Por Stef Arreaga
07 de mayo del 2019
Una persona puede llegar a un centro de reclusión o detención en Guatemala por un crimen premeditado, por un accidente vial o hasta por defender la tierra y los derechos humanos. Es por ello que es importante conocer la realidad social y estatal que ha impedido el funcionamiento correcto de las instituciones y normas legales existentes sobre la materia y que trae como consecuencia una serie de violaciones hacia los derechos humanos de las y los reclusos e incluso hacia los bebés de las mujeres que se encuentran en estos lugares. Le presentamos aquí datos alarmantes que quizá usted no conoce.
Esta mañana distintos medios de comunicación informaron sobre un amotinamiento en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón. Al momento de ser publicada esta nota, se reportaron 3 reos fallecidos y al menos una docena de heridos que fueron trasladados a la emergencia del hospital San Juan de Dios. Las versiones de los hechos dan cuenta de una amenaza de explosión de granadas y múltiples detonaciones de arma de fuego dentro de este lugar.
Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, resguarda al día de hoy un total de 4 mil 137 privados de libertad en cumplimiento de sentencia. pic.twitter.com/GIqBQ1WHoh
— Sistema Penitenciario (@Dgspg) May 7, 2019
Los problemas dentro de las cárceles, no responden únicamente a la carencia de alimentos, al hacinamiento, a la falta de control, salud e infraestructura, sino también a la falta de control y seguridad, que provocan este tipo de situaciones que cada vez son más recurrentes
En gobiernos anteriores se habló de mejorar la seguridad y la justicia, pero no se le prestó la atención adecuada al Sistema Penitenciario (SP). Se obvia que las cárceles son un elemento clave en toda la cadena de seguridad y justicia. Pero para poder resolver la debilidad de esta institución se necesita voluntad y determinación, un buen inicio sería la recuperación del control interno de los centros de detención.
Para alcanzar un país con menores índices de violencia, con una reducción de taza de homicidios, femicidios no basta con hacer ofrecimientos y propuestas que nunca se llevarán a cabo. Se necesitan transformaciones amplias, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, infraestructura, y recurso humano.
Los centros de detención también se encuentran en una situación alarmante. Por ejemplo, actualmente existen 25,001 privados y privadas de libertad[1], de los cuales más del 60% está en prisión preventiva. Lo que significa que hay un hacinamiento del 400% en los 22 centros carcelarios del país.
Otro dato importante es que se redujeron 100 millones de quetzales del presupuesto para el Sistema Penitenciario. ¿Qué significa esto?, que afecta no solo en el tema de infraestructura, sino también en la alimentación, cuyo rubro es de Q. 150 millones y actualmente reciben Q. 79,940,085, es decir el 53% de lo que se necesita para alimentar a casi 25 mil privados y privadas de libertad.
Por otro lado, ¿sabía usted que existe un guardia de seguridad para cada 8 privados de libertad, y que el SP cuenta con un solo camión de traslado de reos? En el momento que son trasladados a hospitales o a un juzgado, muchas veces es necesario la presencia de 5 guardias, por lo que existe una disparidad en el tema de guardias y de transporte. Eso sin mencionar las precarias condiciones de trabajo de los guardias.
En ese contexto, el 24 de abril de 2019, las autoridades del SP se reunieron con miembros de la Comisión Ordinaria de Reformas al Sector Justicia del Congreso, para discutir sobre la regulación de leyes y conocer las acciones que llevan a cabo, para encontrar soluciones al grave problema de esta institución.
En esta reunión las autoridades del Sistema Penitenciario también solicitaron a los parlamentarios de esta comisión, que se le dé importancia a la reinserción efectiva, para disminuir la reincidencia en la comisión de delitos. Solicitaron también que los trabajos que los privados de libertad realizan dentro de las cárceles puedan ponerse a la venta para incentivar la actividad laboral al concluir sus sentencias o bien se haya resuelto su situación legal.
Al respecto, informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), evidencian numerosos maltratos a la población privada de libertad, ejecuciones extrajudiciales, abusos y torturas dentro de las cárceles.
Finalmente, es importante resaltar que, en esa reunión entre parlamentarios y autoridades del Sistema Penitenciario, mencionaron la necesidad urgente de un edificio adecuado para las oficinas de esta institución ya que en donde actualmente se encuentran enfrentan dificultades para poder laborar.
[1] Dato actualizado el 7 de mayo del 2019
