29 de mayo del 2019
El pasado 23 de mayo del 2019 se cumplió un año del asesinato de la joven migrante guatemalteca maya mam, Claudia Patricia Gómez, quien fue abatida con un tiro en la cabeza por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. A un año de su muerte, la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu), quien le han dado seguimiento al caso presentó una demanda en contra del gobierno de Donald Trump por los daños cometidos por parte de los agentes.
El miércoles 23 de mayo de 2018, Claudia de tan solo 20 años de edad, cruzó la frontera de Estados Unidos con México junto a otro grupo de migrantes. Cuando caminaba por la calle Centeno Lane en Río Bravo, Texas, (a unos dos kilómetros del borde fronterizo), un grupo de agentes disparó hacia los migrantes. Uno de los disparos acertó en el cráneo de la joven maya mam, quien huía de la pobreza y buscaba un futuro mejor luego de haber sido rechazada para ingresar a la universidad y no encontrar trabajo como contadora.
“¿Por qué los maltratan? ¿Por qué le disparaste a la chica? La mataste. Mataste a la chica. Está allí. Está muerta. ¡Te vi con el arma!”, gritaba Marta Martínez, una habitante del lugar que presenció el asesinato en contra de Claudia.
Martínez pudo grabar con su teléfono celular desde el momento en que sale de su casa luego de haber escuchado balazos. Según ese video que circula en las redes, ella se ve descontrolada por la escena frente a una de las ventanas de su vivienda. Posteriormente se ve al mismo agente gritarle a otros tres migrantes: “¡¿Ven lo que pasa? ¿Ven lo que causaron?!”
En el video se puede ver a un oficial uniformado realizando maniobras de resucitación sobre el cuerpo de Claudia, cuyo rostro estaba cubierto de tierra por un lado y sangre sobre el otro. “Fue entonces cuando vi que la chica no se movía”, explicó Martínez a varios medios de comunicación locales.
El cuerpo de la joven fue repatriado días después, y enterrado en su lugar de origen en el municipio de San Juan Ostuncalco, en el departamento de Quetzaltenango.
La respuesta del Estado
La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) emitió dos comunicados: en el primero, destacaron la labor de más de una década del agente cuyo nombre no quisieron revelar y aseguraron que el grupo de migrantes atacó al agente con “objetos contundentes de madera de 2”x 4” y que por esa razón, “el agente hirió fatalmente a uno de los agresores”. El segundo comunicado no menciona los objetos contundentes y se refiere a Claudia como “miembro del grupo” además el agente (que nuevamente no fue identificado) fue puesto en “licencia administrativa”, que es cuando se libera al empleado de sus responsabilidades laborales y se le solicita que permanezca en su casa durante las horas laborales. Según las leyes de Estados Unidos, este tipo de licencia se otorga cuando el empleado ha demostrado una mala conducta o ha tenido un comportamiento indebido que amerita una investigación.
La demanda
La organización progresista The American Civil Liberties Union (ACLU) intervino en el caso de Claudia. Esta organización tiene como misión, según su página web, la defensa y preservación de los derechos individuales y las libertades garantizadas a cada persona por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y en base a eso apoyan litigios importantes pero también participan en la elaboración de leyes en apoyo a las y los migrantes.
De esta manera, en una conferencia de prensa realizada recientemente por ACLU, informaron que buscarán que se haga justicia para evitar más muertes de migrantes en circunstancias similares a las de Claudia.
Por esta razón, la organización presentó este 23 de mayo, un reclamo administrativo que es un requisito previo a la demanda en contra el Gobierno de Estados Unidos y sus empleados. También informaron que si este reclamo no se resuelve en el mes de noviembre del 2019, los padres de la joven migrante, podrán presentar reclamos individuales en contra del oficial que le quitó la vida a su hija.
Según la conferencia que ofreció esta organización, exigen U$50 millones, por lesiones personales y otros U$50 millones por homicidio culposo.
“Su vida era tan valiosa como la de cualquier otro, y su familia merece justicia por su pérdida. (…) Nuestro Gobierno tiene la responsabiliad de tratar a todos con apego a la ley, humanamente y con respeto, sin impoatar como llegaron a este país” concluyó André Segura, director legal del grupo.
Mientras tanto en la frontera siguen las cacerías humanas en contra de las y los migrantes que huyen de la pobreza, del hambre y de la falta de oportunidades como en su momento lo hizo Claudia Patricia. Muchos logran alcanzar ese “sueño americano”, otros son capturados y deportados a sus paises de origen, pero un buen número de ellos pierden la vida en el intento por vivir mejor.
