Por Rony Morales
El 8 de febrero, se suspendió en Retalhuleu la audiencia de primera declaración de Virgilio García Carrillo, Anabella España Reyes, Virgilio Carrillo y Flavio Vicente, miembros de las comunidades en resistencia (CPR) y otras comunidades acusados de detenciones ilegales, coacción y amenaza acontecidos supuestamente, mientras manifestaban de manera pacífica en la aldea Candelaria del municipio de Champerico. El señor Virgilio Carrillo no se encontraba en la manifestación, ya que estaba cubriendo otras actividades de las CPR.
“Nos organizamos de manera pacífica para dar a conocer la consecuencia de la caña de azúcar, el desvío de ríos que tienen los ingenios. Mediante una mesa de diálogo, los líderes expusieron que no querían la caña de azúcar ya que se puede ver pegada a las parcelas y casas de los campesinos, afectando el cultivo de maíz y la alimentación”, mencionan.
La ambición de los trabajadores del ingenio El Pilar y de ciertos empresarios locales, unido a la negligencia de los gobiernos de turno, crea una situación de conflicto permanente. En las comunidades, la relación con el territorio es muy arraigada e involucra a las familias que viven en Champerico.
La audiencia se reprogramó para el 21 de marzo, ya que el juez de primera instancia de paz, penal y civil, falleció hace algunos días. Para los defensores de derechos humanos, pero sobre todo para la lucha legítima de los pueblos originarios, la justificación de la manifestación está apegada a derechos nacionales y tomaron en cuenta los convenios internacionales que garantizan especialmente la libre expresión de los pueblos.
Las comunidades de población en resistencia, dueñas legítimas de sus tierras, reaccionan ante las amenazas de los capitales transnacionales apoyados por las instituciones del Estado mediante mecanismos de despojo, criminalización, impunidad y división comunitaria.
En entrevista, los comunitarios rechazaron las acusaciones de detenciones ilegales, coacción y amenaza: “Las CPR de la Sierra, llamaron a todas nuestras comunidades a fortalecer la coordinación, a rechazar estas acciones de criminalización y persecución en contra de nuestros líderes, a unirnos con más fuerza para enfrentar las amenazas del gobierno, alcaldes y empresas nacionales y extranjeras”.
A la vez, han tomado una serie de acuerdos, compromisos y resoluciones para mejorar la organización, asegurar la defensa de tierras, ampliar la participación de las mujeres y jóvenes, recuperar sus experiencia de resistencia para luchar por sus derechos, coordinarse con otras comunidades, pueblos y organizaciones.
“A las personas y organizaciones que se solidarizan con nuestras luchas y las luchas de otras organizaciones, queremos solicitarles que mantengan el apoyo en estos momentos de criminalización de los compañeros y compañera (…) que contribuyan a la unidad de nuestras comunidades y que levanten de nuevo la denuncia y solidaridad de los pueblos”, comenta Domingo Ajanel, coordinador CPR.
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