Para producir energía eléctrica hay que criminalizar autoridades comunitarias

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Foto: Nelton Rivera

Por Nelton Rivera

12 de marzo 2010

Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, ambos autoridades del pueblo q’anjob’al, son ampliamente reconocidos por su trayectoria social; uno como luchador social y el otro como promotor de la salud. Los dos fueron presos políticos en 2015-2016 por oponerse a la construcción de una serie de hidroeléctricas en por lo menos tres municipios del territorio norte de Huehuetenango. Su papel al frente de las demandas colectivas de miles de personas que forman parte de su pueblo, los colocó en la mira de las acciones de las empresas, ahora deberán enfrentar un tercer juicio acusados por otra hidroeléctrica en Huehuetenango. Fueron absueltos de los dos anteriores.

En el Tribunal de Sentencia de Huehuetenango, se programó para el 12 de marzo 2019 una audiencia para juntar dos acusaciones, una incluye a Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar en la causa penal AJ 02-2014; la segunda incluye a Brigido Antonio Juárez.

Los supuestos agraviados —trabajadores de la empresa Cinco M—, no asistieron al inicio del juicio, lo que tomó por sorpresa al juez. Tampoco llegó el representante legal de Cinco M; solamente Amarilis Navas Portillo, abogada de la empresa. Ante la inasistencia de todas estas personas —cinco por lo menos—, el juez decidió suspender el inicio del juicio, y ordenó a la empresa que, sin excusas, localice a cada uno de sus trabajadores para que se presenten al debate. Luego suspendió la audiencia y no se reprogramó, habrá que esperar que les notifique el tribunal por escrito la próxima fecha.

Este juicio se viene arrastrando desde el 2015. Se pospuso en 2016, 2017, 2018 y ahora está programado para iniciar el 1 de abril de 2019, si la empresa no encuentra otra excusa para suspenderlo.

La larga lista de acusaciones penales    

Durante tres años, luego de recuperar su libertad, en una sentencia histórica donde la jueza Yasminn Barrios los declaró inocentes por el Tribunal de Mayor Riesgo A en 2016, fueron notificados que la empresa Cinco M, dueña del proyecto Hidro San Luis, los había denunciado penalmente por la supuesta quema de una maquinaria tres años antes.

Para Rigoberto y Domingo este es el tercer proceso penal y el segundo que llega a juicio. En el caso de Rigoberto existen más de 10 acusaciones en su contra, detrás están las empresas, y la lista podría seguir creciendo.  Nuevo intento por afectar a las autoridades ancestrales detenidas por defender el agua

En Guatemala una parte del sector empresarial vinculado a la producción energética, se hizo de licencias para construir hidroeléctricas en muchos lugares del país. En la mayoría de licencias —por no decir en todas—, se obvió la existencia de los habitantes, comunidades indígenas o mestizas. La corrupción en el Estado, en ministerios como el de Energía y Minas o Medio Ambiente, les facilita obtener una porción jugosa del pastel llamado Guatemala.

En Jolom Konob’, que en q’anjob’al significa “Cabeza de Pueblo”, se repite esa historia de saqueo extractivo exprés: con tal facilidad las empresas obtienen las licencias para construir hidroeléctricas y aplican la receta —dividir a la comunidad, criminalizar a sus autoridades, colocar denuncias penales y lograr la cárcel a los opositores.

En Santa Eulalia —Jolom Konob’— la porción del pastel es para la empresa Cinco M SA. Iván Ovalle Altuve aparece como el representante legal de esta hidroeléctrica, llamada Proyecto Hidroeléctrico San Luis. Altuve da la cara conocida de esta empresa que pretende producir 40MGW, una producción altísima de energía para la venta en el mercado internacional, nada despreciable para la sociedad con el Ingenio Magdalena —uno de los negocios de los Leal Pivaral, Leal Mencos y Leal Toledo[1], uno de ellos vinculados a casos de corrupción… Mario Roberto Leal Castillo, uno de los principales directivos del ingenio, es prófugo de la justicia guatemalteca.

La empresa ya perdió miles de dólares al tener suspendido el proyecto. La Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional a favor de la Municipalidad de Santa Eulalia y el pueblo q’anjob’al, por la empresa violar la leyes estatales para operar. Esto explica la virulencia de las acusaciones penales en contra de las autoridades comunitarias…


[1] Nelton Rivera. CIESAS: “Jolom Konob”: El pueblo de Santa Eulalia y la agresión empresarial. CIESAS, México. Noviembre 2013. https://comunitariapress.wordpress.com/2013/11/28/ciesas-jolom-konob-pueblo-de-santa-eulalia-y-la-agresion-empresarial/

Autoría y edición

Director de Investigación en | Web

Historiador y foto periodista, fundador de Prensa Comunitaria y miembro del equipo de investigación Green Blood y Colibrí Zurdo. Columnista en desInformémonos México #Periodismo #PrensaComunitaria #Investigación

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