Una amnistía con sello de impunidad para beneficiar a los criminales de guerra

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Créditos: cejil
Tiempo de lectura: 5 minutos
Foto: CEJIL

Por Nelton Rivera

12 de marzo 2019

En Guatemala los principales criminales, altos mandos militares responsables de dirigir la represión durante los 36 años de guerra, buscan beneficiarse a través de un grupo de congresistas —nada probos—  de una amnistía total por los crímenes que cometieron, aun si, de forma incuestionable, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

Los perpetradores del horror quieren recetarse unas vacaciones tranquilas por el resto de sus vidas, como un premio por las desapariciones forzadas, aldeas masacradas, detenciones y desapariciones, tortura y violaciones sexuales. Ese sería el resultado de aplicarse la amnistía que se está promoviendo en el Congreso con la ley 5377. Ley caricaturesca, infame y, por supuesto, peligrosa.

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Siete jueces que forman parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación por el incumplimiento de la sentencia Molina Theissen por parte del Estado de Guatemala. Ven como un obstáculo la intención del Congreso por aprobar la ley 5377 con reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. Con estas reformas, Guatemala prácticamente estaría violando sus propias normas constitucionales, convenios internacionales de derechos humanos y cometiendo una falta seria, al incurrir en una grave  responsabilidad internacional. Por no decir que es bastante obvio que la iniciativa es una salida política para beneficiar a los criminales de guerra.

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La familia Molina Theissen acudió a la Corte Interamericana para denunciar —como lo han hecho en todas las audiencias anteriores— que los últimos cuatro gobiernos se niegan a acatar la sentencia, que el Ministerio de la Defensa no entrega información sobre este caso que permitiría ubicar el paradero del niño, y que tampoco hay información sobre los 45 mil desaparecidos registrados en los informes de la verdad.

A su preocupación se suma la propuesta de amnistía que se discute en el Congreso y la complicidad del gobierno de Jimmy Morales con este proyecto de impunidad.  Cada una de ellas solicitó a los jueces de la Corte que se garantice la creación de la comisión específica para buscar a Marco Antonio.

La Corte escuchó las voces de doña Emma Theissen —madre de Marco Antonio— a María Eugenia, Ana Lucrecia y Emma Guadalupe Molina Theissen —hermanas del mismo—, quienes insistieron en el peligro de amnistiar a los criminales del horror en Guatemala y de cerrar toda posibilidad a las víctimas por lograr justicia.

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Impunidad y amnistía

La iniciativa de ley 5377, propuesta por el diputado Fernando Linares Beltranena —un veterano dinosaurio de la contrainsurgencia— busca reformar la ley de Reconciliación Nacional de 1994. Con la reforma permitirían que en 24 horas todos los criminales condenados por delitos de lesa humanidad recuperasen su libertad, lo mismo para los militares que están en prisión preventiva con procesos penales o juicios abiertos.

De forma milagrosa la amnistía detendría las decenas de ordenes de captura contra oficiales del Ejército, comisionados militares y patrulleros de auto defensa civil a quienes las autoridades de seguridad continúan buscando —sin mayores esfuerzos, como el caso del diputado y coronel Edgar “Puñalito” Ovalle—. Tampoco se podría investigar ningún otro delito del mismo tipo, y la Unidad Fiscal de Delitos Cometidos en el Conflicto Armado Interno podría desaparecer.

Esta preocupación es compartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, familiares de desaparecidos, víctimas de la guerra, organizaciones de derechos humanos, aunque, claro, debería de ser una preocupación de la sociedad guatemalteca en general. El Estado de Guatemala fue condenado en 2004 por la detención y desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en 1981. Desde la condena se ha minado toda iniciativa de cumplir con la sentencia, especialmente con la creación de la comisión específica para la búsqueda de Marco Antonio.

La Corte revisó el cumplimiento de la sentencia —que el Estado no quiere cumplir— a través de una vista pública en el 130 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, realizado en Costa Rica el 11 de marzo de 2019, que duró más de dos horas.

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El Estado y las excusas

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente de la Corte, interpela al Estado guatemalteco: “Quisiera preguntar a la delegación del ilustre Estado, ¿por qué  no puede responder? Es decir, sobre el artículo 5 del decreto que reforma la ley de Reconciliación Nacional. Estamos frente a una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia. La pregunta es ¿este decreto es contrario a lo que ordena la sentencia? Y usted nos dice que no puede responder porque no tiene facultades para ello, ¿pero por qué, no lo logro comprender?”. 

Jorge Luis Borrayo de COPREDEH representante del Estado. Foto: CEJIL

Jorge Luis Borrayo, representante de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), asumió la representación del Estado ante la Corte y se dedicó a dar excusas del no cumplimiento de la sentencia Molina Theissen. Borrayo Reyes durante la vista pública se colocaba y retiraba los lentes para leer mientras respondía de forma esquiva las preguntas de los jueces de la Corte. A sus 73 años de edad y tratando de ocultar las canas detrás del tinte para pelo, se limitó a decir que no podía responder a las preguntas en relación a la ley 5377:

“Pido que se respete la independencia de poderes, por ser una república. El Ejecutivo no puede intervenir en un poder como el Legislativo.”

En una de sus intervenciones pidió una audiencia privada, para tener más “libertar” de argumentar sus explicaciones —bastante escuetas en esta ocasión—. También hizo referencia a la posibilidad de viajar con una delegación ampliada, incluso aludió a una visita anterior con la participación de un diputado, magistrados y abogados —la vez que Jimmy Morales recurrió a una mega delegación para justificar su reprobación ante el examen periódico universal en Ginebra en 2018— hace un año exactamente.  

Junto a Borrayo Reyes, viajó en 2017 el diputado Estuardo Galdámez[1] —firmante de la ley 5377—, uno de los diputados más cuestionados por su vínculo con el grupo del pacto de corruptos dentro del Congreso, miembro de la actual junta directiva de este y acusado de dirigir una red criminal en el departamento de Quiché, publicado en el artículo: En Guatemala, El Viejo Poder Paramilitar Reencarna A Favor De Los Megaproyectos


[1] Nómada. “El viaje de 20 funcionarios de Jimmy a Suiza para defender su visión del Estado”. 13 de marzo 2018. https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/para-que-viajaron-20-funcionarios-de-jimmy-a-suiza-para-defender-su-vision-del-estado/

Autoría y edición

Director de Investigación en | Web

Historiador y foto periodista, fundador de Prensa Comunitaria y miembro del equipo de investigación Green Blood y Colibrí Zurdo. Columnista en desInformémonos México #Periodismo #PrensaComunitaria #Investigación

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