Por Aj Ral Ch’och’
11 de julio del 2019
El pasado 3 de julio 2019 se tenía programada en el municipio de El Estor, Izabal, la audiencia de Eduardo Bin Poou, vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA), quien se encuentra acusado por la compañía de níquel CGN Pronico de Solway.
La audiencia fue suspendida porque la abogada de la compañía CGN no se presentó a la audiencia con el argumento de adolecer quebrantos de salud. Por ello, el juez Pablo Eduardo Caal, del Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios, reprogramó la audiencia para el 20 de diciembre de 2019, en la que Bin espera la etapa del inicio del juicio y de esta forma probar su inocencia.
Los abogados defensores de Bin manifestaron que estas acciones, de retrasar el proceso, suspender las audiencias y esperar mas de cinco meses para que esta se realice, viola los derechos humanos de su patrocinado.
En este mismo caso, acusados por la compañía de níquel, se encuentran ligados a proceso por los delitos de amenazas y detenciones ilegales y puestos bajo medidas sustitutivas los pescadores Tomas Che, Vicente Rax, Cristóbal Pop y el periodista maya Q’eqchi’ Carlos Ernesto Choc.
A los pescadores se les suspendió siete veces las audiencias de primera declaración, y dos veces en la etapa de intermedia. Ahora se espera, que, sin ningún retraso, se realice la audiencia el próximo 31 de julio 2019. En este proceso que se lleva en contra de los pescadores de la GPA se les ha suspendido nueve veces las audiencias.
El Ministerio Público de Morales, Izabal, no investiga e imputa delitos
A partir de los hechos ocurridos el 2 y 3 de mayo de 2017, en el municipio de El Estor, Izabal, el Ministerio Público (MP) acusó como responsables a tres pescadores y al periodista Carlos Choc. La fiscalía les imputó los delitos de detención ilegal, amenazas, daños, instigación a delinquir, asociación ilícita y reuniones y manifestaciones ilícitas, sin aportar las pruebas necesarias de los hechos.
Las acciones del MP han favorecido a la compañía de níquel CGN Pronico, que a través de su representante legal el abogado Roberto Iván Camey y testimonios falsos de un grupo de trabajadores de la misma compañía, imputó una serie de delitos, sin realizar una investigación sustentada en otros hechos. Para que finalmente, el Juez Edgar Aníbal Arteaga López girara las ordenes de captura en agosto de 2017.
El pueblo maya Q’eqchi’ contra una compañía de níquel
En El Estor, Izabal la población Q’eqchi’ han sido afectado por la extracción del níquel. Algunos de los efectos más visibles son los daños ambiéntales, los desalojos a comunitarios, asesinatos, órdenes de captura a líderes y periodistas. En ese contexto, la población lucha por defender el territorio y los recursos ambientales.
