencia y pobreza, porque su gobierno jamás suplirá las necesidades mas ingentes de sus ciudadanos.
La crisis migratoria no hizo más que escalar en los últimos meses. Mientras Trump mueve en sus redes sociales y la actuación concreta de su gobierno, un discurso de odio e intolerancia hacia los migrantes, estos últimos no cesan de salir a borbotones de sus países. Guatemala, El Salvador, Honduras y México, son expulsores asiduos de sus ciudadanos. Los cuatro países mencionados cuentan con similitudes en tanto tienen:
- Altos índices de corrupción
- Pobreza y pobreza extrema en continuo crecimiento
- Cifras de inseguridad sostenidas
- Autoridades vinculadas a estructuras del crimen organizado y narcotráfico
- Estados debilitados por las mafias y élites económicas con un pensamiento arcaico y antiestatal.
- Afectación en sus esquemas agroindustriales por los impactos del cambio climático y del reacomodo de los mercados internacionales.
- Migración de capitales y fuga de inversiones de manera continua.
La región mesoamericana comparte realidades sociales, políticas y económicas, que en el corto y mediano plazo no garantizan cumplir con las expectativas de la administración Trump de detener el flujo de migrantes.
La estrategia de Trump ha sido según se vea, de mucha astucia política o de torpeza de dimensiones gigantescas. El presidente norteamericano ha empujado una agenda riesgosa para imponer vía el chantaje la obligatoriedad para Guatemala y México de acceder a convertirse en Tercer País Seguro. A México le amenazó en el mes de junio de 2019 con incrementar los aranceles a los principales productos de exportación a los Estados Unidos. La administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador -AMLO- tuvo que ceder. No firmó un acuerdo para convertirse en Tercer País Seguro, pero accedió a dar refugio temporal a migrantes que buscaran asilo en la potencia del norte. Además, al menos en el discurso se comprometió a buscar alternativas para abrir opciones de trabajo en las fronteras, al estilo de los “polos de desarrollo”, para que los migrantes mexicanos y de otros países accedieran a esos empleos por el momento inexistentes. AMLO compró tiempo ante los ojos de Trump, pero su apuesta por consolidar el proyecto para retener en su territorio a los migrantes es un ídolo con pies de barro.
Guatemala, hasta el mes de julio de 2019, se encontraba en una mesa de negociación con representantes de la administración Trump para suscribir un posible acuerdo para convertir al país en un Tercer País Seguro con los ministros del interior, trabajo y cancillería con el Secretario de Seguridad Nacional Kevin McAleenan, los asesores del presidente Trump, Stephen Miller y Mauricio Claver-Cerone y el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, quienes discutieron la continuación de las acciones conjuntas bilaterales de control migratorio y seguridad regional. Todo ello, ante el fracaso del primer intento de suscripción de un acuerdo. En Guatemala, Manfredo Marroquín, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas Andrade y cinco excancilleres entre ellos Gabriel Orellana y Edgar Gutiérrez, quienes se han expresado en diferentes medios de comunicación como adversos al mencionado acuerdo.
El argumento legal del gobierno de Guatemala para suscribir el convenio que nos convierte en Tercer País Seguro se sustenta en la Convención de Ginebra de 1951, que originalmente sirvió para atender a los refugiados de la Europa de la posguerra. Luego ampliado por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 a otras circunstancias. Ambos instrumentos fueron ratificados por Guatemala en 1983.
En términos concretos, si se materializa el acuerdo que la administración Trump pretende, Guatemala deberá dar asilo, al cual pueden recurrir personas que buscan protección en otro país, en este caso Estados Unidos, y que manifiestan temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, posiciones políticas, identidad de género o preferencia sexual.
El gobierno de Estados Unidos pretende que los migrantes que soliciten asilo político en su país, permanezcan en territorio guatemalteco o mexicano, según sea el caso, en espera de una resolución de la autoridad migratoria estadounidense, cuyo sistema esta sobrecargado por solicitudes de migrantes y que esperan meses o años por una resolución. Actualmente, algunos migrantes que reclaman asilo político están en condición de libertad temporal en territorio norteamericano. Muchos de estos migrantes permanecen por años en un limbo legal y algunos de ellos nunca regresan a una corte migratoria para las audiencias de resolución en sus casos. Trump pretende que los migrantes esperen por tiempo indefinido en países tercermundistas, que no tienen condiciones mínimas para sus propios ciudadanos.
Mientras tanto, en la frontera sur de Guatemala con México, aún sin un acuerdo de Tercer País seguro, la crisis humanitaria comenzó. Según reportes de prensa, en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, urbe al sureste del estado de Chiapas, México y en la frontera con Guatemala, miles de migrantes están “atrapados”. Por un lado, retenes y allanamientos migratorios y la vigilancia de la Guardia Nacional mexicana; por el otro, los retrasos de los procesos de regularización. Esto implica para las autoridades migratorias guatemaltecas un incremento sustantivo de las personas que permanecen en el territorio; los migrantes en otras circunstancias, pernoctaban o tomaban un descanso para continuar su tránsito por el territorio mexicano hasta la frontera con Estados Unidos, ahora permanecen en territorio fronterizo guatemalteco por tiempo indefinido.
Por su parte, las autoridades migratorias guatemaltecas, se han dado a la tarea de detener migrantes en su trayecto hacia la frontera con México. El 4 de julio de 2019 montaron operativos para impedir que los centroamericanos que se desplazan hacia Estados Unidos, no lo consiguieran. En dicho operativo fueron detenidos al menos 109 migrantes de distintas nacionalidades: salvadoreños, hondureños, haitianos, cameruneses, bangladesíes y eritreos, quienes fueron enviados a alberges en ciudad de Guatemala, previo a ser expulsados del país.
En el caso de los ciudadanos centroamericanos, el gobierno de Guatemala violentó el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad o CA-4, firmado en el año de 2006. El acuerdo establece la libre movilidad entre los ciudadanos de los países firmantes sin restricciones adicionales más que sus documentos de identidad nacional. Sin embargo, a los menores de edad se les exige pasaporte para evitar el tráfico ilegal de niños. El gobierno de Guatemala incumplió así uno de los principales convenios regionales, que busca entre otras cosas, fomentar el libre comercio e integración económica regional. Todo apunta a que Guatemala romperá el mencionado convenio en su intención de consolidar los intereses de la administración Trump, de mover simbólicamente la frontera del “patio trasero” estadounidense.
Algunos analistas y representantes de partidos en Guatemala y Estados Unidos se muestran claramente adversos a la intentona de Trump-AMLO-Morales de consolidar la política anti-migratoria norteamericana más importante de los últimos veinte años. Si algo está claro, es que el tema migratorio es sensible en este momento en Estados Unidos, país en el que se prepara el escenario para las elecciones presidenciales. Para los diputados y senadores del Partido Demócrata, más que una crisis humanitaria, es una oportunidad para desgastar al Partido Republicano.
Es importante recordar que en la administración de Barak Obama se batieron los records de expulsión de migrantes. Se estima que al final de su gobierno al menos 2.7 millones de inmigrantes fueron expulsados, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés). Ninguna administración anterior logró tal resultado. Así funciona la doble moral de los representantes del Partido Demócrata.
Mientras tanto la crisis humanitaria sigue en aumento y en poco tiempo, obligará de una manera u otra, con acuerdo de Tercer País Seguro o sin él, a la toma de acciones gubernamentales en Guatemala. El corrimiento simbólico de la frontera es inevitable.
*Twitter: @carlosfercid
