CIJ demanda transparencia en la próxima elección de magistrados

Por CIJ

13 de julio del 2019G

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) demanda que la próxima elección de magistrados en Guatemala, se lleve a cabo con los principios más rigurosos éticos y jurídicos de transparencia, para que las y los magistrados no sean nombrados por motivos indebidos.

Entre los días 8 y 12 de julio del presente año, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) llevó a cabo una misión de alto nivel en Guatemala, con el fin de observar el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones. Durante la visita, la delegación de la CIJ sostuvo reuniones con los representantes de los tres sectores que participan en las comisiones de postulación (gremial o profesional; judicial y académico), así como con organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo acciones para fortalecer la administración de justicia y con defensores y defensoras de derechos humanos.

Intercambió impresiones con sus interlocutores y en cada una de la reuniones, difundió los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas. La visita se enmarcó dentro de los esfuerzos que la CIJ lleva a cabo en distintos países, para acompañar los procesos destinados a escoger jueces y magistrados, con el fin de garantizar su capacidad, honestidad e independencia. La CIJ hace propicia esta oportunidad para extender su agradecimiento a todos sus interlocutores por su disposición al diálogo.

La delegación estuvo integrada por Alejandro Salinas, abogado de nacionalidad chilena y Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas; Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica y Gabriela Fernández, asesora legal de la CIJ con sede en Guatemala. El señor Alejandro Aragón asistió a la misión. La misión centró su atención en el análisis de los tres sectores que participan en las comisiones de postulación: el judicial, el gremial y el académico.

La Misión de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) desea dejar un expreso reconocimiento a la función que cumplen las y los jueces en la defensa del Estado de Derecho, ya que durante todo este tiempo estos jueces y juezas han sido sometidos a presiones de diverso tipo, desde la utilización del régimen disciplinario en su contra, hasta la presentación de acusaciones penales espurias para afectar su función. El Presidente de la República Jimmy Morales incluso, con total falta de respeto hacia estos funcionarios públicos y a la Independencia de Poderes, principio básico que debe regir en una Democracia, los calificó como “terroristas judiciales”. Esta calificación es un ejemplo de intromisión indebida del Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial.

Todas las personas entrevistadas, concluyeron que las y los jueces, ficales y abogados son el pilar fundamental para la defensa de los derechos humanos de toda la población; de esta manera, son la columna vertebral de la lucha contra la impunidad y la corrupción; de la defensa de los derechos humanos de la población frente al abuso de poder y son los que garantizan que un juicio, sea justo. En tal sentido y en relación con las y los jueces, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) desea expresar un reconocimiento especial a jueces que como Ericka Aifán, Yassmín Barrios, Carlos Giovani Ruano, Miguel Angel Gálvez, Haroldo Vásquez, Dinora Martínez, Pablo Xitumul, Noemí Téllez y muchos más, deciden casos particulares y ejercen su función con independencia e imparcialidad, a pesar de las múltiples amenazas e intimidaciones de que han sido objeto.

De la misma manera, así como la importancia de la función del juez independiente e imparcial ha quedado evidenciada en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala, así también ha quedado demostrado que el comportamiento indebido de una o un juez, causa un grave daño a la sociedad y a la justicia en general. En efecto, hoy día está claro para la sociedad en general, que el principio de la independencia judicial no fue formulado para beneficio personal de los propios jueces, sino que fue creado para proteger a las personas, en contra de los abusos de poder.

Cuando un juez o jueza actúa arbitrariamente decidiendo casos de acuerdo a sus propias preferencias personales, sin imparcialidad, incurren en responsabilidad individual y afectan directamente a las personas, violando sus derechos humanos. La independencia judicial no puede convertirse en un escudo detrás del cual los jueces pueden ocultar posibles conductas poco éticas. En consecuencia, el Derecho Internacional exige que existan normas que rijan la destitución de un juez por motivos de conducta. Con su proceder, estos jueces, provocan el grave riesgo de que una cultura de impunidad se arraigue en la sociedad y se cometan más violaciones a los derechos humanos, distanciando aún más a la población en general, de las autoridades judiciales.

Debido a los altos índices de impunidad existente, la sociedad guatemalteca ha perdido la confianza en la capacidad de la judicatura, para cumplir con sus funciones de manera independiente e imparcial.

