GINEBRA (6 de marzo de 2019) – La Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó el
miércoles su preocupación acerca de la posibilidad de que el Congreso de
Guatemala apruebe una enmienda a la Ley sobre Organizaciones no
Gubernamentales para el Desarrollo que limitaría considerablemente la
labor de los defensores de derechos humanos y de la sociedad civil en
general.
El proyecto de enmienda, cuya discusión en tercer debate está prevista
para hoy, introduce requisitos y controles administrativos aplicables a
ONG nacionales e internacionales, que en la práctica podrían usarse de
manera discrecional o arbitraria para limitar la labor de las entidades
de la sociedad civil.
“Lamento que el Congreso haya seguido adelante con el procedimiento de
aprobación de esta enmienda, a pesar de las incongruencias que presenta
con respecto a la normativa internacional de derechos humanos, del apoyo
ofrecido por mi Oficina y de las graves preocupaciones que han
manifestado numerosos expertos independientes de las Naciones Unidas y
de la sociedad civil”, declaró la Alta Comisionada.
La iniciativa de ley establece una definición muy estricta de las ONG, y
limita su alcance de una manera que podría menoscabar los derechos a la
libertad de reunión, asociación y expresión.
A fin de obtener autorización para su funcionamiento, las ONG tendrían
que pasar por un complejo procedimiento de inscripción ante diversas
instituciones estatales, pero en la iniciativa de ley no se especifican
los criterios para conceder, rechazar o revocar dichos permisos.
Además de las limitaciones impuestas a la financiación procedente del
exterior, si la reforma se aprueba, todas las ONG inscritas en Guatemala
o que operan en el país estarían obligadas a actualizar su información y
a cumplir con todos los nuevos requisitos en un plazo máximo de seis
meses. Transcurrido este periodo, las que no hubieran cumplido los
requisitos causarían baja automática en el registro y tendrían que cesar
sus operaciones.
Según la iniciativa de ley, las ONG no podrían realizar actividades
susceptibles de “alterar el orden público” y, si lo hacen, podrían ser
clausuradas y sus directores podrían incluso ser imputados, abriendo el
camino hacia la criminalización de activistas de derechos humanos. En el
anteproyecto de ley no se define el término “orden público”.
“Las restricciones que estas reformas entrañan contravienen la
obligación del Estado de proteger y garantizar el espacio democrático
para la sociedad civil, un pilar esencial para la promoción de los
derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”, afirmó Bachelet.
“Recuerdo a las autoridades e instituciones guatemaltecas que la
sociedad civil es un elemento esencial para la protección y promoción de
los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Es preciso
que los Estados creen y mantengan un contexto seguro y propicio para que
las ONG puedan expresar libremente sus opiniones y realizar su trabajo
en beneficio de la sociedad en su conjunto”, dijo Bachelet.
