Por Stef Arreaga
27 de junio del 2019
Este 26 de junio concluyó el Tribunal de Conciencia: La violencia Sexual en el Pasado y Presente es un Crimen, realizado en el Centro Cultural Universitario (CCU) y organizado por varias asociaciones y organizaciones feministas, transgénero y de derechos humanos. En la actividad estuvieron presentes al menos unas 400 personas.
Tribunales de Conciencia
El Tribunal de Conciencia estuvo conformado por las abogadas, Rubí Hernández de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) y Silvia Tecún del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, fungiendo como fiscales; un panel de magistradas de conciencia conformado por Rosalina Tuyuc, Emma Molina Theissen, Lenina García, Damasia Yat, Luz Méndez y Lola Vásquez, todas ellas, mujeres que han marcado la historia de Guatemala y que dieron los alegatos finales y luego de deliberar darán a conocer la sentencia.
Este Tribunal de Conciencia estuvo nutrido no solo con los testimonios de las víctimas, sino se contó con pruebas documentales y peritajes relacionados con la violencia sexual.
TABLA DE PERITAJES
Los Tribunales de Conciencia se inspiraron en los principios éticos del International War Crimes Tribunal, al que se le llamó posteriormente Tribunal Rusell Sartre, dirigido por el Premio Nobel de literatura Jaean Paul Sartre, como presidente del Tribunal, quien dictara la sentencia “un genocidio” en mayo de 1967, sobre los crímenes de lesa humanidad y el genocidio contra los pueblos y la humanidad.
Posteriormente se comenzaron a llevar a cabo en América Latina, enfocados básicamente en delitos alrededor de las mujeres. En el año 2010 se llevó a cabo en Guatemala el primer Tribunal de Conciencia, sobre la violencia sexual en contra de las mujeres del conflicto armado interno, organizado por varias de las organizaciones de mujeres.
La visita inesperada que conmovió la sala
A mitad de la tarde del miércoles pasado una visita inesperada se hizo presente en el edificio del antiguo edificio del Paraninfo Universitario, un grupo de mujeres Achi’, que recién salía de la Torre de Tribunales, donde habían entregado una apelación por la reciente decisión de la jueza Claudette Domínguez, que dejó en libertad a seis ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) acusados por el delito de deberes contra la humanidad por la violencia sexual cometida contra 35 de ellas durante la época de la guerra interna entre 1981 y 1985. Las mujeres fueron recibidas por las abuelas de Sepur Zarco quienes en esa misma época fueron víctimas de violencia sexual y esclavitud doméstica por parte de miembros del ejército.
Demecia Yat, una de las abuelas de Sepur Zarco dijo:
“Hermanas, estamos con ustedes, hoy compartimos diferentes conocimientos con ustedes, debemos elevar nuestras voces juntas para que ustedes sean escuchadas por la justicia.”
Posteriormente las abuelas de Sepur Zarco entregaron a las mujeres Achi’ flores y un pequeño reconocimiento a su lucha y fuerza. La sala que estaba abarrotada entre llanto y aplausos gritaban ¡Justicia!
Posteriormente, se escuchó el peritaje de la estadounidense Victoria Sanford, analista, columnista y autora de varios libros sobre la Guerra en Guatemala. En su exposición listó una serie de elementos para entender la cadena de mando en el ejército y las responsabilidades del Estado frente a las agresiones sexuales de las mujeres guatemaltecas durante la guerra y cómo afecta en el tema de femicidio en el presente.
La voz de las magistradas
Antes de la lectura de la sentencia, las magistradas de conciencia tomaron la palabra para exponer algunos puntos:
Emma Molina Theissen: Los tribunales de justicia deben de castigar los crímenes de violencia sexual, ahora tipificados como delitos de lesa humanidad, por sus efectos prolongados y por el daño que provocan. Nosotras somos la primera fuente de justicia: escuchar, creer, no culpabilizar y apoyar a víctimas de violencia sexual es la otra justicia indispensable como fuente de reparación y sanación.
Lenina García. Como secretaria General de la AEU, denuncio públicamente la violencia que se vive en la Universidad de San Carlos, quien a sus más de 300 años no ha sido capaz de construir una universidad libre de violencia contra las mujeres, ni existan protocolos que sancionen, prevengan y erradiquen la violencia contra las estudiantes.
Lola Vásquez. Las mujeres trans hemos sido olvidadas por el Estado, hoy rompemos el silencio sobre la violencia sexual, alzamos nuestras voces, dejamos por un lado la culpa y la vergüenza y hablamos por primera vez de nuestras realidades a las que somos sometidas desde la niñez por el hecho de expresar una identidad de género. Creemos que el Estado tiene una deuda histórica con nosotras y es importante la aprobación de ley de identidad de género ya que el impacto económico nos lleva a ejercer el trabajo sexual como único medio de sobreviviencia, el lugar donde más aceptadas somos, es el lugar en donde más corremos peligro.
