El largo proceso penal contra el preso político Abelino Chub

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Créditos: abelino nota123
Tiempo de lectura: 6 minutos
Foto: Roderico Díaz

Por Simón Antonio Ramón

20 de abril del 2019

Después de dos años y dos meses en prisión, este lunes 22 de abril, iniciará el juicio oral y público contra al profesor maya q´eqchi´, Abelino Chub Caal, preso político acusado por los delitos de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita, donde son querellantes las empresas Inversiones Cobra SA y CXI SA, por dos hechos ocurridos el 7 de agosto y 26 de octubre del 2016.

La comida con sabor a detención

Era la hora de almuerzo del sábado 4 de febrero de 2017, cuando Abelino Chub disfrutaba junto a su familia los alimentos  correspondientes, cuando fue detenido en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, por agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona). Posteriormente llegaron agentes de la Policía Nacional Civil acompañados por la abogada Gilda Aguilar, abogado de las empresas y exfiscal del Ministerio Público.

El juez de Paz de Cobán, Alta Verapaz, le informó de los delitos que se le acusaba. Fue traslado inmediatamente al Centro Preventivo de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, gracias a la  coordinación de la abogada Aguilar  con agentes del Policía Nacional Civil. “Por las circunstancias en que fue aprehendido, al parecer estaba vigilado. La abogada de las empresas Gilda Aguilar que señala a Abelino iba acompañando a los agentes de la PNC”, ha denunciado varias veces la defensa de Abelino, integrada por la abogada Casilda Jovita Tzul, el abogado Juan Castro Simón, del Bufete para Pueblos Indígenas, y el abogado Sergio Belteton, del Comité de Unidad Campesina (CUC).

“Por las circunstancias en que fue detenido, creemos que le rastrearon su rutina, por eso lo agarraron ese día. Nos sorprende que Gilda Aguilar, apareció ahí”, dice la abogada Jovita Tzul.

Por el lugar donde ocurrieron los hechos de los que se acusa a Abelino Chub,  el caso fue atendido por el Juzgado de Primer Instancia  Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, del departamento de Izabal, que dirige el juez Édgar Aníbal Arteaga López, quien tiene varios señalamientos de corrupción y que en varias oportunidades ha favorecido a empresas vinculadas a acaparamientos de tierra y megaproyectos que operan en la región.

Los hechos y los delitos

En la audiencia de primera declaración, el 13 de febrero de 2017, nueve días después de la detención,  la fiscalía del Ministerio Público indicó que los delitos que se atribuyen a Abelino Chub se dan por dos hechos. El primero sucedido el 7 de agosto de 2016, en el que “instigó a un grupo de personas que llevaban el rostro cubierto, para que ingresaran a la finca Plan Grande, ubicada en el municipio de El Estor (…) Al momento de ingresar al bien inmueble se pudo observar que la acción era ejecutada por varias personas quienes de forma planificada se encontraban debidamente organizados para cometer delitos de usurpación agravada (…) provocando un incendio por medio de la cual se quemó palma africana”.

A lo que Jovita Tzul, defensora de Chub, responde: “ese día, como de costumbre, Abelino se encontraba con su familia en San Pedro Carchá, de donde es originaria su esposa. Él no estaba en el lugar y hubo hechos de los que se dice ahora que él provocó”.

El segundo hecho ocurrió cuando “el 26 de octubre, iba a realizarse el desalojo de las fincas El Murciélago y Plan Grande, pero no se pudo llevar a cabo tal orden porque la población organizada respondió de forma violenta contra los efectivos de la PNC [Policía nacional civil]”, acusó el Ministerio Público. “Las comunidades pidieron a las autoridades ese día, por medio de Abelino, tres horas para recoger sus pertenencias, a lo que sólo accedieron una hora, y cuando Abelino regresó a informar a las comunidades (…)  lo siguió [siguieron] para desalojar a unas 100 personas”, dijo la abogada del Bufete para Pueblos Indígenas.

En esta audiencia, el Ministerio Público y las empresas querellantes pidieron que Abelino Chub fuera ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita, asociación de gente armada, coacción, usurpación agravada e incendio. Sin embargo, la defensa técnica argumentó que no existen indicios para vincular a Abelino Chub a hechos que ocurrieron en la finca  Esperanza, ni con la presunta usurpación de la finca El Murciélago.

El juez, finalmente, ligó a Abelino Chub a proceso por los delitos de usurpación agravada e incendio. Lo envió a prisión preventiva durante los tres meses que duró la investigación, en el Centro Preventivo de la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

La prisión preventiva como castigo ejemplar y mecanismo de desmovilización

Abelino Chub, maya q’eqchi’ originario de  Livingston, Izabal, maestro de educación primaria, trabajaba como promotor social de la Fundación Guillermo Toriello, donde acompañaba a las comunidades a documentar las tierras para buscar obtener la certeza jurídica de las mismas. Apoyaba también en los procesos de establecimientos de agua potable.

