26 de febrero 2019
Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor (Izabal), lleva más de 35 días preso, tras una denuncia por parte de la compañía de níquel CGN Pronico. El lunes 25 de febrero tenía programadas dos audiencias; en una de ellas el juez Édgar Aníbal Arteaga López revisaría las medidas sustitutivas que le permitan salir provisionalmente de la cárcel, la cual fue suspendida y reprogramada tentativamente para el viernes de la próxima semana, según dio a conocer el abogado de su defensa, Santiago Choc.
El abogado defensor también manifestó que “el juez tiene formado ya su criterio de que, por ser líder, y aunque tenga los documentos y las pruebas para desvirtuar todas estas circunstancias, siempre lo va enviar a prisión”. Pop se presentó de forma voluntaria el pasado 22 de enero para su audiencia de primera declaración, el juez decidió enviarlo a prisión y ligarlo a proseso por el delito de detecciones ilegales, sin otorgarle una medida sustitutiva, bajo el argumento de que los documentos que tenía no eran recientes.
¿Cuál fue el motivo de la suspensión de la audiencia?
La abogada de la parte querellante, Cristina Alejandrina Soto Enríquez —CGN Pronico— presentó una excusa por problemas de salud, y fue suficiente para reprogramar la audiencia. Julio Ancelmo Toc, integrante de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, manifestó que “esta suspensión de audiencia es una estrategia para desfavorecer a Cristóbal Pop y afectar a su familia, que depende económicamente de él”.
Pop lucha por defender el Lago de Izabal de la contaminación y la destrucción de los cerros aledaños, provocados por la explotación minera de la compañía de níquel. Recientemente declaró en una entrevista, que se encuentra con la moral alta pese a estar en prisión preventiva, luego de haberse logrado que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución favorable al pueblo de El Estor que ordena se realice una consulta a los pueblos indígenas afectados por la explotación minera.
Para el pueblo q’eqchi, el precio por proteger los recursos naturales ha sido la criminalización, el asesinato y las amenazas. El Estado no sólo guarda silencio ante la preocupación de la población por proteger los recursos naturales, sino que ayuda a las empresas extractivas a criminalizar las luchas de resistencia contra este flagelo antiecológico.
Fotos: Redes
