Créditos: trecsa
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Foto: David Toro

Por David Toro

19 de marzo 2019

Pobladores de municipios afectados por los proyectos de Trecsa, junto a abogados de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) han pedido que se cumpla con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que declaró inconstitucional el acuerdo gubernativo 145-2013 que otorgó permiso a Trecsa para construir torres eléctricas en Guatemala.

En el 2013 el gobierno de Otto Pérez Molina aprobó de urgencia nacional  el acuerdo gubernativo 145-2013 que otorgó a la empresa colombiana Transportadora de Energía de Centroamérica SA (Trecsa) la facultad de construir torres de transmisión eléctrica en 70 municipios del país, sin consulta previa a las comunidades y con la prioridad de transportar energía para proyectos extractivos en el país.

En enero la Corte de Constitucionalidad resolvió anular el acuerdo gubernativo que facultaba a esta empresa para operar en Guatemala. El director de la CIJ, Ramón Cadena, aseguró que esta sentencia dejó fuera del ordenamiento jurídico a Trecsa. Por lo tanto, sus proyectos deberían quedar anulados. Sin embargo, la sentencia no ha quedado firme debido a que la  Comisión Nacional de Energía Eléctrica (Cnee), pidió a la CC  que se aclare uno de los puntos de la sentencia. La CC no ha respondido a este recurso, hasta que lo haga la sentencia podrá ser publicada en el diario oficial para que tome vigencia.

Trecsa tenía inicialmente un plan  de construcción de 863 kilómetros de nuevas líneas de transmisión de 230 kilovoltios, y 24 obras entre las que se incluyen ampliaciones y construcción de nuevas subestaciones. A la fecha Trecsa ha avanzado el 74%,  es decir más de 500 kilómetros.

“El desarrollo no es para el pueblo de Guatemala, esto es de urgencia solo para ciertas empresas”

Comunitarios de San Pedro Ayampuc, donde las torres de Trecsa ya han sido instaladas, señalan que los supuestos beneficios que la empresa ofreció nunca llegaron, y aseguran que este proyecto, aprobado como urgencia nacional, solamente produce para la exportación de energía eléctrica y para la alimentación  empresas mineras y extractivas.

En el municipio de Santa Lucía Utatlán, los pobladores se organizaron para no permitir a Trecsa construir encima de su territorio. El alcalde indígena, Ramón Ixcol Chávez, señaló que se encuentran en resistencia y que han sido criminalizados: “dicen que nosotros no queremos el desarrollo de Guatemala, pero este proyecto (Trecsa) no beneficia a los pueblos arrinconados del país”, señaló Ixcol durante una entrevista.

Según los comunitarios, son 77 municipios donde Trecsa ha construido o pretende construir torres eléctricas. En la mayoría de estas comunidades hay recursos hídricos (ríos, lagunas) que han sido afectados por el avance de esta empresa.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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