Durante dos días, el alto tribunal interamericano conoció las graves violaciones de derechos humanos de las que fue víctima Hugo Humberto, en diferentes momentos, desde que fue detenido de manera ilegal y arbitraria en 1997, hasta que fue ejecutado extrajudicialmente en 2005.
Las representantes acreditaron que su captura se desarrolló de manera ilegal y arbitraria; luego, que fue sometido tortura para que confesara los delitos que se le imputaron. Posteriormente enfrentó un proceso judicial en que se le violaron sus garantías judiciales y en el que fue condenado a pena de muerte en contravención de lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Luego de su fuga en el año 2005, fue ejecutado en el marco del “Plan Gavilán”, implementado por la Policía Nacional Civil (PNC) y comandado por el Ministerio de Gobernación.
El caso de Hugo Humberto se enmarca en una serie de operativos policiales de “limpieza social selectiva” y representa las más graves violaciones de derechos humanos cometidas a fines de los años 90’ e inicios del 2000. Estos actos, declaran las representantes, fueron planificados y ejecutados por cuerpos criminales y aparatos clandestinos al interior de la PNC, con tolerancia y complicidad sistemática de parte de las autoridades responsables de investigar estos actos.
El caso fue abierto de oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio 2004, en el marco del proceso por el caso de Raxcacó Reyes. A la fecha, las violaciones de derechos humanos cometidas contra Hugo Humberto continúan impunes.
“Guatemala ha tenido numerosas oportunidades, a lo largo del tiempo, para dar una respuesta a los familiares de Hugo Humberto, que han sufrido la misma estigmatización de la que él fue objeto. Él fue tratado como una persona indeseable para la sociedad y, por tanto, desechable”, señaló Gisela De León, directora jurídica de CEJIL.
A partir de la prueba presentada, las organizaciones solicitaron que se tomen las medidas necesarias al interior del Estado de Guatemala para abordar las causas que configuraron este caso y, de este modo, se impida que hechos similares vuelvan a suceder.
Entre otras reparaciones, solicitaron la depuración PNC, retirar a los elementos que hayan cometido delitos y que no cuenten con capacitación adecuada. Asimismo, pidieron que se investiguen estos hechos para que todas las personas responsables sean investigadas, procesadas y sancionadas, para que la familia de Hugo Humberto pueda reivindicar su derecho a la verdad, justicia y reparación.
“Si no se alcanza justicia por estos casos, y se mantienen en impunidad, no se puede garantizar que no vuelva a ocurrir. Este caso toca temas estructurales que afectan profundamente a Guatemala, como la política de seguridad que promueve la paz para algunas personas mientras vulnera los derechos de otras. Guatemala debe construir políticas que no contemplen ciudadanos/as de primera y segunda categoría”, agregó Alejandro Rodríguez, abogado representante de la familia y miembro del ICCPG.
