Fotografías y texto: Rony Morales
24 de julio 2019
El pasado martes 23 de julio, Miriam Roquel Chávez, procuradora adjunta I de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), visitó las comunidades Tierra Negra 1, Esperancito del Río, Tezulutlán, Arenal 2 y Santa María Se’tzuul en la Franja Transversal de Norte (FTN) para verificar las condiciones de los comunitarios afectados por la siembra de la palma de aceite.
La visita de Roquel se dio como respuesta a las denuncias planteadas por los comunitarios, sobre la contaminación del agua de algunos ríos, poca producción, alimentación y criminalización en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
En la reunión que sostuvo la procuradora adjunta los representantes de las comunidades señalaron que mucho de los terrenos del área esta siendo utilizada para la siembra de palma de aceite. Para los vecinos el cultivo es ajeno a su cultura y solo ha ocasionado muerte y destrucción en los ríos y montañas.
También expusieron la falta de consulta sobre el uso que se le esta dando al territorio en el que viven. Los cambios en el clima son acelerados, el uso del suelo es inadecuado. Los empresarios de la palma han talado los bosques, los anteriores cultivos estan siendo sustituidos, y el territorio es casi exclusivamente para la siembra de palma de aceite. Los comunitarios denunciaron las graves consecuencias sociales y ambientales en la población y cultura q´eqchi’, y agregaron que el Estado es indiferente ante esta problemática.
“Con mucho dolor, hombres y mujeres dieron a conocer la situación en la que están viviendo entre ellas proliferación de moscas, muerte de peces, contaminación de aguas y ríos, contaminación de aire, sequia de fuentes de agua, enfermedades de la piel”, relató Claudio, vecino de la comunidad.
Los representantes han presentado diversas denuncias ante el Ministerio Publico (MP), la Policia Nacional Civil (PNC), y auxiliaturas departamentales de la PDH y exigen el seguimiento a estas y a los casos donde las empresas palmeras están acusadas de violar derechos de la población de las áreas afectadas.
Los representantes denunciaron ante la procuradora adjunta I Roquel y el equipo de derechos humanos la muerte masiva de peces en el río San Román, debido a los residuos de la procesadora de palma. También informaron de la deforestación de tres caballerías de bosque que preparan para sembrar las plantas de palma de aceite, y la contaminación de arrollos.
Los afectados indicaron que la muerte de la tierra es por la rápida expanción de los campos de palma que vierte sus desechos en los ríos. Como el caso de la empresa Industria Chiquibul, S.A. de Unisource Holding, del empresario de origen árabe Suhel Abel Turman Miguel, que opera cerca del caserío Esperancita, situado en el límite de los ríos Sayaxché y Chisec, en Alta Verapaz.
Los comunitarios están preocupados por las condiciones de empobrecimiento y los daños ocasionados dentro de la comunidad. Las grandes empresas de palma africana, son las responsables de los desvíos de ríos, de la instalación de quíneles y de las grandes inundaciones que se han dado en esta parte del territorio.
