Murphy pone en riesgo la investigación, pilar de la educación pública superior

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Créditos: David Toro
Tiempo de lectura: 4 minutos

05 de junio del 2019

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (USAC) aprobó un acuerdo para reformar el Consejo Coordinador e Impulsor de Investigación (Consiusac) que pone en riesgo el Sistema de Investigación Universitario (Sinusac) y de la Dirección general de Investigación (DIGI). En la Universidad temen que esta medida ponga a servicio de intereses políticos la labor investigativa de la USAC ya que la propuesta es que el nuevo consejo tome las decisiones sobre los procesos de investigación y el manejo de los fondos, además eliminaría la participación democrática de los centros de investigación.

El 29 de mayo en una reunión ordinaria, el CSU con 22 votos a favor y siete en contra aprobó la iniciativa que suprime el actual Consejo encargado de evaluar y aprobar proyectos de investigación y sustituirlo por un nuevo Consejo que podría ser aprobada la próxima semana para que cobre vigencia en el 2020.

Foto: David Toro

La propuesta de “reestructuración” fue hecha por escrito por Manuel de Jesús Martínez Oliva, director general de investigación a solicitud del rector Murphy Paiz y consensuada en el foro de Decanos el 13 de mayo. Este foro es una figura informal en la que los decanos se reúnen para discutir la agenda del CSU u otros temas. Pero no es un órgano oficial de la Universidad. No tiene funciones, ni atribuciones, ni poder o autoridad formal.

La propuesta de estructura del nuevo consejo quedaría así:

  • Director General de Investigación
  • Representante del Rector
  • 3 decanos, electos por el CSU
  •  
  • Área social humanística
  • Área Salud
  • Área Tecnológica
  • 2 representantes del Consejo de directores de escuelas no facultativas y centros universitarios (Codecer).

La reestructura propuesta por Martínez dejará en pocas manos la toma de decisiones y estas pocas manos podrían no ser autónomas en el sentido de que, podrían ser personas afines al rector Paiz o el CSU. Bajo este esquema, la mayoría de las autoridades designadas al nuevo consejo, decanos de facultades y directores de escuelas no facultativas, jugarían un papel político y no académico. La única autoridad académica o con relación directa en el tema de investigación sería Martínez, que fue nombrado por Murphy Paiz.  Casualmente este acuerdo fue aprobado cuando los representantes del actual Conciusac estaban preparando una propuesta técnica para mejorar la política del modelo de la coordinación de investigación, según una fuente de la Universidad de San Carlos.

En la carta enviada por Martínez, director de la DIGI, se detalla la estructura del nuevo consejo y que al entrar en vigor quedaría sin vigencia los acuerdos que dieron vida al Sistema de Investigación de la USAC (Sinusac) y a la DIGI. En Entrevista telefónica Martínez declaró que su propuesta no busca eliminar estas instancias.

“Es una estructura clientelar y política”

En la comunidad cientifica de la USAC existe preocupación por esta iniciativa, porque actualmente el Consiusac otorga espacio a representantes de las 47 unidades académicas e institutos de investigación que existen en la Universidad. Aunque el modelo tiene deficiencias y requiere mejoras es considerado como un proceso técnico y académico diseñado para asegurar que los proyectos que se aprueben sean viables y que aporten a la solución de las problemáticas nacionales.

El nuevo modelo abre la posibilidad para que se tomen decisiones verticales sin consultar a todos los centros de investigación que han sido excluidos. En este sentido, Hada Alvarado profesora y ex decana de la facultad de farmacia dijo que esta reestructura se realizó sin cumplir con los pasos técnicos y científicos necesarios. “Lo que aprobó el CSU rompe el esquema lógico de investigación, el actual Consejo está conformado por personas expertas y académicas, preocupa que esta nueva estructura está diseñada para atender intereses clientelares del actual Rector Murphy Paíz, porque está conformada por sus representantes”.

Alvarado piensa que esta medida sobre el sistema de investigación responde a la política de privatización de la USAC que encabeza el rector, “nos preocupa que debido a este nuevo Consejo la investigación ahora atienda a los compromisos que las autoridades de la universidad han estado aplicando, porque los proyectos podrían ser asignados a amigos o personas afines a la política de Paiz”.

El director Martínez aseguró que la administración seguirá en manos de la DIGI hasta que este acuerdo sea aprobado y entre en vigencia. Sobre la intención de politizar el consejo dijo “los aspectos políticos se juegan en otra esfera, la Comisión está trabajando en un nuevo planteamiento de la direccionalidad de la investigación, solo estamos trabajando en un nuevo ente coordinador.”

Neydi Juracán, representante estudiantil de la facultad de Agronomía ante el CSU, asegura que se opuso a esta reestructura porque “existe temor a que se pierda calidad en la parte científica y técnica que caracteriza a la USAC. La preocupación que tenemos agregó, es que este Consejo politizado venga a aprobar proyectos y asignar los recursos que se utilizaran”.

La investigación es un principio de la USAC

La investigación en todas las esferas es parte fundamental del mandato constitucional de la USAC. Esta casa de estudios realiza un 80 por ciento de la investigación científica a nivel nacional. Según datos de la DIGI, actualmente cuenta con 47 centros y unidades de investigación, desde 1983 al 2016 se han ejecutado mil noventa proyectos.El Sistema Universitario de Investigación (SINUSAC), el Consejo Coordinador e Impulsor de Investigación (CONCIUSAC) y la Dirección General de Investigación (DIGI).El sistema universitario de investigación fue creado en julio de 1981, impulsada por el rector Mario Dary, con la finalidad de canalizar y coordinar los esfuerzos investigativos que se realizan en la universidad. En la actualidad la investigación en la USAC no recibe ni el 1% del presupuesto anual, cada año se cuenta con un aproximado de 7 a 8 millones de quetzales para los proyectos.

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