10 de marzo 2019
El camino de impunidad que han elegido el presidente Jimmy Morales, su hermano, su hijo y la primera dama, no parece depararles nada bueno. Igual para el grupo de diputados que por tránsfugas no podrán candidatearse y ocupar un puesto de elección popular que les garantizaría cuarto años más de inmunidad.
La Ley Magnitsky sigue avanzando en el senado de los Estados Unidos, busca sancionar a cualquier funcionario estatal guatemalteco que atente en contra de la justicia. La Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho de Guatemala busca sancionar a los corruptos guatemaltecos con la pérdida de visados, sanciones financieras y bloqueo de activos económicos, afectando directamente sus fortunas obtenidas a costas de corromper al Estado.
Esta ley queda a la medida —por si hace falta decirlo— de ministros y funcionarios públicos de este gobierno, pero la ley tiene un alcance mayor, puede incluir a los funcionarios de los gobiernos anteriores, quienes construyeron redes de corrupción e impunidad en alianza con una buena parte del sector empresarial aglutinado en el CACIF.
El contraataque de los políticos de la impunidad, se hizo más manifiesto con la expulsión del país del comisionado Iván Velásquez, el bloqueo del trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a tal punto que el gobierno rompió de manera unilateral el convenio internacional firmado con las Naciones Unidas para poner “fin” al acuerdo que le dio vida a la Cicig en Guatemala, que finaliza en septiembre de 2019 con la posibilidad de renovarse.
Asimismo las leyes regresivas en materia de derechos humanos, que promueven los diputados del “pacto de corruptos” desde el Congreso de Guatemala, como la aprobación de la ley de Amnistía total para los criminales de lesa humanidad, el debilitamiento de la Policía Nacional Civil, el debilitamiento del Ministerio Público y el mal uso de los recursos proporcionados por los Estados Unidos para el combate al narcotráfico. Son algunos de los motivos que cansaron la paciencia de los senadores y senadoras estadounidenses, que ven en la impunidad uno de los riegos más serios y alarmantes para el país.
Una ley con dedicatoria especial para los criminales de cuello blanco
La ley Magnistky fue promovida por los senadores Torres y McGovern, quienes se unieron para presentar el proyecto de ley. En un comunicado publicado en el sitio oficial de la senadora Norma Torres, se hace referencia a los patrocinadores originales de esta ley anticorrupción.[1]
Estas son las posturas de los senadores para promover esta ley:
“Frente a las denuncias de corrupción, el presidente guatemalteco Jimmy Morales se ha aliado con actores criminales y corruptos que intentan frustrar la justicia a cualquier costo. Ordenó la remoción de una comisión anticorrupción financiada por los Estados Unidos, diezmó el liderazgo de la Policía Nacional Civil, atacó la independencia del poder judicial y usó sin vergüenza los Jeeps J8 de Estados Unidos para intimidar al personal diplomático de los Estados Unidos”, dijo la representante Torres. “El Congreso debe defender al pueblo guatemalteco y su larga lucha para construir una democracia estable y próspera. A menos que actuemos ahora, Guatemala está en riesgo de descender a la anarquía, y veremos las consecuencias en nuestra frontera sur”.[2]
Por su parte, el representante McGovern manifiesta: “Los líderes guatemaltecos, incluido el presidente Jimmy Morales, deben saber que la comunidad internacional está observando. No permaneceremos en silencio mientras se enriquecen, socavan el estado de derecho y persiguen a los defensores de los derechos humanos (…) Las sanciones específicas incluidas en este proyecto de ley dejarán en claro que Estados Unidos no se sentará de brazos cruzados mientras los funcionarios gubernamentales corruptos de alto rango engañan al pueblo guatemalteco de su prosperidad y su futuro”.[3]
“Este proyecto de ley afirma nuestro apoyo a las iniciativas anticorrupción, la justicia y la responsabilidad en Guatemala”, dijo el senador Cardin, autor de la Ley Global de Responsabilidad por los Derechos Humanos de Magnitsky. “La corrupción exacerba la inseguridad, la [in]gobernabilidad y los desafíos económicos que impulsan a tantos guatemaltecos a abandonar sus hogares. Esta ley confirma el compromiso de los Estados Unidos con el Estado de derecho, al tiempo que garantiza un uso más eficiente y apropiado de la asistencia de los Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración”.[4]
“Este proyecto de ley es una respuesta directa a las acciones flagrantes de los funcionarios en Guatemala para subvertir el Estado de derecho”, dijo la senadora Leahy. “Ya sea expulsando al Comisionado de la CICIG, buscando expulsar a los magistrados de la Corte Constitucional o amenazando a los candidatos políticos, la corrupción y el abuso de poder están impulsando esta tendencia alarmante y atrasada. Este proyecto de ley deja en claro que los funcionarios públicos y sus asociados que participan en actos de corrupción, y que trabajan para socavar la independencia del poder judicial, pagarán un precio muy real”.[5]
[1] Torres, McGovern, Cardin y Leahy presentan un proyecto de ley bicameral para imponer sanciones específicas a los funcionarios guatemaltecos que atentan contra la justicia. 7 de marzo 2019. https://torres.house.gov/media-center/press-releases/torres-mcgovern-cardin-leahy-introduce-bicameral-bill-impose-targeted
[2] Id.
[3] Id.
[4] Id.
[5] Id.