La CIJ considera que los llamados “Jueces de la Impunidad” deberían de ser destituidos, para devolver la credibilidad de la población en el Sistema de Justicia de Guatemala; de lo contrario, el Estado de Derecho será lenta y continuamente vulnerado y con él, la protección efectiva de los derechos humanos.

La CIJ se permite recordar que según el Derecho Internacional, todo Estado tiene el deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos y dicha obligación, exige que se adopten medidas eficaces para luchar contra la impunidad. El Derecho a la vida y a la integridad son derechos humanos fundamentales y si no se respetan, es imposible el respeto de otros derechos individuales y colectivos que le asisten a los seres humanos. Por ello, se debe buscar sobre todo un mecanismo internacional que permita (a) la sostenibilidad de los casos que la CICIG ha llevado a los tribunales, así como (b) un mecanismo de protección para las y los funcionarios (nacionales o internacionales) de dicha entidad, que permanezcan en el país. Faltan menos de 50 días para que finalice el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y durante este período, se debe hacer un esfuerzomáximo, para determinar cual será el futuro de dicho mecanismo internacional contra la impunidad.

En tal sentido, la Misión insta nuevamente a las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a que resuelvan cuanto antes, los casos relativos al mandato de la CICIG que se encuentran pendientes y relativos a su continuidad en el país, siguiendo la tendencia jurisprudencial que dicha corte ha aprobado anteriormente, en torno a la lucha contra la impunidad y fundada en los estándares internacionales sobre derechos humanos; si bien la misión comprende que el contexto es demasiado complejo por los diferentes procesos electorales en marcha (incluido en de altas cortes que provoca esta misión), considera que una “sentencia estructural” de la Corte de Constitucionalidad en este aspecto, podría permitir la continuidad sin contratiempos, de la lucha contra la impunidad en Guatemala.

Tras las diferentes reuniones sostenidas del 8 al 12 de julio, la CIJ desea formular las siguientes conclusiones y recomendaciones, con el objetivo de contribuir a una mejor selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones:

