Los cómplices de los delitos de las dictaduras en América Latina

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Créditos: dictadurasaa
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Foto: google.com

Por Fabián Campos Hernández

18 de mayo del 2019

Durante las transiciones a la democracia que se vivieron durante las décadas de 1980 y 1990 del siglo pasado, los militares y los partidos políticos hicieron acuerdos para cerrar el pasado. En todos los casos se pactó dejar sin castigo al sector castrense por los delitos de lesa humanidad cometidos contra civiles bajo el argumento que pertenecían a los grupos guerrilleros. Cuando se ha logrado que se instrumenten juicios, las demandas de las víctimas y sus familiares tuvieron que reducirse a que se acusara a los altos mandos, principalmente generales, aduciendo la cadena de mando. Los responsables eran los que habían dado la orden y no quienes las habían ejecutado.

En esa lógica, que menoscababa la amplitud de la búsqueda de la justicia de las víctimas y de sus familiares, no fue difícil que políticos y militares pactaran acuerdos de impunidad. Las autoridades civiles podrían condenar a los jefes castrenses, pero oportunas leyes de amnistía, beneficios carcelarios por la avanzada edad de los perpetradores del horror o resoluciones contrarias en los niveles superiores del sistema judicial, dejaban en claro la situación. Ni los altos mandos, ni medios ni bajos del ejército pasarían por la cárcel. Las condenas se reducían así a meras “condenas morales e históricas”.Pero no era algo difícil de prever.

Las ciencias sociales se han centrado en llamar dictaduras militares a los gobiernos latinoamericanos de los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado. Olvidando decir que hubo importantes grupos de civiles que participaron en esos gobiernos. Dictaduras cívico militares de derecha inspiradas en la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos sería una descripción más acertada. Por ello no es extraño que los políticos que pactaron la transición a la democracia hayan optado por la impunidad. Varios de ellos eran copartícipes de los delitos. Además de buscar un lugar honroso en la historia, sus medidas permitieron no centrar la mirada en los otros culpables.

Aunque no es una demanda recién enarbolada, en las últimas semanas esto último ha estado presente en el debate de varios países latinoamericanos. En Argentina un juzgado de la provincia de Tucumán desechó fincarles responsabilidades a los dueños y directivos del ingenio azucarero La Fronterita, propiedad de José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. Ellos permitieron que el ejército instalara un centro clandestino de detención en sus instalaciones. En ella tuvieron a 68 obreros del ingenio y 11 permanecen desaparecidos hasta el día de hoy.

Otro caso vinculado a Argentina que ha puesto el tema de las complicidades civiles ocurrió en el Vaticano. El 27 de abril el papa Francisco beatificó a monseñor Angelelli y a sus tres compañeros, quienes fueron asesinados por la dictadura cívico militar que operó en ese país entre 1976 y 1982. Las reacciones de una parte de la curia argentina y de sectores del ejército rechazando la medida puso el ojo en el papel de la iglesia católica en la legitimación del gobierno, su participación en interrogatorios y delaciones.

En varios países del cono sur el centro de la polémica es el libro de Frédéric Martel sobre la homosexualidad dentro de la iglesia católica. Sodoma. Poder y escándalo en el Vaticano, presenta información sobre casos donde se muestran los vínculos de religiosos con los crímenes de los militares. Sacerdotes y creyentes católicos que fueron asesinados, encarcelados o desaparecidos después de hablar en secreto de confesión con los informantes de los militares.

Hace unas semanas, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México se realizó un encuentro sobre la Guerra Sucia. En dicho evento se señaló claramente la complicidad de empresarios latinoamericanos y extranjeros en los crímenes de lesa humanidad cometidos en América Latina. Así como de la responsabilidad directa de los gobiernos de Estados Unidos desde John F. Keneddy hasta Ronald Reagan en el impulso, organización, coordinación de los aparatos contrainsurgentes latinoamericanos para sostener su hegemonía mundial y beneficiar a sus empresas.

Enjuiciar a los altos mandos del ejército no basta. Darles perdón es incondicionales  o condonaciones de las penas no es justicia. De tal manera que, la justicia transicional aplicada durante los años ochenta y noventa, y sus académicos impulsores, hoy se encuentra fuertemente cuestionada. Sus omisiones los ha vuelto cómplices de delitos que según el derecho internacional no han prescrito por su carácter continuado.

Pero ahí no queda la agenda, también hay muestras de un movimiento empeñado en denunciar, acusar, enjuiciar y buscar el castigo de los cómplices y beneficiaros de los crímenes de lesa humanidad. De tal manera que hoy un nuevo objetivo recorre América Latina en relación a su pasado traumático. Ejecutores directos, empresarios, sacerdotes y políticos civiles deberán empezar a ocupar su puesto en la silla de los acusados. Y también los gobiernos de Estados Unidos y sus empresas.

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