El CACIF intentó financiar a mercenarios en la guerra contra Somoza

COMPARTE

Créditos: romeo
Tiempo de lectura: 3 minutos

Fotografía: Phottic

Por Fabián Campos Hernández

21 de junio del 2019

Hace 40 años América Latina se encontraba pendiente de cada uno de los últimos acontecimientos que desencadenaron la renuncia de Anastasio Somoza y la llegada al poder del Frente Sandinista, con un grupo de aliados socialdemócratas, democratacristianos, conservadores y liberales, a la conducción del gobierno en Nicaragua.

Aunque la crisis se había desatado desde octubre de 1977, cuando los Terceristas encabezados por los hermanos Daniel y Humberto Ortega Saavedra habían puesto en práctica una estrategia de alianzas amplias tanto nacionales como internacionales y la insurrección popular como método de lucha armada, la agudización de la crisis se dio a partir de mayo de 1979.

Pero el más significativo ocurrió entre el 21 y el 24 de junio, cuando los gobiernos latinoamericanos lograron echar por tierra la pretensión de Estados Unidos, Somoza y los gobiernos dictatoriales del Cono Sur por aprobar en el pleno de la OEA una intervención militar que impidiera el triunfo armado de los sandinistas. Finalmente se aprobó una resolución que demandaba la renuncia inmediata de Anastasio Somoza Debayle y la conformación de un nuevo gobierno en Nicaragua.

El 27 de junio de 1979, tres días después de la resolución de la OEA, Anastasio Somoza acudió a la ciudad de Guatemala a reunirse con sus pares de Guatemala, El Salvador y Honduras. En esa ocasión, Somoza Debayle pidió que, amparados en los acuerdos del Consejo de Defensa Centroamericano, pudieran enviar tropas, armas y municiones a Nicaragua. Todos los presidentes se negaron a hacerlo, puesto que eso los enfrentaría con los gobiernos latinoamericanos que habían aprobado la resolución en Washington y más significativamente con el gobierno de James Carter.

Sin embargo, en estas peticiones no solamente estaban involucrados los gobiernos y ejércitos centroamericanos. El CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), la organización más importante y poderosa económica y políticamente de Guatemala, veía con preocupación que la salida de Somoza Debayle del poder pudiera dar paso a la instauración de un gobierno socialista en la región. Lo que implicaría una poderosa modificación en la correlación de fuerzas regionales y en un impulso a los grupos guerrilleros que operaban en el país.

Los más grandes empresarios guatemaltecos no estaban equivocados en su diagnóstico de la situación. La renuncia de Somoza Debayle el 17 de julio de 1979 desencadenó una serie de acontecimientos que brindó a las guerrillas en Guatemala y El Salvador el imaginario de que podrían vencer militarmente a los sistemas injustos socialmente, represivos en lo político y expoliadores en lo económico. Eran los prolegómenos de más de una década de guerras civiles en la región, que costaron cientos de miles de muertos y desplazados internos y externos huyendo de la represión masiva, que en Guatemala adquirió niveles de franco genocidio. Que la guerra no haya servido para solucionar los problemas estructurales de Centroamérica es causa de la terrible situación que hoy viven aquellos países.

Pero esa no es la historia que quiero contar hoy. El 27 de junio de 1979, tres días después de la resolución de la OEA que exigía la renuncia de Somoza Debayle, una representación del CACIF se reunió con el entonces presidente guatemalteco general Fernando Romeo Lucas para pedirle que enviara tropas a Nicaragua para evitar el triunfo de los sandinistas. Ante la negativa del presidente en funciones, los empresarios ofrecieron un fondo de 20 millones de dólares para que se conformara un ejército de mercenarios guatemaltecos que fueran a combatir a Nicaragua.

Según un documento de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala del 3 de julio de 1979, que fue dado a conocer por el sitio de internet Wikileaks, el presidente Lucas García aprobó la petición y después se retractó.

Si la empresa privada guatemalteca, y específicamente el CACIF, presionó a su gobierno para intervenir en otro país soberano e incluso estuvo dispuesta a aportar fondos, violando las leyes internacionales, para evitar un cambio de régimen que pusiera en riesgo los privilegios y canonjías de sus pares nicaragüenses, ¿qué estuvo dispuesta a hacer para evitar que esa situación deviniera en un cuestionamiento directo a sus propios intereses? ¿Cuál fue el papel de la empresa privada en la concepción e implementación del genocidio?

Y las preguntas se pueden extender hasta el presente. ¿Cuál fue el papel de la empresa privada para impedir que una indígena maya mam, Thelma Cabrera, pudiera ganar las elecciones presidenciales de la semana pasada? ¿Han cambiado en algo las posiciones y estrategias de la empresa privada guatemalteca y latinoamericana en los últimos 40 años?

En definitiva, los archivos se van a volver un arma contra los cómplices de los delitos de los gobiernos latinoamericanos de la segunda mitad del siglo pasado. El documento de Wikileaks se puede consultar en el siguiente enlace:

https://wikileaks.org/plusd/cables/1979GUATEM04260_e.html Fuente: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/los-archivos-abren-preguntas-sobre-la-responsabilidad-de-la-empresa-privada-en-el-genocidio-guatemalteco/#.XQzqHbG7onI.whatsapp

Autoría y edición

Licenciatura, maestría y doctorado sobre Historia de América Latina en la UNAM de México.

COMPARTE