1. Proceso de elección complejo: la forma en que las y los jueces y magistradosson electos o designados, varía de país a país. Sin embargo, sea cual sea el sistema que se utilice, los estados deben tener salvaguardas para garantizar que diferentes personas que no reúnen los requisitos de honestidad e idoneidad, no sean nombrados por motivos indebidos. La Comisión Internacional de Juristas considera que en el caso de Guatemala, todos los actores involucrados en el proceso de elección de altas cortes, deben poner especial atención en el establecimiento de dichas salvaguardas, utilizando no sólamente normas jurídicas, que garantizan que diferentes profesionales no sean nombrados por motivos indebidos como el Principio 10 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura o el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sino que también principios éticos, como el de transparencia, contenido en la Ley de Comisiones de Postulacion. La CIJ considera que la ética es muy importante en este proceso y en tal sentido concluye que un acto que no esté regulado en las leyes, pero esté reñido con la ética, debe evitarse. Las y los comisionados deben ser un ejemplo de comportamiento ético, ya que ese es un elemento que van a evaluar de los candidatos y candidatas a magistrados, tal y como lo establece la Ley de Comisiones de Postulación. De esa forma lograrán que las personas que elijan, sean personas honestas, con experiencia, capacidad, independientes e imparciales. La elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de magistrados de Salas de Apelaciones , cuyo proceso está iniciando, es el tercero que se realiza desde las elecciones de 2009, es decir, el tercero que se lleva a cabo en el lapso de 10 años y el tercero que se realiza bajo el imperio de la Ley de Comisiones de Postulación. Para llevar a cabo este proceso en el año 2019, es necesario recordar lo sucedido en las elecciones del año 2009 y en las del 2014. En ambas elecciones, el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue determinante, para luchar contra la impunidad en ambos procesos, habiendo logrado convertirlos en un mecanismo que permitiera también impulsar un proceso de depuración de las altas cortes. La CIJ desea dejar constancia que en el lapso que queda, hasta lasalida de la CICIG a inicios de septiembre, la sociedad y el Estado guatemalteco, deben hacer todos los esfuerzos posibles, para definir cuál será el mecanismo de seguimiento que permita darle continuidad a su trabajo efectivo en la lucha contra la impunidad.
2. Casos que ha llevado a cabo el Ministerio Público (MP), conjuntamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): Durantetodo su mandato, la CICIG ha apoyado al Ministerio Público en la investigación de diferentes casos relacionados con cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. La figura del “querellante adhesivo” del Código Procesal Penal, ha sido de mucha utilidad para poder hacer investigaciones eficaces en estos casos. De esta forma, se ha logrado conocer más en detalle cómo opera el crimen organizado, muchas veces en connivencia con las autoridades estatales y específicamente, en el proceso de selección de magistrados, los casos “Comisiones Paralelas” y “Bufete de la Impunidad”, son dos que resultan de mucha trascendencia. Estos casos han demostrado cómo opera en las comisiones de postulación y posteriormente en el Congreso de la República, el tráfico de influencias y de esa forma, cómo se han viciado dichos procesos. Preocupa considerablemente a la CIJ, que se debe establecer un mecanismo de seguimiento para apoyar la sostenibilidad de dichos casos, sin la presencia de la CICIG en el país. De ahí que resulta oportuno recomendar que se haga el mayor esfuerzo para informar a la población, cuál será mecanismo internacional contra la impunidad que sustituya a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala o bien prorrogar su mandato, para poder darle esta sostenibilidad a los casos.
3. Los dos “filtros” principales del proceso de elecciones de magistrados: Losdos “filtros” más importantes, están constituídos por el trabajo que lleva a cabo la Comisión de Postulación, considerado como el primer “filtro” y el del Congreso de la República, considerado el segundo. La CIJ ve necesario que en base a principios éticos y jurídicos, las y los comisionados de la Comisión de Postulación, aprueben al inicio de sus funciones, una Declaración o Reglamento que desarrolle diferentes principios y salvaguardas, para: a) no permitir nombramientos indebidos, ni injerencias externas; b) cumplir a cabalidad su función constitucional; b) no permitir que participen como candidatos o candidatas a magistrados, aquellos/as que sean también comisionados/as; c) garantizar que el perfil del juez o magistrado que queremos, esté de acuerdo con las necesidades del país; d) evitar que la tabla de gradación se convierta en un “traje a la medida” de diferentes personas, para facilitar así su inclusión en la lista final que se enviará al Congreso de la República y abrir así la puerta a que se den nombramientos indebidos; y e) poder excluir “prima facie”, a aquellos candidatos o candidatas que estén ocupando puestos públicos relevantes, ya que pueden utilizar dichos puestos para influir en el proceso, lo cual no es ético.
4. Aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y la función del Consejo de la Carrera Judicial: El Consejo de la Carrera Judicial quedó debidamente conformadoa finales del año 2017. En diferentes oportunidades, la CIJ ha solicitado que dicho Consejo demuestre plena independencia e imparcialidad en todos sus actos, para devolver y aumentar en la ciudadanía, la confianza en el sistema judicial. En tal sentido, en la reunion sostenida el 18 de junio de 2018, la misión de la Comisión Internacional de Juristas, pidió al Consejo de la Carrera Judicial, que defendiera a las y los jueces independientes e imparciales, que estaban sufriendo presiones infundadas del régimen disciplinario. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna respuesta y, por el contrario, las y los jueces independientes e imparciales, siguen siendo presionados por el régimen disciplinario, como lo demuestra el último caso en contra del Juez Pablo Xitumul. En lo que respecta a la próxima elección de magistrados, la aplicación de los artículos 76 y 77 de la Ley de la Carrera Judicial, serán de vital importancia para garantizar la “preferencia” de jueces y juezas de carrera, en las salas de apelaciones y la “equidad” en la Corte Suprema de Justicia entre juezas y jueces de carrera, con quienes hayan ejercido la judicatura, quienes hayan ejercido la magistratura y con abogados que se postulen y que reúnan los requisitos constitucionales y legales para el cargo. La ley constituye un nuevo y novedoso marco, para la tarea que ambas comisiones de postulación deberán realizar, al definir las listas que presentarán al Congreso de la República. Para tal efecto, el Consejo de la Carrera Judicial debería emitir su Reglamento y así cumplir con la decisión de la Corte de Constitucionalidad (Expediente 3281-2018 of. 1 de la Corte de Constitucionalidad).
5. Reformas constitucionales en materia de justicia: La última reformaconstitucional propuesta sufrió múltiples obstáculos, provenientes de sectores descontentos con dichas reformas. Es importante resaltar que en opinión de la CIJ, las reformas propuestas, venían a fortalecer la lucha contra la impunidad en el país. Durante la misión, todas las personas entrevistadas hicieron énfasis en que se debe insistir en la necesidad de reformar la Constitución Política de la República de Guatemala cuanto antes, para lograr que la carrera judicial alcance a magistrados de salas y de Corte Suprema de Justicia; para eliminar las facultades administrativas, que actualmente tiene la Corte Suprema de Justicia; para dotar a jueces y juezas de una verdadera carrera judicial, de un sistema de protección personal eficaz; para reconocer el Derecho Indígena y la impartición de justicia que realizan las autoridades ancestrales, así como otras reformas para la modernización de la justicia. Todo ello vendrá a permitir y facilitar que las y los jueces, puedan cumplir su delicada función con total independencia e imparcialidad. No está de más, insistir, que sólo una judicatura independiente, puede impartir justicia imparcialmente, basándose en la ley y de ese modo, proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona. Sin embargo, estas reformas tan necesarias y que han sido propuestas por diferentes entidades nacionales e internacionales, siguen siendo una asignatura pendiente. En este sentido, la CIJ lamenta que la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, creada por medio del Acuerdo Gubernativo Número 953-99 a raíz de los Acuerdos de Paz, haya sido disuelta mediante Acuerdo Gubernativo 97-2019 del Presidente de la República en Consejo de Ministros. Este constituye un nuevo acto arbitrario del Poder Ejecutivo, que está tratando de “desmantelar” la institucionalidad de la paz y el fortalecimiento de la justicia, que los Acuerdos de Paz requieren. La CIJ considera que las reformas a la justicia son una condición necesaria y obligatoria para la construcción del Estado de Derecho y es un tema que debe ser discutido con los candidatos presidenciales, antes de que se lleve a cabo el próximo proceso electoral en agosto del presente año.
6. Papel del Colegio de Abogados: Las y los jueces, fiscales y abogados juegan un papel fundamental en la construcción de un Estado de Derecho. A pesar de la necesidad de que jueces, fiscales y abogados ejerzan sus responsabilidades profesionales con verdadera independencia, la Comisión Internacional de Juristas ha podido constatar que con frecuencia estos profesionales están sujetos a presiones de diversos tipos, dirigidas a comprometer su función. En diferentes oportunidades, la CIJ ha expresado su pesar porque jueces, abogados y fiscales siguen siendo acosados y en el peor de los casos amenazados, por la función que realizan. La autoridades del Estado de Guatemala, deberían tomar acciones concretas para evitar este acoso, lo que no ha sucedido hasta ahora. En tal sentido, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura y las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Funcion de los Fiscales, son tres instrumentos de Derecho Internacional, que desarrollan estándares internacionales para garantizar que estos profesionales puedan ejercer su función con independencia. La CIJ considera que el Colegio de Abogados debe asumir un papel más activo para defender a estos profesionales, cuando algún sector, por intereses personales o indebidos, pretenda afectar su función. Un ejemplo concreto positivo, se puede mencionar con las acciones tomadas por el actual Presidente del Colegio de Abogados, al considerar que el gremio de abogados, también ha sido agraviado por los ataques que sufre el juez Pablo Xitumul. Otro caso de ataques en contra de abogados que actúan como fiscales, es el del abogado Francisco Sandoval, Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que viene sufriendo campañas de desprestigio y acoso por la tarea tanpositiva que ha llevado a cabo en la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, ni la Fiscal General, ni el Estado, asumen una posición de defensa de este profesional. Por ello, debería ser el Colegio de Abogados el encargado de hacerlo. Por otro lado, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) conversó con elPresidente del Colegio de Abogados, sobre la necesidad que dicho Colegio Profesional oriente el proceso de Comisiones de Postulación y elección de magistrados, ejerciendo la tutela de principios éticos y jurídicos en torno a dicha elección y orientando el contenido de conceptos fundamentales, tales como el perfil del Juez que necesita Guatemala, el contenido, método y categorías de la tabla de gradación que implementarán las comisiones de postulación y otros conceptos éticos y jurídicos, importantes para que el proceso no termine con nombramientos indebidos.