La ley faculta a los abogados de la defensa de Chub, para solicitar las veces que sea posible la revisión de medidas de coerción, para que los acusados sigan con el proceso penal pero en libertad condicional.

En el caso de Abelino, se solicitó en dos ocasiones antes de la presentación del acto conclusivo del Ministerio Público, el 13 de marzo y 19 de abril; el juez Edgar Aníbal Arteaga no concedió la libertad condicional y las resoluciones fueron apeladas en la sala de apelaciones de Izabal, las mismas fueron declaradas sin lugar.

Para la abogada Jovita Tzul, la prisión preventiva “es un mecanismo para desmovilizar a las comunidades, estigmatizando a sus líderes, porque prima la idea de que quien está en la cárcel es un delincuente”.

Una etapa intermedia que dura casi un año

En los actos conclusivos, el Ministerio Público pidió que se cerrara provisionalmente el caso por un año, ante la falta de medios de investigación.

En la audiencia que se realizó el 3 de junio, donde se discutió el conclusivo, la defensa de Chub alegó que se cerrara el caso y se ordenara la libertad inmediata de Abelino Chub. En esta audiencia el juez ordenó que la fiscalía acusara a Abelino Chub.  

Si bien la ley faculta al juez a ordenar a la fiscalía a acusar a una persona, a criterio del abogado Juan Castro “no se llenaron los presupuestos, lo que evidencia que el juez  (Édgar Arteaga) tiene intereses en criminalizar”.

En la audiencia de la etapa intermedia del 31 de julio, la defensa presentó por escrito una recusación contra el juez,  misma fue rechazada. También se solicitó la suspensión de la audiencia, a la que accedió el juez.

Antes de que se terminara la audiencia, el juez Arteaga López notificó a las partes que la Sala de Apelaciones de Izabal aceptó la apelación de las empresas querellantes sobre el delito de asociación ilícita.

El Ministerio Público, interpuso un recurso de apelación en la Sala de Apelaciones de Izabal contra el juez, por haber obligado una acusación contra Abelino Chub sin pruebas, lo que le fue otorgado. Ante la resolución de la Sala, el Ministerio Público solicitó a la Cámara Penal que sea trasladado el caso a un juzgado de Mayor Riesgo. La solicitud fue conocida el 17 de noviembre, a lo que el querellante se opuso, indicando que con el traslado del caso al juzgado de Mayor Riesgo se muestra la falta de confianza en los juzgados de los departamentos.

“La defensa apoyó la petición del MP porque nuestro defendido había sido sometido a tratos infrahumanos en el traslado a veces pasaba cuatro días sin bañarse (…)” indicó la abogada Tzul.

La Cámara Penal nombró al juzgado de Mayor Riesgo A, bajo la responsabilidad de la jueza Claudette Domínguez. Ya en el juzgado en la Ciudad de Guatemala, se suspendió en dos ocasiones la audiencia de actos conclusivos (el 28 de marzo, el sistema penitenciario no trasladó a Abelino Chub,  y El 29 de abril, la representante legal de las empresas, no se presentó).

Al fin, el martes 8 de mayo,a las 2 de la tarde, se llevó a cabo la audiencia de actos conclusivos, por los delitos de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita. En esta audiencia el abogado Carlos Manuel Ovalle de las empresas querellantes, desató su furia contra Abelino Chub al pedir a la jueza que sea enviado a juicio. En el caso del Ministerio Público, a pesar de que un año antes había solicitado que se cerrara el caso  por delitos de usurpación agravada e incendio, en esta audiencia manifestó lo contrario.  La jueza Claudette Domínguez, envió ese día a juicio a Abelino Chub.

Ese mismo día se discutió la revisión de medidas de coerción de Abelino, la cual fue negada por la jueza Domínguez, tras una intervención agresiva de Manuel Ovalle.  

El juicio, a casi un año de espera 

Dos semanas después se realizó la audiencia de aceptación de pruebas donde se indicó la apertura del juicio el 26 de junio de 2018, posteriormente se notificó a las partes que se trasladó la apertura al lunes 22 de abril de 2019.

Este lunes 22 de abril, Abelino Chub llegará  ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por la jueza presidente, Jazmín Barrios, la jueza Patricia Bustamante y el juez Gerber Sical. Chub testificará su inocencia y su defensa lo probará. También se escuchará la situación de las comunidades de Izabal afectadas por la usurpación de tierras por terratenientes.

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