Créditos: archivo
Foto: AHPN

Por David Toro

29 de mayo del 2019

Enrique Degenhart ministro de Gobernación pretende que la Policía Nacional Civil (PNC) tenga control sobre el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) y busca limitar el acceso a los documentos por tener contenido sensible, sin embargo, hacerlo sería ilegal. Mientras tanto a un mes de que venza el convenio que garantiza el trabajo del AHPN crece la incertidumbre.

El Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) descubierto por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en el 2005 en un antiguo edificio de la policía, contiene más de 60 millones de folios. Estos documentos registran a detalle de las operaciones de la extinta Policía Nacional (PN) durante el periodo de la guerra civil de Guatemala (1960-1996).

Los archivos han pasado un largo y minucioso proceso de archivamiento, su contenido es calificado como histórico por el artículo 12 del Archivo General de Centroamérica y la información y datos que contiene han sido y pueden ser de gran ayuda para esclarecer la verdad histórica sobre desapariciones, asesinatos y otro tipo de delitos.

La administración de este fondo documental está sumergida en una crisis institucional que inició hace poco menos de un año. El 1 de julio de este año vence el acuerdo 24-2009 firmado por el Ministerio de Gobernación que garantiza que el Ministerio de Cultura y Deportes debe resguardar y mantener en buen estado los archivos.

En diciembre del año pasado Elder Suchité, Ministro de Cultura, envió una carta al Ministerio de Gobernación para pedir la prórroga por 10 años del acuerdo. La respuesta del ministro Enrique Degenhart no ha llegado, pues sus planes son otros.

Degenhart declaró el 27 de mayo de 2019 en conferencia de prensa que era “impensable” que la PNC no tuviera acceso a sus propios archivos y que esta institución debería participar en su administración. Además, aseguró que deberían hacerse cambios para que la información no salga de forma “masiva” al extranjero porque se trata de temas de “seguridad nacional”.

La Información sobre derechos humanos no puede censurarse

En junio del 2010 entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y el AHPN es parte de las instituciones sujetas a esta ley. En su artículo 24 indica que la información que pueda ayudar a investigar delitos de lesa humanidad o violaciones contra los derechos humanos no pueden clasificarse como confidenciales, ni restringir su acceso. Silvio Gramajo, experto en la Ley de Acceso a la Información Pública, afirma que el archivo sí contiene datos sensibles como expresó el ministro, pero subraya que “no se puede privilegiar la reserva, cuando este archivo que es un acervo cultural e histórico, contiene datos donde se pueden investigar delitos de lesa humanidad”.

La misma ley protege al AHPN de la reserva

El artículo 26 de la LAIP indica que para que un archivo sea confidencial debe comprobarse que su publicación pueda causar mayor daño que el interés público de conocer los datos. En el caso del AHPN se trata de todo lo contrario pues su contenido es de utilidad para entidades como el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instancias relacionadas al conocimiento de la historia reciente en Guatemala y la búsqueda del esclarecimiento histórico de lo sucedido en el periodo de la guerra civil en el país.

¿Quién está frente al Archivo? 

De manera oficial no existe la figura de director o coordinador dentro del Archivo Histórico de la Policía, según Odeth Alvarado Analista de comunicaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo internacional que ha administrado los fondos del proyecto desde 2006.  El pasado miércoles Carlos David Marroquín que ocupa el puesto de enlace técnico en el Archivo nombrado por el PNUD en consenso con las autoridades estatales involucradas, negó dar declaraciones a Prensa Comunitaria sobre la crisis en la que se encuentra la institución, se excusó diciendo que no lleva la vocería y por tal razón no respondió a las interrogantes sobre si durante su función se ha limitado el acceso a los datos del Archivo y sobre qué pasará en el futuro cercano cuando el acuerdo pierda vigencia.

Marroquín trabajó en el archivo del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y ahora figura en un archivo que maneja información totalmente diferente relacionada a hechos históricos que han marcado a Guatemala.

La situación de los trabajadores del Archivo

En el Archivo actualmente solo trabajan 32 personas que están bajo el concepto de “voluntarios de Naciones Unidas” pues es el PNUD quien administra los fondos donados por países de la comunidad internacional y con los que se pagan los honorarios de los trabajadores. El contrato laboral de la mayoría de los trabajadores vencerá en julio y existen dudas sobre si serán recontratados o no. Al respecto el PNUD asegura que se está trabajando para renovar el contrato del personal.

Alberto Fuentes, ex subdirector del Archivo durante más de 10 años, sostiene que existe un proceso de desmantelamiento de esta institución, porque se han despedido a muchas personas de puestos claves. “Se quedó en solitario la persona encargada del equipo de análisis archivístico y peritaje, clave para los temas de verdad y justicia. Existe una intencionalidad política en las decisiones que han tomado” señala Fuentes.

 “En el archivo hay alrededor de 70 millones de folios, hasta la fecha se han digitalizado poco más de 24 millones de documentos, se han reducido drásticamente los equipos que intervienen en la archivística, por lo tanto, el avance es muy lento actualmente, se necesitan al menos 100 personas para avanzar adecuadamente, con el ritmo de ahora pueden pasar hasta 20 años sin que se concluya el proceso archivístico” asegura Fuentes.

De momento, aunque su futuro es incierto, el archivo sigue funcionando con deficiencias. en un edificio que es propiedad del Ministerio de Gobernación, en la zona 6 de ciudad de Guatemala.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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