Por Rony Morales
Desde el 2000, las industrias extractivas de minería, hidroeléctricas, petróleo, cultivos agroindustriales, iniciaron actividades de despojo a los pueblos y las comunidades de sus territorios en la zona de norte de Guatemala, territorio de los aj ral ch’och, es decir “hijos de la tierra”. Estas dinámicas de despojos tienen una finalidad económica que pasa por encima de los derechos humanos, tienden a criminalizar, judicializar y asesinar a las personas que usan la movilización social para exigir sus derechos.
En entrevistas con personas que han sido víctimas de procesos de criminalización, persecución y cárcel política, nos hablan de una cantidad de problemáticas que suscita la defensa de los bienes naturales, la tierra y el territorio; problemática histórica heredada desde la Colonia, en especial en los territorios que resguardan los q’eqchi’s y poqomchi’, que se complicó con la llegada del cultivo del café, las fincas fruteras y el colonato instaurado por los alemanes.
En Alta Verapaz, Baja Verapaz, la Franja Transversal del Norte, Izabal, el Valle del Polochic, Petén que es ya el territorio de Tezulutlán, desde la captura de Ramiro Choc —dirigente q’eqchi’ que fue condenado a ocho años de prisión por delitos que nunca cometió— se ha visto un aumento de la prisión política, desalojos, persecución y criminalización de quienes protestan por sus derechos.
A Ramiro Choc el sistema de justicia guatemalteco lo condenó por robo agravado en delito continuado. Por ello, desde el 14 de febrero de 2008 al 14 de agosto de 2013, estuvo preso en la penitenciaría de la zona 18.
Desde la memoria colectiva de las comunidades, se habla de la persecución política. Tales son los casos individuales de Bernardo Caal Xol, de Cahabón; Abelino Chub, de El Estor —declarado inocente la semana pasada, tras dos años en prisión—; Eduardo Bin, Cristobal Pop de El Estor; María Choc, de El Estor; Carlos Caal Rax, de Senahú; Justino Xollim, de San Cristobal Verapaz; José María Guitz, Ángel Tot, Mario Ja, Alfredo Tiul, Rolando Güitz Pop y Blanca Estela Güitz —hermanos, de origen q’eqchi— de la comunidad Monte Olivo; Leonardo Chun Tiul de Panzós; Albina Chocooj Col —quien está embarazada en este momento—, Romelia Veliz Caal, Cristóbal Mo Ti y Crisanto Tul Cojoc, de Santa Cruz Verapaz. Además de los asesinatos del pescador Carlos Maaz, el 27 de mayo del 2017; Daniel Choc Pop; el profesor Adolfo Ich Chamán; Mateo Chamán Paau; José Can Xol, Ramón Chóc; los niños David Estuardo Pacay Maas y Ageo Isaac Maas Guitz, de la comunidad Monte Olivo; Sebastián Rax Caal, de 29 años, Luciano Can Cujub, de 40 años, y Oscar Chen Quej de 22 años, de la comunidad Samococh, en Chisec.
Carlos Isaías Guitz Pop, de Monte Olivo, sufre un atentado armado el 8 de noviembre del 2013. A partir de entonces Carlos debería usar una silla de ruedas. Falleció el 12 de diciembre en el Hospital General San Juan de Dios.
También hay persecución colectiva a comunidades originarias organizadas. Tal es el caso de La Primavera, comunidad poqomchi’, donde 45 órdenes de captura había para los comunitarios, por la defensa del bosque y la tierra. En Mucbilhá I, Raxruhá, hasta el momento hay 55 órdenes de captura. La Policía Nacional Civil (PNC) realizó 22 detenciones de personas el viernes 15 de agosto de 2014, en la comunidad de Samococh, Chisec, Alta Verapaz, llevándolas a juicio. La Gremial de Pescadores Artesanales de El Izaba, en Izabal, tuvo 11 órdenes de captura. La Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) ha denunciado que, para sus miembros, hay 150 órdenes de captura, entre familias q’eqchi’s, poqomchi’, y 40 desalojos para comunidades indígenas y campesinas en la región. Mientras que el Comité Campesino del Altiplano CCDA) nos habla de 300 órdenes capturas para sus miembros en la región.
El periodista q’eqchí’, Carlos Ernesto Choc, es acusado injustamente por su compromiso periodístico sobre la contaminación del Lago de Izabal. Estos actos de señalamientos y de criminalización por parte de la Compañía de Níquel, son una clara violación al derecho de la libertad de prensa y libertad de expresión.
Los principales acusaciones surgen a partir de denuncias por parte de personas indivuales, representantes de empresas y terratenientes.
Los delitos, muy utilizados en los procesos penales, son: usurpación agravada, detenciones ilegales, coacción e instigación a delinquir, terrorismo, plagio o secuestro, obstaculización a la acción penal, amenazas, participación en reuniones o manifestaciones ilícitas, incendio, linchamiento, amenazas, allanamiento con agravación específica, detenciones ilegales con circunstancias agravantes, hurto y robo de tesoros nacionales.
En el territorio q’eqchi’ y poqomchi’, la represión que ejercen las instituciones de Estado, es la respuesta de los últimos gobiernos a los reclamos que muchas comunidades indígenas y mestizas han hecho en contra de la instalación empresas de actividades extractivas que invaden su territorio.
La existencia de presos políticos, persecución, criminalización y muertes en un país, es un claro síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa de derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, una situación propia de las dictaduras o de los regímenes no democráticos. Es decir, cuando el Estado responde a quienes hacen reclamos y exigen derechos, tratándolos como delincuentes y abusando de la fuerza del Estado en contra de ellos.
Eso es algo que viene ocurriendo desde hace tiempo en muchos lugares de Latinoamérica: tiene que ver con la fase de acumulación capitalista ligada al neoliberalismo y las prácticas extractivas.[1]
Los conflictos que ocurren alrededor de la tierra, el agua, el territorio y la libertad de expresión, terminan casi siempre con el uso de medidas de fuerza. Conocer mejor qué está pasando en esos espacios puede ayudarnos a entender la forma en que Guatemala está entrando a las lógicas de la globalización, y observar qué ocurre con los problemas históricos en este contexto.
[1] https://comunitariapress.wordpress.com/tag/criminalizacion/page/2/
