Guatemala: persiste ambiente hostil para defensores de derechos humanos

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Créditos: denuncia claudia
Foto: impacto.gt

Por Amnistía Internacional

28 de marzo 2019

Amnistía Internacional expresa su preocupación por la persistencia de obstáculos y limitaciones indebidas de la labor de quienes defienden los derechos humanos en Guatemala por parte de las autoridades.

El 22 de marzo de 2019 se dio a conocer públicamente la denuncia penal presentada por el Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra los defensores de derechos humanos Claudia Samayoa, Presidenta de la Junta Directiva de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) y José Manuel Martínez Cabrera, miembro del colectivo Justicia Ya. Los defensores fueron acusados de haber obtenido ilegalmente la copia de una resolución emitida por la Corte el 9 de enero. Esta resolución, que también habría sido circulada en redes sociales y medios de comunicación, fue aportada como prueba de la querella penal presentada el 17 de enero de 2019 por los dos defensores contra los integrantes de la CSJ, incluyendo su Presidente.

Esta denuncia penal contra defensores de derechos humanos se enmarca en un contexto de ataques continuos contra quienes defienden los derechos humanos en Guatemala, incluyendo campañas de difamación y estigmatización en redes sociales, así como amenazas, intimidaciones y asesinatos como consecuencia de sus actividades. Amnistía Internacional ve con preocupación los 26 asesinatos de defensores de derechos humanos registrados durante el año 2018, una cifra en aumento en comparación con los años anteriores, así como los discursos emanados de autoridades públicas que estigmatizan y desacreditan a las y los defensores de derechos humanos ante la opinión pública.

La apertura de procesos judiciales infundados para intimidar, hostigar y desgastar a defensores y defensoras de derechos humanos es otra de las prácticas que Amnistía Internacional ha denunciado por años en Guatemala. Desde la publicación en 2016 del informe Defendemos la Tierra con Nuestra Sangre, la organización ha recibido información sobre nuevos procesos penales iniciados contra defensores y defensores como consecuencia directa de sus labores, que siguen abiertos en el Ministerio Público por meses o años y pueden conllevar la privación de libertad de la persona acusada.

Por otra parte, la organización ha documentado con preocupación diversos intentos legislativos que tendrían como fin obstaculizar la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Desde el pasado mes de febrero, en varias ocasiones se agendó en el Congreso de la República la discusión de la iniciativa de ley 5257 que propone modificar la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Amnistía Internacional y varios expertos internacionales de derechos humanos, incluyendo al Relator de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos, manifestaron su preocupación por esta propuesta de ley que pone en riesgo los derechos a defender derechos humanos, a la libertad de expresión y de asociación.

La iniciativa otorgaría amplios poderes al gobierno para suspender definitivamente las actividades de una organización por causas vagamente definidas como la alteración del orden público, un término ambiguo cuya interpretación podría llevar al cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil y la imposición de sanciones penales para aquellos defensores de derechos humanos que las integren. La tercera y última discusión de la ley en el Congreso previa a su aprobación no pudo tener lugar por falta de quorum, pero podría ser reagendada en cualquier momento.

Amnistía Internacional exhorta a las autoridades guatemaltecas a reconocer públicamente la labor de las defensoras y defensores en Guatemala y garantizar un entorno seguro y propicio para que puedan realizar su labor sin miedo a sufrir represalia, absteniéndose de aprobar leyes que obstaculicen sus actividades legítimas como la iniciativa 5257 y de utilizar indebidamente el sistema de justicia para intimidar, acosar y desacreditar a las defensoras y los defensores. En este sentido, el Ministerio Público tiene la gran responsabilidad de identificar los procesos penales abiertos contra las personas defensoras de los derechos humanos donde no haya fundamento para continuarlas, y cerrar las mismas o solicitar a los jueces respectivos su cierre por falta de fundamento.

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