La diferencia salarial entre México y Estados Unidos, el nuevo debate entre Trump y los demócratas

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Créditos: pelosi
Nancy Pelosi. Foto: teenvogue.com

Por Fabián Campos Hernández

12 de abril del 2019

Hace, por lo menos, un año que inició un debate público que debiera tener más atención en nuestros países que la que hasta hoy se le ha prestado. En aquellos días, Nancy Pelosi, actual presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y Jerry Días, líder de Unifor –el principal sindicato de Canadá–, pusieron en la agenda regional un tema crucial: la diferencia salarial entre los países firmantes del entonces TLCAN. Desde la postura de ambos, México realiza una competencia desleal por la disparidad entre los salarios mínimos en cada uno de los estados miembros del acuerdo. En ese momento, la renegociación del tratado, el tema era totalmente oportuno. Y los datos lo confirmaban. En México los salarios mínimos equivalen a menos del 10 por ciento de los percibidos por los trabajadores de Estados Unidos y Canadá. En términos llanos, un trabajador mexicano percibe en la actualidad en una jornada de trabajo lo que, en promedio, recibe en una hora un trabajador más allá del río Bravo. Por lo tanto, las empresas de sus países trasladaban sus plantas de fabricación porque era más “rentable” que mantenerlas en las sedes originales. Ese era el tema de fondo.

Durante la cuarta Ronda de Negociaciones, celebrada en México en octubre del año pasado, la postura se endureció. Jerry Días puso como condición indispensable para la firma del tratado de libre comercio que los salarios regionales se equilibraran a la alza. La respuesta no se hizo esperar. Empresarios mexicanos señalaron que era un factor inflacionario que perjudicaría la economía nacional. Idelfonso Guajardo, entonces secretario de Economía, se arropó en el discurso nacionalista y afirmó que ese tema “era un asunto de política interna”. Para el gobierno de Peña Nieto aumentar los salarios mínimos para establecer una “zona salarial” era perder una de las “ventajas comparativas” de nuestro país. Abusando del lector, el mensaje fue claro, si se subían los salarios las empresas estadunidenses y canadienses se irían a otros países donde sus costos de producción fueran menores. Al final el tema no trascendió. Los empresarios de la industria automotriz, centro del debate, señalaron que esa medida “tardaría años” y México y Estados Unidos firmaron un acuerdo donde el tema no fue retomado.

Esta semana, Nancy Pelosi volvió a la carga. Donald Trump debe de conseguir los votos necesarios para que el Congreso apruebe el acuerdo que firmó con Peña Nieto y que obtuvo el beneplácito del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta de la Cámara de Representantes puso como condición para dar el visto bueno al tratado de libre comercio que se obligue a México a subir el salario mínimo. De lo contrario el Partido Demócrata lo vetará. Evidentemente esta postura es parte del enfrentamiento que los demócratas mantienen con su presidente. Y también es cierto que todo esto está en virtud de las ya inminentes campañas internas y presidenciales en aquel país. Y, de fondo, se encuentra la necesidad de presentar frente a los sindicatos y clase trabajadora estadunidenses una postura que abogue por la recuperación de empleos que se ha dado a partir de la globalización de la producción de sus empresas. Pero, en aras de su debate nacional, sus posturas implican demasiadas preguntas para México y América Latina.

América latina, desde su ingreso al “concierto de las naciones”, ha sido definida por el tipo de relación que mantiene con las naciones poderosas. Los países que integran esta región se asumieron inicialmente como fuente de materias primas y un mercado cautivo para las mercancías producidas por la industria de aquellos países. Antes, durante la Colonia, fue igual pero ese es otro tema. Buena parte de la razón de poder jugar ese papel estribaba en el factor salarios de la clase trabajadora. Salarios raquíticos, cuando no rayando en el semiesclavismo, eran la “ventaja comparativa” que permitía el bajo costo de los productos que demandaba Europa y, después, los Estados Unidos.

