22 de febrero 2019
El procurador de los derechos humanos, Acción Ciudadana y abogados independientes, presentaron ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), sus argumentos para que se le otorgue un amparo definitivo a la Cicig.
La vista pública desarrollada en la CC este jueves, fue para darle seguimiento a los amparos provisionales otorgados al procurador Jordán Rodas, Acción Ciudadana y el abogado Marco Vinicio Mejía, los cuales pretenden detener la decisión unilateral del Ejecutivo de dar por terminado anticipadamente el acuerdo que da vida a la Cicig. Estos fueron los argumentos presentados por los interponentes, la fiscalía del Ministerio Público y la representación jurídica de la Cicig:
“El presidente se atribuye funciones que no le corresponden”
La presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, le dio la palabra al abogado Marco Vinicio Mejía —quien fuese profesor universitario y asesor de Jimmy Morales—. Durante su exposición, Mejía Dávila, experto en Derecho Constitucional, argumentó que el presidente está usurpando facultades de otras entidades para dar por terminado el mandato de la Cicig. Según la ley, únicamente el Congreso puede realizar un proceso de derogación de dicho mandato, por tanto, solicitó a los magistrados que se otorgue amparo definitivo y dejar sin efecto la decisión de Morales para que la Cicig pueda seguir trabajando hasta septiembre de 2019, fecha en la que vence el mandato.
“La salida de Cicig supone un beneficio personal para el presidente”
El abogado Eddie Cux, de Acción Ciudadana, fue el segundo en tomar la palabra. El amparista explica que Jimmy Morales, como su hijo y hermano, han sido objeto de investigaciones de la Cicig; la salida de dicha comisión supone un beneficio para la familia Morales. Cux se aunó a la petición de Mejia Davila.
“El convenio que da vida a la Cicig es en materia de Derechos Humanos”
El procurador Jordán Rodas Andrade tomó la palabra para unirse a la petición de los otros dos amparistas y resaltar que la decisión del presidente es nefasta para los intereses comunes de Guatemala. Además resaltó que la Cicig es un convenio en materia de Derechos Humanos, por lo tanto retirarlo bajo las condiciones que lo hizo Morales, representa violentar el Pacta Sunt Servanda que obliga al Gobierno de Guatemala a respetar y cumplir el convenio firmado con Naciones Unidas en el 2006.
La preocupante postura del MP
La fiscal Verónica Mazariegos, del Ministerio Público, fue la última en tomar la palabra. Pidió a los magistrados que se niegue el amparo provisional, pues según la fiscal ya no hay materia que resolver, y se limitó a leer el amparo provisional otorgado en enero del 2019. Ante esta postura, el amparista Mejia Davila dijo que el Ministerio Público tiene “dos caras” y que su posición en el amparo es una muestra de que no son un aliado para combatir la corrupción, la impunidad y el narcotráfico”.
A los amparistas y demás partes interesadas, sólo les queda esperar la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que será importante para conocer si por medio de un amparo definitivo se emplearán las acciones necesarias para detener todas las acciones del Ejecutivo en contra de la Cicig.
