11 de abril del 2019
Desde que el Presidente de la República afectara seriamente la independencia de poderes y calificara en forma arbitraria una resolución de la Corte de Constitucionalidad como ilegal y por lo tanto, que no se encontraba obligado a cumplirla (año 2017), el Estado de Derecho en Guatemala ha venido sufriendo una serie de ataques, que constituyen una grave amenaza para la justicia ordinaria y la justicia constitucional.
Recientemente estos ataques han tomado un nuevo rumbo y se orientan en contra de los Fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Abogados Juan Francisco Sandoval Alfaro y Andrei Vladimir González Arteaga, pretendiendo obstaculizar su trabajo institucional, de investigar la posible comisión de hechos delictivos.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó al respecto: “La Jueza Susan Sabrina Salazar Escobar del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y de Violencia Sexual, Departamento de Guatemala, debería ser investigada por el Ministerio Público, ya que en lugar de impartir justicia, puso más obstáculos a la investigación de un caso que se relaciona con la posible comisión de hechos delictivos relacionados con la corrupción e impunidad.”
“La investigación que llevan a cabo los dos fiscales, de ninguna manera puede ser calificada como “acoso”, “agresión” o “amenaza” y mucho menos, aplicar la Ley de Femicidio, imponiendo medidas de seguridad, que se convertirán, muy probablemente, en medidas de impunidad. Está claro que las medidas de seguridad
impuestas, limitan la función legal de dos fiscales de la FECI. Exigimos a la Fiscal General, que inicie una investigación rápida y objetiva, ya que esa es precisamente su principal función constitucional.”, añadió.
Al igual que el Presidente de la República en el año 2017, la candidata presidencial que invocó ante la jueza Salazar Escobar la Ley de Femicidio, incurrió en un “fraude de ley” y su conducta podría incluso constituir una conducta delictiva, que debería ser investigada de forma inmediata por el Ministerio Público, ya que lo que realmente busca, es evadir la justicia y poner límites a quienes investigan un posible hecho delictivo. La candidata presidencial debería demostrar desde ahora, que el ejercicio de la función pública debe estar siempre a favor de la colectividad y no de intereses individuales o personales.