Los empresarios nacionales y las compañías extranjeras conformaron un pacto no escrito. Ambos establecieron salarios de hambre que mantenían a amplios sectores de la población en la mera subsistencia. Era el precio a pagar para la conformación de “nuestra” burguesía y para subsidiar el crecimiento de las potencias. Durante buena parte del siglo XX ese fue un problema estructural de América Latina. No podía construirse una industria nacional si la mayoría de la población no podía constituirse en consumidores de los productos manufacturados, imposibilitados a serlo cuando lo que percibían no cubría ni siquiera el alimento diario. Era el eterno ciclo. Gente mal pagada que estaban prácticamente fuera del circuito capitalista en beneficio de empresarios nacionales y extranjeros. Atraso que generaba riqueza.

La revolución cubana puso el dedo en la llaga. Lograr el desarrollo nacional partía de la creación de un sector de consumidores. De lo contrario, la salida era la violenta destrucción del modelo liberal capitalista. Y la respuesta estadunidense fue clara. El presidente Kennedy propuso la Alianza para el Progreso. Reforma agraria, aumento salarial y derechos laborales eran las bases para “desarrollar” a América Latina y, de paso, cerrarle el camino al comunismo.

Pero no contaba con la reacción de sus propios empresarios. Ellos no permitirían que se eliminara la forma en que ellos aumentaban su acumulación de riqueza. El asesinato de Kennedy abrió las puertas a Lyndon Jonhson y a las posturas de los empresarios estadunidenses. El informe Rockefeller fue claro, el gobierno de Estados Unidos y sus pares latinoamericanos debían de reconocer que la “riqueza” en la región era producto de la inversión privada. Y para que dicha inversión se mantuviera debían de garantizarle “mercados competitivos” y “reglas claras”. En definitiva nada debía cambiar.

Esta actitud no era, para nada, nueva. Se expresó en el mismo sentido cuando el gobierno de la “primavera democrática” en Guatemala se atrevió a promulgar una nueva ley del trabajo. Y las consecuencias son sabidas. La UnitedFruit Company promovió, con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un golpe que dio lugar a un gobierno que “garantizó las inversiones extranjeras”.

Pero regresemos al presente. La actual presidenta del Congreso exige que los salarios mexicanos se equiparen a los de Estados Unidos. Y esto abre la posibilidad de un intenso debate, no solamente al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sino de todos los gobiernos latinoamericanos. Y, por supuesto, de las sociedades de la región. Señalar las disparidades entre los ingresos de nuestros países y aquellos denominados desarrollados es solamente una de las aristas en la forma en que nos hemos articulado históricamente al “concierto de las naciones”. Y abordarlo implica, necesariamente, cuestionar y replantear nuestro lugar en el mundo.

Pero debemos recordarle a Nancy Pelosi la historia de nuestra región. Y, si no queremos ir muy lejos en el tiempo, señalarle que empresas de su país han sido responsables directas del asesinato y persecución de sindicalistas que pidieron mejoras laborales. El caso de Chiquita Brands International en Colombia, heredera de la UnitedFruit Company, con su financiamiento a cuerpos paramilitares encargados de la eliminación física de aquellos que buscaron cambiar o mitigar la relación estructural de nuestros países con las potencias es una muestra de esto.

De esa manera, para no irnos en pos del canto de las sirenas, lo más adecuado es señalarle a la congresista Pelosi que flaco favor nos hace al pedir la nivelación de salarios. En caso de que eso de alguna manera le importe. Si busca que las empresas estadunidenses vuelvan a producir en su territorio no lo va a conseguir con el aumento de los ingresos de los mexicanos. Como lo han hecho antes, las empresas de Estados Unidos simplemente buscarán otro país que les dé las mismas o mejores condiciones. Y, seguramente, habrá gobiernos latinoamericanos que gustosos aceptarán recibir las magras migajas del banquete global. Al final de cuentas, ellos podrían engolar la voz y llenarse la boca al señalar “la confianza internacional” traducida en el aumento de inversión extranjera.

Si quiere que los empresarios estadunidenses reabran las plantas industriales y que se generen empleos en su país que impulse una ley que obligue a sus empresas a pagar los mismos salarios a sus trabajadores en Estados Unidos o el extranjero. Ahí sí estaría tocando los intereses reales y proponiendo cambios fundamentales. Y, lo más importante para nosotros, dejaría que en nuestros países la redistribución de la riqueza por la vía de los salarios fuera, por primera vez, un tema de política interna.

Título original: El canto de las sirenas Fuente: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/el-canto-de-las-sirenas/

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