Defender derechos en Guatemala es una sentencia de muerte

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Créditos: informe ddhh2
Tiempo de lectura: 4 minutos
Foto: Simón Antonio

Por Simón Antonio Ramón

23 de mayo del 2019

El martes 21 de mayo se presentó el informe realizado entre la Oficina del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) denominado “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad”. El trabajo presenta la situación de las y los defensores de derechos humanos en el periodo del 1 de enero de 2017 a 30 de abril de 2019.

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Defender derechos en un escenario hostil

El informe indica que las y los defensores de derechos humanos en Guatemala enfrentan múltiples riesgos por el trabajo que realizan. Según un datos de la Unidad de Protección de Defensoras de Defensores de  Derechos Humanos UDEFEGUA que se registra en el informe, se conoció de 493 agresiones entre ellas 13 asesinatos en el 2017 y 391 agresiones en 2018 con 26 asesinatos.

De las personas entrevistadas para el informe, 97 por ciento indican haber sufrido intimidaciones y amenazas; 45 por ciento indicaron que han sido víctimas del mal uso del derecho penal; 28 por ciento ha sufrido estigmatización y difamación; 16 por ciento sufrió ataques a su integridad física; 16 por ciento fue objetod de vigilancia o seguimiento; y se recoge un 3 por ciento de violencia sexual.

Patrones de la criminalización

  • Identificación de líderes y lideresas: Esto incluye la criminalización del trabajo de las autoridades indígenas en la resolución de conflictos.
  • Involucramiento de actores no estatales: Donde finqueros y empresarios presentan denuncias penales y se hacen querellantes adhesivos como los casos de Bernardo Caal, Abelino Chub y miembros de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Izabal.
  • Problemas en el acceso a la justicia independiente e imparcial: Los intereses de actores locales externos y funcionarios del sistema de justicia desafían la independencia judicial. Los casos analizados se registraron en Alta Verapaz e Izabal.
  • Detención de las personas: como el caso de Eduardo Bin, vicepresidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, Izabal, quien fue detenido por hombres desconocidos. Durante tres horas no se confirmó su paradero ni por la PNC ni el MP. Posteriormente se informó que fue detenido por agentes de DIPRONA.
  • Aplicación de la prisión preventiva y las medidas sustitutivas: en la mayoría de los casos, a las personas defensoras han sido acusadas de delitos como robo agravado, plagio o secuestro, que no son elegibles para el otorgamiento de medidas sustitutivas, presuntamente para asegurar la entrada en prisión de la personas.
  • Débil sustento de los casos: se evidencia en muchos casos que ha sido declarados sin mérito o cerrados, clausurados o en los cuales las personas fueron absueltas como el caso de cinco personas de Santa Eulalia, Huehuetenango.
  • Limitaciones en torno a las garantías al debido proceso: comúnmente se da en el ejercicio del derecho a la defensa, uso de su propio idioma, negativa de jueces a recusarse, oportunidades fuera de los plazos establecidos por la ley para el MP de ampliar acusaciones y entrega de expediente del Organismo Judicial de manera fragmentada.
  • Demora en los procesos judiciales: en muchos casos, las demoras en los procesos resultan en periodos extendidos de prisión preventiva.  En el caso de Gremial de Pescadores de El Estor, Izabal, las audiencias de cuatro pescadores y un periodista (Carlos Choc) acusados fueron suspendidos en cinco ocasiones, posponiéndose más de un año.   
  • Tipos penales utilizados: es común la utilización de los siguientes tipos penales: coacción y amenazas; instigación a delinquir; detenciones ilegales incluso en situaciones agravantes; hurto y hurto de fluidos; y asociación ilícita (diseñado para combatir el crimen organizado, utilizando también para la persecución de movimientos sociales, especialmente contra autoridades indígenas, quienes por tradición desarrollan sus actividades de manera colectiva).

Según el informe de 106 casos estudiados 38 de ellos son por usurpación agravada.

La responsabilidad del Estado

Las instancias responsables del informe, indican que el poco esfuerzo del Estado en la educación y promoción de los derechos humanos, la sociedad no valora la importancia de los derechos humanos.

Foto: Simón Antonio

Se recomendó al Estado que se aborde de manera integral la situación de las personas defensoras de derechos humanos, comenzando por la prevención hacia la protección y la procuración de justicia, asegurando un mayor compromiso político y respaldo legal.

En la presentación del informe el Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, indicó que en el proceso electoral no hay propuesta por parte candidatos a la presidencia sobre el tema de derechos humanos. En la presentación esuvo presente Edison Lanza, Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Autoría y edición

Periodista Maya Q'anjob'al

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