20 de junio del 2019
Desde hace muchos meses, cada miércoles y sábado cientos de personas se reúnen para protestar en cualquier rincón de Honduras. Mujeres y hombres piden la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, quien se encuentra en el poder desde el 2014. Esta semana las protestas se han intensificado. Desde entonces se han registrado incendios en negocios, quema de carros de la empresa eléctrica hondureña y algunos negocios saqueados en la ciudad de Comayagüela. Un grupo importante de policías de las Fuerzas especiales se declararon en rebeldía, denunciando violación a sus derechos por parte de las autoridades y ratificaron su compromiso por proteger a la ciudadanía en lugar de reprimirles.
El clima político en el vecino país está en un momento crítico. El estallido social responde al descontento de una buena parte de hondureños en contra del presidente Hernández y su gobierno. Los descarados actos de corrupción que han empobrecido a muchas personas, sitúan a este país como uno de los más pobres de Latinoamérica.
Juan Orlando Hernández responde a los intereses del gobierno de los Estados Unidos y constantemente intenta sacar ventaja de las divisiones sociales. Está permitiendo que este escenario se vuelva más dramático para llevar la fuerza y la represión a niveles más altos.
Juan Orlando Hernández en el poder
Juan Orlando Hernández, fue electo como presidente en el 2013, en medio de una crisis política que se venía gestando desde el golpe de estado en contra del ex presidente Mel Zelaya. Asumió el cargo en enero de 2014. En este periodo logró hacer algunos cambios en la Constitución. Particularmente, el artículo que prohibía la reelección presidencial. En las elecciones celebradas en 2017, y bajo un fraude electoral, se reeligió como presidente para el período 2018-2022.
Los resultados de estas elecciones fueron publicadas un mes después de haberse celebrado estos comicios. A partir de este momento la crisis en el país se fue profundizando. Hernández y su gobierno han intentado privatizar la salud, la educación y otros servicios públicos, y a quienes se han opuesto, respondió con represión, prisión política, persecución y criminalización. Han intentado disolver cualquier medio de comunicación popular que se pronuncie en contra de su administración.
De acuerdo a documentos desclasificados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el presidente Hernández está siendo investigado por la DEA desde el año 2013 por acusaciones de tráfico de cocaína a gran escala y lavado de activos. También es investigado su hermano Juan Antonio Hernández, quien por los delitos de narcotráfico, trasiego de armas y por dar información falsa a agentes federales se encuentra preso en una cárcel de Nueva York, desde noviembre de 2017.
Según publicaciones de medios locales hondureños, Juan Orlando Hernández y su entorno familiar se han apropiado de forma ilícita de al menos 4 millones 500 mil de lempiras del erario mediante la utilización de organizaciones no gubernamentales.
¡LO ÚLTIMO! Policía Nacional de Honduras en insurrección🇭🇳. pic.twitter.com/hHrMMCx9Eg
— NB (@notibomba) June 20, 2019
La policía se declara en rebeldía
En medio de esta profunda crisis por la que atraviesan los hondureños, agentes policiales de las Fuerzas Especiales se declararon en protesta de armas caídas como ellos le llaman, creando un enfrentamiento con sus propios compañeros de la Policía Nacional Preventiva.
En un comunicado emitido por los policías en rebeldía de la Secretaría de Seguridad de la Dirección General de la Policía Nacional de las Fuerzas Especiales ratificaron su compromiso con el pueblo de Honduras y declararon que mantendrían la garantía de NO REPRESIÓN y la garantía del respeto a los derechos humanos de las y los hondureños. Así mismo expresaron su malestar y descontento hacia el Gobierno de Juan Orlando Hernández por la violación de sus derechos como agentes, denunciaron acoso laboral y acoso sexual en contra de las agentes mujeres.
Hasta el momento la ciudadanía se teme que en algún momento estos servidores públicos logren un acuerdo con las autoridades.
Actos vandálicos para deslegitimar la lucha social
Aunque los sectores estudiantil, magisterial, y sociedad civil se mantuvieron constantes en las manifestaciones, por la acción de un grupo de agentes de las Fuerzas Especiales, la gente comenzó a salir a las calles.
En este contexto los medios de comunicación afines al gobierno de Hernández, documentaron actos de saqueo a comercios por parte de un grupo de personas infiltradas, y la quema de decenas de cabezales y otros actos contrarios a la lucha legítima de protesta. Un escenario que el gobierno de Juan Orlando Hernández aprovechó para desacreditar las manifestaciones en su contra, e intentó invisibilizar buena parte de la población se encuentra en las calles exigiendo su salida.
Del odio al amor
En medio de esta tensión social, la Gremial de Transportistas de Transporte Pesado paró por un día el suministro de combustible desabasteciendo a las principales ciudades. Al final lograron un acuerdo con el gobierno poniendo fin al desabastecimiento.
“Acabamos de concluir una larga pero productiva reunión con los representantes del sector de transporte de carga y se llegó a acuerdos en los puntos más importantes que habían solicitado”, dijo Hernández tras firmar el compromiso que dio por finalizado el paro en donde exigían un incremento de la tarifa que reciben.
Estos son los escenarios que se viven en Honduras. Un país con más de 9 millones de habitantes, muchos de ellos salen en caravanas masivas huyendo de la miseria, la delincuencia, la falta de empleo y oportunidades, como consecuencia de la ineficaz administración de Juan Orlando Hernández.
Durante las protestas, en menos de 48 horas se han registrado cuatro asesinatos, los cuales fueron confirmados por autoridades hospitalarias, donde fueron trasladados los ciudadanos que manifestaban.
Dos de las muertes se registraron en Tegucigalpa y posteriormente se registró la muerte de otros dos en Jutiapa, departamento de Atlántida.