Luz Méndez. Hechos de sufrimiento e indignación han sido conocidos en este tribunal sobre la violencia sexual contra las mujeres, pero al mismo tiempo este ha sido un espacio en el cual hemos escuchado la esperanza, la fortaleza, el deseo de salir adelante de las mujeres víctimas de violencia sexual que han presentado sus testimonios. Expreso mi profundo reconocimiento y admiración de hablar públicamente sobre hechos tan dolorosos en sus vidas y generar esperanzas sobre mujeres que hoy no han podido romper el silencio sobre la violencia sexual ejercida sobre ellas. Doña Demecia Yat, abuela de Sepur Zarco ha sido una inspiración para mí.
Demecia Yat. Me siento motivada para seguir adelante, invito a todas las presentes a seguir a la lucha. A las mujeres valientes que contaron su testimonio es una realidad porque nosotras mismas lo vivimos y no queremos que nadie pase por esto. Al gobierno le decimos desde este espacio, que nosotras tenemos derecho de ser escuchadas.
La sentencia
Luego del pronunciamiento de cada magistrada de conciencia, la magistrada Rosalina Tuyuc dio lectura final a la sentencia:
“Luego de escuchar el testimonio de las valientes mujeres que han roto el silencio, los peritajes realizados y los insumos de las fiscales y secretaria, conscientes de nuestro compromiso en la calidad humana, moral y de conciencia que nos otorga esta acción de justicia, las magistradas de conciencia argumentamos que:
La violencia contra las mujeres y la impunidad son constantes de índole sociocultural e impiden el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Además, condenamos al Estado guatemalteco por ocultar la violencia y negar los derechos de las mujeres y niñas. Justificando los crímenes cometidos contra ellas y la sistemática violación a los derechos humanos.
En el año 2010 el Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, las magistradas incluyeron entre sus consideraciones que la violencia de género y en particular la violencia sexual y las violaciones contra las mujeres y las niñas se han empleado y emplean hoy en día como arma de guerra, alcanzando preocupaciones alarmantes e intolerantes para la conciencia humana apegada al ideal de los derechos de la humanidad.
En el 2018 las integrantes del tribunal de mujeres por la madre tierra, condenaron el racismo estructural como una de las expresiones de violencia contra las mujeres, al igual que otras formas de violencia que se han dado sistemáticamente contra los cuerpos de las mujeres sobre todo el acoso y abuso sexual. Delitos perpetrados también en el marco de la militarización y los megaproyectos impuestos en nuestros territorios.
Las magistradas de este Tribunal de Conciencia dejamos constancia de nuestra preocupación al constatar que a 23 años de la firma de los Acuerdos de Paz, 20 años del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) y de haberse realizado el primer Tribunal de Conciencia, las condiciones de la vida de las mujeres sigue siendo precaria en el país. Nos alarman los altos índices de violencia sexual contra mujeres espacialmente la que se ejerce en contra de las niñas, los embarazos forzados producto de violencia, el racismo estructural histórico e ideológico, la opresión basada en género, la falta de atención de las necesidades específicas de las mujeres trans, y la ausencia de justicia.
Remarcamos que la violencia sexual es histórica, continua y es utilizada como estrategia de sumisión, explotación, opresión en los ámbitos políticos, social, económica e ideológica que ha marcado e impactado en la vida de las mujeres sobrevivientes. Generando miedo, inseguridad, desconfianza, culpa, anulación de proyecto de vida, intentos de suicidio, desplazamiento forzado, provocando problemas emocionales, de salud física, intelectual, enfermedades de transmisión sexual, en muchos casos embarazos no deseados, estrés y ansiedad hasta llegar en algunos casos a la muerte.
La violencia y el acoso sexual han sido naturalizados por la sociedad y a su vez han sido utilizados como una herramienta de control y cosificación de los cuerpos de las mujeres a lo largo de la historia. Estos actos deben ser castigados y juzgados rotundamente. La violencia sexual afecta a las mujeres de todas las edades, estratos sociales, económicos y culturales, así como de cualquier creencia religiosa. Principalmente a las mujeres empobrecidas, rurales e indígenas, así como también a las niñas, como producto de las injusticias, relaciones de poder existente entre hombres y mujeres que prevalece en un sistema social estructural que limita el desarrollo de las mujeres. En especial las mujeres indígenas, por lo que es necesario erradicarlas desde las estructuras sociales, patriarcales, machistas y racistas.
Valoramos y reconocemos los esfuerzos del movimiento de mujeres feministas, mujeres indígenas y mujeres trans en el país, por develar el carácter histórico estructural y político de todas las formas de violencia y en especial la violencia sexual por el aporte de nuevos referentes simbólicos para comprender que la vida puede ser armónica, respetuosa y de cooperación recíproca. Así como el impulso de procesos para exigir, promover e incidir en la creación de leyes específicas, la asignación presupuestaria para los programas de prevención y erradicación de la violencia y el trabajo de acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia sexual en su camino hacia su camino y una vida de violencia.