7. Papel de la Academia: el sector académico es uno de los tres sectores (el otro el gremial y el otro el judicial) que integran las comisiones de postulación. En repetidas ocasiones, la CIJ ha hecho ver que su papel como órgano elector, no solo debe limitarse a elegir en las comisiones de postulación, a las personas que podrían ser nombradas posteriormente por el Congreso de la República como magistrados. Su papel va más allá: (a) la formación de futuros abogados y abogadas es permanente y debería ser objeto de evaluación, para determinar si está cumpliendo con la alta función que tienen para que los futuros jueces, fiscales y abogados cumplan sus tareas, relacionadas con el fortalecimiento del Estado de Derecho con total independencia y capacidad. (b) La academia también es fundamental para impulsar un debate social y análisis sobre el Futuro de la Justicia en Guatemala. (c) Como representantes del sector académico, los decanosy decanas de las diferentes universidades, deberían también tutelar el proceso, para que se lleve a cabo con total transparencia y de acuerdo a los principios rectores establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación. En igual sentido, la Escuela de Estudios Judiciales del Poder Judicial, la Unidad de Capacitación del Ministerio Público y la Unidad de Capacitación del Instituto de la Defensa Pública Penal, deberían ser fortalecidas y contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea tan importante de capacitación de los funcionarios y funcionarias que integran el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal
8. El papel del Congreso de la República, como “segundo filtro” en las presentes elecciones: Desde el mes de agosto del año 2017, el Poder Ejecutivo almás alto nivel, inició una serie de acciones para evitar la presencia y trabajo de la CICIG en el país. Posteriormente, en septiembre de 2017, el Congreso de la República, intentó reformar el Código Penal, para favorecer a varias de las personas y ex funcionarios de alto nivel, por casos de corrupción. A partir de ese momento, la sociedad guatemalteca identificó ambas acciones, como acciones concertadas entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, que venían a demostrar la existencia de un “pacto” o “acuerdo” entre ambos poderes del Estado, a favor de la corrupción. Posteriormente, fue denominado como el “Pacto de Corruptos” y también se incluyó como parte de dicha alianza, al Poder Judicial, que con sus resoluciones, vienen a finalizar un litigio jurídico y, de esta forma, vienen a consolidar aquellos actos de corrupción que tanto daño han causado a la población. Estos antecedentes explican porqué muchas de las personas entrevistadas consideran que no deberían de ser las y los diputados actuales, quienes deberían llevar a cabo la tarea de elegir a las personas que integrarán las salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Al respecto y tomando en cuenta todos los antecedentes, la CIJ considera que, sabiendo que existen plazos constitucionales ya establecidos, sería positivo para el Sistema de Justicia de Guatemala, que el futuro Congreso de la República eligiera a las personas que integrarán las altas cortes, ya que muchos de los actuales diputados y diputadas, tienen conflicto de intereses, al enfrentar diferentes procesos de antejuicio por denuncias penales en su contra y eso podría llevarlos a elegir a personas por motivos indebidos y violar así, uno de los estándares internacionales más relevantes contenido en los Principios Básicos de Naciones Unidas, sobre la Independencia de la Judicatura.
9. La Sociedad Civil y los Medios de Comunicación Social: la CIJ pudo constatarque la posición de la Sociedad Civil es de llevar a cabo la auditoría social del proceso en forma activa y mediante estrategias previamente establecidas. La participación de todos los grupos en un debate social sobre el “Futuro de la Justicia en Guatemala”, debería ser una prioridad. En lo que respecta a los medios de comunicación, la CIJ ha resaltado el importante papel que juegan los medios de Prensa Comunitaria, así como el Diario la Hora, que han venido a disponer, como un eje transversal, la lucha contra la impunidad. Esta estrategia, podría ser replicada por otros medios de comunicación escrita.
10. Debate social sobre el “Futuro de la Justicia en Guatemala”: todas laspersonas entrevistadas, hicieron énfasis en que se debía de discutir más a fondo, acerca del “Futuro de la Justicia en Guatemala”. Incluso algunos funcionarios al más alto nivel, afirmaron que podría analizarse, por un lado, aquellos aspectos que sin reforma constitucional, deberían ser fortalecidos. En este debate, se podría analizar también, cuáles son las reformas inmediatas a la Constitución Política de la República de Guatemala, que deben ser implementadas. De esta forma, se estaría preparando a la Sociedad de Guatemala, para que pueda participar en forma activa y propositiva, en una eventual reforma constitucional.