Caso Berta Cáceres: Misión de Observación Calificada muestra preocupación por proceso de justicia

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Créditos: berta tres
Tiempo de lectura: 4 minutos
Ilustración: hispanTV

Por Stef Arreaga

15 de abril del 2019

El 2 de marzo del 2016, la lideresa indígena hondureña Berta Cáceres, fue asesinada en el interior de su casa tras haber denunciado públicamente a una empresa hidroeléctrica que afectaba a varias comunidades, y por ser defensora de los derechos humanos y de la tierra.  Luego de un proceso largo y viciado, finalmente hubo una sentencia en contra de los siete perpetradores del crimen. A pesar de ello, continúan habiendo situaciones legales irregulares, las cuales son señaladas por parte de una Misión de Observación Calificada, conformada por organizaciones de derechos humanos de Canadá, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Ginebra, España, Francia, Italia, entre otros, quienes muestran preocupación por una serie de situaciones que no están apegadas a derecho y que por lo tanto les imposibilita entregar un informe final, dado que la sentencia aún no ha sido notificada.

Berta Cáceres, la activista por la vida

Berta Cáceres era una líder indígena lenca, originaria de La Esperanza, Intibucá, occidente de Honduras. Madre, mujer, amiga, compañera y  defensora de la tierra y de la vida,  referente de la defensa de los derechos humanos a nivel regional, nacional e internacional.  Asumió un rol importante en la reivindicación de los derechos de las comunidades originarias que estaban siendo afectadas por megaproyectos, lo que la hizo un blanco de amenazas y agresiones constantes.   En el 2009, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos  (Cidh) le otorgó medidas cautelares, lo que significa que el gobierno de su país debía protegerla.

Berta denunció y evidenció los daños causados por parte del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa).   A partir de ahí, la persecución fue mucho más intensa: comenzaron las amenazas, intimidaciones, difamaciones y represalias en contra de ella. Hasta que el 2 de marzo del 2016 fue vilmente asesinada en el interior de su casa, justo dos días antes de cumplir 45 años.  En ese momento también intentaron asesinar a su amigo Gustavo Castro, un defensor de la Madre Tierra y de los derechos humanos de México que estaba visitándola y a quien lograron herir de gravedad.   La hija de Berta, Laura Zúñiga, indicó que antes de que las autoridades competentes levantaran el cuerpo de la escena del crimen, ya estaban asegurando que se trataba de un “crimen pasional”.

En búsqueda de la justicia

En 2018, bajo presión fuerte de parte de la familia de Berta, de su organización (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras [Copinh]), de aliados hondureños y de otros países, un tribunal halló culpable a siete de ocho acusados (incluyendo militares y empleados de la hidroeléctrica Desa) por haber cometido el crimen bajo un plan preconcebido y con diferentes roles atribuidos. Pero los culpables eran apenas los autores materiales; los autores intelectuales de este crimen aún siguen sin ser tocados por la justicia.

En un reciente comunicado, las Organizaciones de la Misión de Observación Calificada, luego del fallo del primer juicio por el asesinato de Berta, expresaron preocupación por el retraso de la justicia.  Indican que, según el Código Procesal Penal de Honduras, la sentencia debió haberse entregado dentro de los cinco días posteriores al fallo oral, lo cual hasta el momento no ha sucedido, violando el debido proceso, el derecho a una sentencia en un plazo razonable y también el derecho a impugnar dicha resolución dentro de los plazos previstos por la ley.

La Misión constató que a lo largo del proceso se mostraron diferentes debilidades estructurales del sistema de justicia hondureño, que hasta el momento continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población.  Dentro de las debilidades está la falta de resolución oportuna de recursos judiciales, omisión de investigación de la autoría intelectual de los hechos y limitación de los derechos de las víctimas.

La Misión de Observación Calificada, también recalca la importancia del desenlace de este primer proceso, que por supuesto, constituye un primer paso en el camino hacia los imperativos de justicia y verdad, sobre todo porque acredita una verdad sobre los hechos que coincide con las afirmaciones y planteamientos de las acusaciones privadas desde el inicio de la investigación: que fue asesinada por su condición de líder social y activista de derechos humanos y que las personas sentenciadas fueron los autores materiales y ejecutores de su asesinato.

El comunicado concluye asegurando que “el procesamiento, enjuiciamiento y condena de los responsables materiales e intelectuales del crimen, es una obligación y necesidad para el Estado y la sociedad hondureños, con el fin de garantizar la justicia, la verdad sobre los hechos, así como la garantía de no repetición de hechos similares”.

Vea el comunicado a continuación:

Autoría y edición

Investigadora, periodista y diseñadora gráfica.

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