Foto y texto: Prensa Comunitaria
25 de julio 2019
Hasta que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado y el derecho a la consulta de las comunidades Mayas Q’eqchi, las operaciones deben suspenderse para detener la violación a los derechos elementales de las comunidades indígenas.
El jueves 18 de julio de 2019, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó al Proyecto Minero Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) suspender sus operaciones. La suspensión tiene por objeto proteger los derechos de las comunidades indígenas Mayas Q’eqchi afectadas por las operaciones mineras.
La petición presentada por los defensores de los derechos humanos Mayas Q’eqchi en 2018, alega que las comunidades Q’eqchi no fueron consultadas y que su derecho a participar plenamente en las decisiones que pudieran afectarlas fue violado cuando el Ministerio de Energía y Minas otorgó una licencia de explotación a CGN en abril de 2006.
CGN es actualmente una subsidiaria de Solway Investment Group, el mayor productor privado de níquel del mundo con sede en Suiza y operaciones globales. En el momento en que se otorgó la licencia, era propiedad de la empresa canadiense Skye Resources. En 2008, Skye Resources se fusionó con Hudbay Resources de Canadá, que más tarde vendió a Solway Investment en 2011.
Como resultado de la resolución de la Corte de Constitucionalidad la semana pasada, los peticionarios y sus abogados ya han sido objeto de amenazas e intimidación. A nivel local, la situación de los peticionarios Q’eqchi es muy preocupante. En un comunicado de prensa, CGN/Solway aseguró que la decisión “incrementará la conflictividad y la violencia en la zona”, mientras que el gerente de la empresa, y coronel militar, Maynor Álvarez se presentó en la televisión nacional con la misma intención. El alcalde de El Estor, Rony Méndez, utilizó los medios sociales para polarizar a las comunidades locales promoviendo un discurso similar. En los días posteriores a la sentencia, los peticionarios y sus abogados han recibido mensajes amenazantes a través del teléfono y los medios de comunicación social.
Desde que el Ministerio de Energía y Minas otorgó a CGN/Skye la licencia para operar el Proyecto Fénix en abril de 2006, las comunidades indígenas han perdido territorio, tierra y medios de vida, especialmente la destrucción del ambiente. Otros han sido asesinados, violados y heridos de gravedad, obligados a abandonar sus tierras.
Las comunidades Q’eqchi, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y académicos nacionales e internacionales han sido víctimas repetidas veces de la violencia, la difamación y el enjuiciamiento malicioso.
En un esfuerzo por desviar la atención del incumplimiento de la consulta como lo exige la ley para obtener licencias de exploración y explotación de recursos en Guatemala, un grupo que representaba a los proveedores de servicios de CGN/Solway dio una conferencia de prensa que se centró en los impactos económicos de la orden judicial. Asimismo, en una declaración pública, Solway Investments señaló que “tomará todas las medidas posibles para no detener… las operaciones en la medida en que sea posible dentro del marco legal”.
El Presidente de la Cámara de Agricultura, Comercio, Industria y Finanzas (CACIF), el lobby económico más influyente del país, escribió en un tweet que la decisión fue “terrible e irresponsable”. Es importante destacar que desde 2007, CGN (y las empresas matrices Skye, Hudbay y Solway) se han beneficiado de importantes exenciones tributarias a través de la Resolución #843 del Ministerio de Economía, Expediente #487-2007, que clasificó a CGN/Skye como beneficiaria de la Ley para la Promoción y Desarrollo de las Actividades de Exportación y Maquila. Esta clasificación ha permitido a CGN (a través de las compañías matrices Skye Resources, Hudbay Minerals y Solway Investments) importar materiales y equipos libres de impuestos; también exime a CGN del pago del impuesto al valor agregado, lo que plantea dudas sobre cuánto dinero está dando la compañía al estado guatemalteco.
Ya existe un precedente legal sobre la suspensión de las operaciones mineras mientras se lleva a cabo la consulta. En 2018, la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo definitivo sobre un amparo para suspender el permiso de exploración del proyecto Juan Bosco y las operaciones del proyecto Escobal, operada por Minera San Rafael (MSR), entonces subsidiaria de la empresa canadienses/estadunidense Tahoe Resources (recientemente adquirida por Pan American Silver), hasta que se completara una consulta con las comunidades indígenas Xinka afectadas en los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa.
Los casos de MSR y CGN han demostrado claramente que el otorgamiento de licencias mineras representa un problema estructural que ha afectado negativamente a diversos grupos sociales y en particular a los Pueblos Indígenas. Los fallos de la Corte Constitucional señalan la necesidad de hacer cambios estructurales en la forma en que se otorgan las licencias de exploración, explotación y ambientales para los proyectos extractivistas propuestos en Guatemala.
En febrero de 2019, la Corte Suprema dictaminó que los derechos de los peticionarios Mayas Q’eqchi afectados por el otorgamiento del Proyecto Fénix habían sido violados y ordenó al Estado que consultara a cuatro municipios de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal que han sido afectados por las operaciones mineras de CGN.
