El abogado Rafael Maldonado denuncia coacción por parte de colaboradores de la Compañía de Níquel

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Créditos: maldonado

Demandantes contra el Ministerio de Energía y Minas -MEM-

Foto: Nelton Rivera

Por redacción Prensa Comunitaria

24 julio 2019

23 de julio de 2019.- El abogado Rafael Maldonado denunció que es objeto de coacción por parte de personas vinculadas a la Compañía Guatemalteca de Níquel — CGN, quienes le llamaron sin identificarse por la mañana para pedirle si podían llegar a su oficina, por lo que el se negó. Al insistirle les dio su correo para que le enviaran información del asunto a tratar con él. Esto ocurre seis días después de que la Corte de Constitucionalidad resolvió que debe suspenderse la licencia de explotación del proyecto Fénix otorgada a esta empresa, hasta que no se realice una consulta a la población. Maldonado es abogado de quienes pusieron un amparo que fue lo que dio pie a esta resolución de la CC.

Después de esto llegó a su correo y whatsapp, una “nota de invitación” de una mujer identificada como esposa de un trabajador de la CGN “en representación de las esposas de más de 3000 trabajadores y mujeres“ de dicha empresa. Aunque en la nota, no menciona trabajadores sino colaboradores y representantes de comunidades.

En el documento de marras, dicen ser afectadas el amparo que resolvió la CC, ya que consideran que él está manipulando, mintiendo y confundiendo a través de 60 personas que no son de El Estor, refiriéndose a las autoridades, vecinos y pescadores que firman el amparo.

Además le “invitan” a una reunión en el monumento a la madre en la ciudad capital, en rechazo a las acciones legales del abogado y que en este lugar el de explicaciones sobre el interés de dichas acciones. Al mismo tiempo lo hacen responsable por los daños que puedan sufrir por la suspensión de la licencia. También le piden que llegue a la “Colonia“ de trabajadores que se ubica en El Estor para mostrarle las bellezas del su pueblo. El abogado Maldonado, interpreta esto como una estrategia y un intento por separarlo del acompañamiento legal hacia las comunidades y autoridades amparistas.

Esta no es la primera vez que la CGN actúa desde los argumentos de vulneración de los derechos de las mujeres, para inculpar a los defensores de derechos humanos, desde mayo del 2017 ha intentado criminalizar a los pescadores acusándoles de violencia contra las mujeres.

La CGN en su comunicado y a través de su vocero, ha estado insistiendo en que podría haber violencia y un estallido social de suspenderse la licencia de explotación, bajo el argumento de que la gente se quedará sin trabajo.

El equipo del proyecto periodístico #GreenBlood presenció una manifestación tapando el paso vehicular en la aldea El Boquerón contra la CGN exigiendo trabajo. En ella había una persona que se observa en la fotografía de la izquierda, que era parte del grupo que participaba de esta acción.

La misma persona se observa en la fotografía de la derecha con una pancarta que dice “El Estor necesita CGN” participando en una manifestación a favor de esta empresa en las afueras del Congreso el 23 de julio.

El origen del descontento

Rafael Maldonado es uno de los abogados de las autoridades indígenas junto a Aníbal Maquín que asisten legalmente a vecinos y miembros de la Gremial de Pescadores, quienes plantearon un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) demandando al Ministerio de Energía y Minas (MEM) por violentar los principios constitucionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por esta razón la La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de manera provisional la licencia de explotación del proyecto minero Fénix, ubicada en el municipio de El Estor en Izabal. Ésta fue otorgada por el Ministerio de Energía y Minas en el 2006 a la Compañía Guatemalteca de Níquel — CGN y la Compañía Procesadora de Níquel Pronico, subsidiarias de la empresa suiza Solway Investment Group, dirigida por rusos y ucranianos en Guatemala.

La Corte Suprema de Justicia — CSJ había dado un amparo definitivo, reconociendo la violación cometida por el MEM al otorgar la licencia sin haber realizado la consulta libre, previa e informada a las comunidades q’eqchis, afectadas por el proyecto minero de los municipios de Cahabón, Panzós, El Estor y Senahú. A la vez ordenó que se realice la consulta, pero también resolvió que la empresa podía continuar operaciones. Pese a esto, no otorgó amparo provisional y es por esto que las comunidades deciden apelar ante la CC.

En una investigación realizada por un equipo de periodistas en el proyecto #GreenBlood se pudo constatar la situación del municipio del Estor, el tramo carretero que va hasta Puerto Barrios está deteriorado, al menos cada 5 minutos transitan góndolas cargadas de material en bruto que va dejando polvo a su paso. Las comunidades cercanas han visto afectadas sus siembras, sus riachuelos y sus viviendas, pudimos ver las láminas oxidadas y cubiertas por este material.

Autoría y edición

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