Por séptima ocasión suspenden audiencia del periodista q’eqchi’ Carlos Choc y tres pescadores

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Créditos: Periodista Carlos Ernesto Choc y el abogado Santiago Choc. Foto Rony Morales.
Tiempo de lectura: 2 minutos

Por Rony Morales

El pasado jueves 29 de mayo estaba reprogramada, en el juzgado de Primera Instancia Penal, ubicado Puerto Barrios, Izabal, la audiencia del periodista q’eqchí’ Carlos Ernesto Choc y los pescadores Cristóbal Pop, Vicente Rax, y Tomás Che. Todos originarios de El Estor, Izabal, acusados por la compañía de níquel CGN/Pronico de Solway Investment Group por denunciar la contaminación del lago de Izabal en 2017.

Las suspensión de la audiencia se dio porque Cristina Soto Enríquez, abogada que representa la minera CGN, presentó un memorial en el que se excusó de tener otra audiencia a la misma hora, complicándose su participación en esta. Por ello, el juez Edgar Arteaga López decidió correr por octava vez la audiencia para el 31 de julio a las 10:00 horas, y así continuar con el proceso judicial.

A pesar de que los acusados se han presentado de forma voluntaria al juzgado, el juez Arteaga López ha suspendido la continuidad del proceso siete veces desde 2017, violentando la prontitud de la justicia, el debido proceso y el derecho de poder resolver su situación legal.

Durante este tiempo, tanto el periodista Carlos Choc como los tres pescadores han denunciado estar bajo amenazas e intimidación, incluso han sufrido un intento de secuestro como el ocurrido en contra de Cristóbal Pop. Carlos Choc pasó un año y cuatro meses sin poder ejercer su labor como periodista y tuvo que desplazarse de manera forzada de El Estor.

Santiago Choc, abogado de los pescadores artesanales declaró que la suspensión de las audiencia por parte del juez, constituye un retroceso en el sistema de justicia. Además, considera que es una manera de continuar criminalizándolos, callando e intentando terminar con la resistencia del pueblo q´eqchi´, a partir de la denuncia que hicieron en contra de la minera CGN por la contaminación del lago de Izabal.

Las acciones a partir de la cancelación de las audiencias del periodista comunitario y los pescadores violan el derecho constitucional de la libertad de prensa y la libertad de expresión, reviviendo episodios de censura que se asemejan a los años más duros de la represión de los gobiernos militares en el siglo pasado.

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