07 de mayo del 2019
El Ministerio Público acusa a una red de diputados liderados por Roxana Baldetti de haber beneficiado a Tigo en el 2014-2015 con la aprobación de leyes que les otorgó una ventaja competitiva obtenida de forma desigual, que pesa sobre las otras empresas de telecomunicaciones.
La madrugada del 23 de noviembre del 2017 la primera noticia en Guatemala fue que habían allanado las instalaciones de la empresa de telefonía Tigo; las oficinas de varios magnates de la empresa también fueron registradas por las autoridades para secuestrar documentos relacionados a una investigación. Además también se allanó la casa de Acisclo Valladares Urruela, hermano de Luis Valladares, director ejecutivo de Tigo en aquel entonces y esposo de la hija de Mario López presidente de la compañía. Tan solo un mes después Valladares Urruela fue nombrado Viceministro de Economía, actualmente es el titular de esta cartera.
En aquel momento no se sabía si los allanamientos y la investigación eran sobre un posible financiamiento electoral ilícito de Tigo para algún partido político, pero la investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinó que se trataba de la posible compra de votos de diputados de la Bancada del desaparecido Partido Patriota (PP).
¿Por qué Tigo habría sobornado diputados?
Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Roxana Baldetti habría prometido sobresueldos de Q50,000 bimensuales a diputados de la bancada oficial a cambio de aprobar diversas leyes, o salir del hemiciclo parlamentario cuando se les ordenara vía telefónica. A los sobornos les llamaban: “champurradas”. Por medio de estos se tenía el control sobre la bancada que ni siquiera leía el contenido de las leyes según el informe del MP.
Una de las leyes aprobadas y que involucra directamente a Tigo es la de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, Decreto 12-2014. La empresa de telefonía se habría beneficiado teniendo acceso a costos más bajos para la colocación de torres telefónicas, cableado y antenas de transmisión de datos a nivel nacional, por medio de esta ley que en teoría tenía la finalidad exclusiva de controlar las redes móviles en las cárceles.
Aquí puede leer el Decreto 12-2014 que da vida a la polémica ley conocida comúnmente como “ley Tigo”:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10464.pdf
¿De que son acusados Valladares, Galdámez y Compañía?
El Ministerio Público inició el proceso de antejuicio en contra del ministro Acisclo Valladares, que de acuerdo con las investigaciones él era el encargado de entregar el dinero a Baldetti y a los diputados que beneficiaron a las empresas. En el caso de Galdámez, (presidenciable de FCN Nación) es señalado de ser uno de los operadores de esta estructura a lo interno del Congreso.
A continuación, el listado de diputados sindicados de asociación ilícita, violación a la constitución, lavado de dinero y cohecho pasivo, y que formaban parte del Partido Patriota:
- Estuardo Galdámez
- Juan José Porras Castillo
- Mirna Figueroa De Coro
- Marco Antonio Orozco
- Boris Roberto España
- Haroldo Eric Quej
- Gustavo Adolfo Medrano
¿Por qué no hay empresarios detenidos aún?
El caso también envuelve a los directivos de Tigo, sin embargo la Feci explicó que únicamente se inició el proceso de antejuicio en contra de los ocho funcionarios públicos ya que aún está pendiente de resolver una impugnación que se presentó en contra de la decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo penal que decidió aprobar la acción de los representantes de la empresa en contra del Juez de primera instancia que llevaba el caso. Ahora el proceso fue dejado en manos del juez Víctor Cruz supuestamente por “sanidad procesal”. Cruz salió a la luz pública cuando dictó la orden de captura en contra de Thelma Aldana en marzo de este año.
El caso se encuentra bajo reserva, durante ese tiempo de silencio los representantes de la empresa presentaron recursos de impugnación retardando el proceso, según el informe presentado por el MP, Tigo a accionado a pesar de que no son sujetos procesales, únicamente pueden actuar bajo la figura de terceros interesados.
