Por Rony Morales
21 de abril del 2019
El 16 abril del 2019, la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, junto a miembros de la Policía Nacional Civil, a solicitud del Juzgado B de Mayor Riesgo, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, detuvieron a siete policías por la muerte de tres personas de origen q’eqchi’, el 15 de agosto de 2014, durante una manifestación pacífica en defensa de la tierra y el territorio, en Samococh, Chisec, Alta Verapaz.
El 15 de agosto del 2014, en Samococh, perteneciente al municipio de Chisec, Alta Verapaz, miembros de la Policía Nacional Civil participaron en un fuerte operativo, realizando varios desalojos violentos y allanamientos. Este buscaba detener a líderes y lideresas comunitarias, esto por la problemática provocada por la empresa transnacional Energuate en esa región. El resultado fue el asesinato de tres comunitarios: Sebastián Rax Caal, de 29 años, Luciano Can Cujub, de 40 años, y Óscar Chen Quej, de 22 años.
Entre los capturados se encuentran el oficial primero Rigoberto, Caal Rax, de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, en San Pedro Carchá; el oficial primero, Jorge Oswaldo Flores Xol, destinado a la comisaría 51 de Cobán, el oficial segundo Carlos Augusto Solval Tunay, del Distrito Central, zona 1; el oficial tercero, Santos Juárez Juárez, jefe del Núcleo Reserva Comisaría 51, Cobán. También la inspectora Brenda Alicia Barrios Tuquier, de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, y el agente de la PNC, Marvin Leonel Cisneros López, destinado en la División Especializada en Investigación Criminal.
El pasado 4 de enero del 2017 en la Torre de Tribunales, se desarrolló la primera audiencia donde se detuvieron a 19 agentes de la Policía por los mismos delitos, ellos son el exsubdirector de operaciones de la Policía, Pedro Esteban López García, así como el subcomisario Gonzalo Rigoberto Calderón Véliz.
También los oficiales segundos Elber Indolfo Cifuentes Miranda, Julián Bacilio Barrios Pérez, Juan Luis López y López. Así también los oficiales terceros, Hermelindo García García, Lorenzo Santos Suy y Edwin Rolando Martínez Salazar.
Los inspectores Moisés David Archila Trujillo, Andrés Waldemar Martínez Díaz, Gilberto Hernán Cortez Estrada. Los subinspectores, Uriel Severino González Miranda, Carlos Vinicio Contreras Rodas, Víctor Joel López Sumpalaj, Ruvelsi Felipe González López.
En total van siendo capturados 26 agentes de la PNC, puestos a disposición de la justicia en la Torre de Tribunales, por los delitos de incumplimiento de deberes, omisión de denuncia y ejecución extrajudicial.
Los hechos (agosto 2014)
Tres indígenas q’eqchí fueron asesinados como resultado de la acción de la Policía, que disparó con armas de fuego después de acabárseles las bombas lacrimógenas, según testimonios de los presentes. En horas de la tarde de ese viernes, 15 de agosto, cinco personas fueron detenidas de manera arbitraria. Más de 60 heridos en dos días y el secuestro de dos personas más, fue el resultado del accionar de Gobernación y la PNC en Alta Verapaz.
El Ministerio de Gobernación planificó y preparó la movilización de miles de agentes de varios departamentos, su objetivo era el de realizar el desalojo de las comunidades a la orilla del río Dolores: Monte Olivo, 9 de Febrero y otras.
Desde el miércoles 13 de agosto realizaron el primer intento, el uso excesivo de la violencia del Estado chocó con la decisión de las comunidades de defender la vida y el territorio, esto impidió que la PNC lograra realizar el desalojo.
La orden entonces sería regresar, reforzar con más agentes y unidades motorizadas. A la fuerza de la PNC se sumarían trabajadores o cuadrilleros de uno de los finqueros señalados de múltiples violaciones de los derechos humanos, asesinatos y despojo.
Luego de realizar la destrucción de las casas de 50 familias en la comunidad ‘9 de Febrero’, volvieron a concentrar parte de la fuerza policial y se retiraron del lugar, con ellos las cuadrillas de trabajadores de los finqueros y la maquinaria que usaron para remover las casas de la población.
En la comunidad Monte Olivo quedó instalado un campamento de la PNC con 80 agentes y equipo antidisturbios dentro de un terreno privado. La presencia de este grupo de agentes no permitió que la población pudiera regresar a sus hogares por el temor de más represión o del secuestro de personas, como está ocurriendo en otras partes del municipio.
Doce comunitarios q´eqchi´ quedan en libertad al ser hallados inocentes de la muerte de tres campesinos
10 de mayo de 2017. El Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz, dirigido por el juez unipersonal Williams Arturo Chen, declaró sin lugar las acusaciones del Ministerio Público (MP) contra los doce comunitarios q´eqchi´ de la aldea Samococh, municipio de Chisec, quienes fueron acusados por los delitos de “atentado con agravaciones específicas”, supuestamente por agredir a tres agentes de la Policía Nacional Civil el 15 de agosto del 2014.
El contexto del caso de Samococh se dio porque el Estado y las empresas ven a los comunitarios como el enemigo inmediato frente a los intereses de explotación de Alta Verapaz. La comunidad cuida, conserva y protege su territorio. La criminalización y la judicialización son resultado de las acusaciones que involucran de forma directa a la empresa trasnacional Energuate en la región.