El jueves 25 de julio se celebrará una audiencia pública en la Corte Constitucional antes de que el pleno tome una decisión definitiva sobre la suspensión de las operaciones mientras se lleva a cabo la consulta ordenada por la CSJ con las comunidades Q’eqchi.
Por lo tanto:
- Reiteramos nuestro apoyo a las comunidades indígenas mayas q’eqchi que defienden su legítimo derecho a ser consultadas, a dar su consentimiento y a que sus derechos sean protegidos, tal como lo establecen la Constitución Política de Guatemala, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
- Denunciamos las intimidaciones, amenazas y violencia contra los defensores de los derechos de los indígenas Mayas Q’eqchi, sus abogados y las organizaciones que los acompañan por parte de actores gubernamentales y empresariales.
- ● Reiteramos nuestra gran preocupación por la violencia y la represión que podrían resultar de las campañas para estigmatizar a los defensores de los derechos de los Q’eqchi y sus abogados como resultado de la suspensión jurídicamente vinculante de la operación minera de Fenix;
- Recordamos al Estado que tiene la responsabilidad de cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional y tomar medidas inmediatas para suspender las operaciones del Proyecto Fénix como se ordenó;
- Exhortamos al Estado guatemalteco a que cumpla con su deber de proteger, respetar y establecer garantías para la realización de los derechos de los pueblos indígenas amenazados por los intereses de las empresas en los territorios en los que viven;
- Recordamos a la empresa que, de conformidad con los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos, debe actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos;
- Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se mantengan alertas a la situación y acompañen, si es posible, la audiencia pública del 25 de julio a las 9:30 a.m. como un medio para asegurar la transparencia y el acceso a la justicia para las comunidades indígenas afectadas.
Antecedentes:
En 2005, la empresa minera canadiense Skye Resources, fuertemente apoyada por el gobierno canadiense, revivió el Proyecto Fénix. En 1965, la operación minera fue iniciada originalmente por la compañía minera canadiense INCO a través de su subsidiaria, Exmibal, que más tarde cambió su nombre a Compañía Guatemalteca Níquel (CGN). Aunque intentaba distanciarse de los vínculos de INCO/Exmibal con graves abusos de los derechos humanos durante los años del genocidio guatemalteco, Skye Resources promovió el Proyecto Fénix junto con la violencia y despojo constante contra las comunidades Q’eqchi afectadas por sus operaciones.
Apenas seis meses después de que la licencia fue supuestamente otorgada ilegalmente, las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco, a petición de CGN/Skye, desalojaron por la fuerza a seis comunidades Q’eqchi. Los tribunales jurisdiccionales de Puerto Barrios autorizaron los desalojos en violación del derecho nacional e internacional, pero las comunidades indígenas no tuvieron oportunidad de impugnar el fallo, ya que sus viviendas fueron destruidas inmediatamente después de la notificación. La Policía Nacional Civil y el ejército guatemalteco, las fuerzas de seguridad privada de la CGN/Skye y las fuerzas paramilitares con las que colaboraron, participaron directamente en los desalojos violentos e ilegales, durante los cuales las mujeres fueron violadas y sus casas quemadas.
A pesar de estos actos de represión y violencia, la oposición indígena maya Q’eqchi al Proyecto Fénix ha sido constante durante décadas. En 2009, después de que CGN fuera propiedad de la compañía canadiense Hudbay Minerals, los testigos atestiguan que Adolfo Ich Chaman, un maestro y un dirigente en la demanda de que las comunidades Q’eqchi fueran consultadas de acuerdo con el derecho guatemalteco e internacional, fue asesinado
por el jefe de seguridad de CGN/Hudbay. Ese mismo día, la seguridad de la mina abrió fuego contra transeúntes inocentes y dejó a German Chub paralizado.
Años más tarde, en 2017, después de la venta de CGN a Solway, el pescador Q’eqchi Carlos Maaz fue asesinado durante la brutal represión de una protesta pacífica contra el impacto de la planta procesadora de níquel de CGN/Solway sobre el medio ambiente y el lago de Izabal y el sustento de los pescadores Q’eqchi. La violencia brutal contra los defensores de los derechos de los q’eqchi ha sido constante desde que se concedió la licencia para explotar minas del Proyecto Fénix. Hasta la fecha, no ha habido condenas por ninguno de estos graves delitos relacionados con la minería.
Al mismo tiempo, las amenazas y presiones de la empresa minera CGN/Solway han llevado a la criminalización de los miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales y han reconocido a los defensores de los derechos humanos Q’eqchi. Eduardo Bin Poou, Cristóbal Pop, Tomás Che Cucul y Vicente Raxand y otros se han visto obligados a enfrentarse a procedimientos legales después de que CGN/Solway los acusara. También se han documentado claramente la violencia y la criminalización de periodistas y la censura de la prensa, incluyendo el actual proceso penal contra Carlos Ernesto Choc por parte de la CGN/Solway y el arresto y detención en 2017 de Jerson Antonio Xitumul, encarcelado bajo cargos falsos, según informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala y la Oficina de Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en mayo pasado.
