11 de abril del 2019
El 8 de marzo del 2017 ocurrió en una sospechosa tragedia, a todas luces evitable, en la que murieron incineradas 41 niñas que permanecían bajo tutela de un hogar estatal en Guatemala. Otras 15 menores sobrevivieron, pero con lesiones gravísimas, a este evento que apunta más bien a un crimen de Estado que pudo haberse fraguado para ocultar una red criminal dedicada a la trata de personas.
La noche anterior a la tragedia, cientos de jóvenes recluidos en estos centros, se habían amotinado intentando huir de las deplorables condiciones de vida que les garantizaba la atención estatal; las niñas fueron encerradas por castigo a su intento de fuga, en el aula que en pocas horas se convertiría en el lugar de suplicio y exterminio. El caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, es de un impacto excepcional, una tragedia que lesiona la dignidad de las niñas y niños del mundo. Dado su proceso penal aletargado, las familias de las víctimas ven cada vez más lejos la posibilidad de hacer justicia.
El proceso penal inició en abril del 2017 y pareciera no avanzar. Uno de los problemas es que se hicieron tres grupos de sindicados; cada grupo está en una etapa procesal distinta. En el caso del primer grupo, donde se encuentran Carlos Rodas, Anahy Keller y Santos Torres (exsecretario de de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia [SBS], exsubsecretaria de la SBS y exdirector del Hogar Seguro, respectivamente), concluyó en su etapa intermedia y los tres acusados fueron enviados a juicio. Este debate debía haber comenzado en el mes de febrero del 2019, pero tiene una nueva fecha fijada para finales de mayo.
El segundo grupo de sindicados está integrado por el actual procurador de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Harold Flores Valenzuela; la exdefensora de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Gloria Castro; la subinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín; el subcomisario Luis Armando Pérez Borja; y Brenda Chamán, jefa del “Departamento de protección especial contra el maltrato en todas sus formas” de la SBS. La etapa intermedia finalizó en el mes de marzo; todos los sindicados fueron enviados a juicio oral y público.
Según abogados querellantes y fiscales del Ministerio Público, ambos grupos pueden juntarse en el debate programado para el próximo mes. Esto aún está por confirmarse, mientras algunos amparos interpuestos por abogados de la defensa sigan sin ser resueltos.
Un año después de la tragedia, el Ministerio Público pidió una orden de arraigo en contra de la jueza Rocío Albany Murillo, quien no se presentó a realizar la exhibición personal en favor de las y los menores, la tarde del 7 de marzo del 2017 —un día antes de la tragedia—. Murillo y su secretario, Romeo Miranda, emitieron, además, un informe falso. Luego de un proceso de varios meses, finalmente la jueza perdió la inmunidad y ambos fueron enviados a un proceso penal. De haber realizado su trabajo, se hubiera evitado la tragedia del 8 de marzo.
En el grupo de Murillo y Miranda, también se inició el proceso penal contra Ofelia María Pérez Campos, quien en calidad de coordinadora del área ‘Mi Hogar’ —donde se encontraban las menores de 13 a 17 años de edad—, coordinó y ordenó que las menores fueran encerradas en el salón de clases de 6.8 x 7 metros cuadrados en donde fenecerían. Esto percatándose de las graves condiciones en las que se encontraban encerradas —según la acusación del Ministerio Público—. Finalmente, a este grupo fue integrada Crucy Flor de María López, quien siendo monitora de un centro de detención para menores, se encontraba en las afueras del Hogar Virgen de la Asunción la noche del 7 de marzo y, abusando de sus poderes, roció con gas pimienta a las y los adolescentes. Por estos delitos, los cuatro enfrentan un caso penal que actualmente se encuentra en etapa de primera declaración. Se espera que estas audiencias continúen la tercera semana de abril.
Las familias de las víctimas mortales y sobrevivientes se encuentran preocupadas por el tiempo que ha llevado este proceso y por la poca disponibilidad del juez Rodolfo Laynez, quien posterga constantemente las audiencias, argumentando exceso de trabajo.
De los 12 sindicados, cinco se encuentran en prisión. A criterio del juez, existe peligro de fuga y obstaculización de la verdad. Varios policías testigos denunciaron amenazas por parte del subcomisario Borja y la subinspectora Lucinda Marroquín —ambos de la PNC—. Los otros tres sindicados —Anahy Keller, Santos Torres y Carlos Rodas— guardan prisión preventiva por su alto grado de responsabilidad en el caso.
La situación actual de 14 de las 15 niñas sobrevivientes no es la mejor ni por asomo. Si bien reciben una pensión vitalicia por parte del gobierno, esta no cubre sus necesidades totales, sobre todo por las condiciones físicas de muchas de ellas. Una sobreviviente aún se encuentra en Estados Unidos —nueve de las sobrevivientes fueron llevadas al hospital Shriners en ese país, para el tratamiento de lesiones graves—. Ella es la sobreviviente en peores condiciones: sufrió amputaciones de extremidades y rostro; sus quemaduras sobrepasan el 90% de la superficie corporal. El Gobierno de los Estados Unidos le otorgó una visa humanitaria y una residencia temporal mientras su condición mejora.
Hasta el momento, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, tiene una inmunidad que le permite no responder ante un juzgado sobre su implicación en el caso. Muchos han sido los esfuerzos para que sea llevado a la corte. Durante el motín, estuvo en constante comunicación con su asesor —quien se encontraba en las afueras del hogar la noche del 7 de marzo— a quien ordenó movilizar más agentes de la Policía Nacional Civil para reprimir de forma violenta a las y los menores intentaban escapar de las condiciones inhumanas en las que vivían. Las familias tienen la esperanza de que luego de la toma de posesión del nuevo presidente o presidenta de Guatemala, Morales pueda rendir cuentas por este y otros delitos que se le acusan.
