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Foto: Leopoldo Batz

Por Leopoldo Batz y Nelton Rivera

15 de febrero 2019

El juez Hernán Rivas resolvió cerrar el proceso penal en contra de las radialistas Antonia Solicita López y Ana Juliana González, ambas mujeres k’iche del municipio de San Francisco El Alto, Totonicapán. Fueron acusadas penalmente por la Cámara de Radiodifusión de Guatemala en el año 2016, la radio en la que trabajan fue allanada y ambas fueron detenidas. Finalmente este caso se cerró la mañana del jueves 14 de febrero. Dos años tuvieron que pasar para que se comprobara que no cometieron ningún delito.

El juez decidió beneficiar a las dos radialistas con el sobreseimiento del proceso penal, esto significa que el Ministerio Público no logró demostrar la participación de ambas en el supuesto. Antonia y Ana Juliana fueron objeto de criminalización por trabajar en una radio comunitaria y perseguidas penalmente, bajo la presión de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Tal es la presión de un grupo de empresarios, que el MP creó la Agencia de Delitos Cometidos por el Uso Ilegal de Frecuencia Radioeléctricas, sin que existan estos delitos dentro de la ley guatemalteca.

Foto: Leopoldo Batz

 Vacíos legales

Para las abogadas Lucía Xiloj y Karla Juárez, en representación de las dos radialistas, el MP incurrió en por lo menos tres vicios legales en la investigación que motivó el allanamiento de una radio en San Francisco el Alto y la detención arbitraria de Ana Juliana y Antonia. Para las abogadas, el juez fue contundente en señalar: la inconsistencia de la investigación realizada por el MP, la falta de pruebas para sustentar tal acusación y la deslealtad jurídica en la que incurrió la fiscalía.

Lucía Xiloj afirmó que es evidente que existe la persecución de cualquier tipo de manifestación ideológica, de información y otras circunstancias en Guatemala. Muchas personas están siendo perseguidas penalmente a pesar de que no se determina la naturaleza jurídica de las frecuencias radioeléctricas del país, que son propiedad del Estado y no de empresas privadas.

“No existe un solo delito relacionado con el hurto de frecuencias. En todo caso es una sanción administrativa que no se agota y se lleva a las personas a enfrentar este tipo de proceso penal.”

El discurso de odio de los empresarios

En Guatemala la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, todos los días en las programaciones de las radios empresariales, emite mensajes de odio contra las radios comunitarias. Se les acusa permanentemente de ser “radios piratas”, se les criminaliza al señalarlas de ilegales y, al vincularlas con el crimen organizado, se compara el ejercicio de la libertad de expresión de la radio comunitaria con el narcotráfico.

Este tipo de campañas son promovidas por un grupo de empresarios, propietarios de una red radial que hace uso de frecuencias radioeléctricas estatales. Este insiste en perseguir penalmente a las radios que la Cámara de Radiodifusión de Guatemala considere “ilegales”.

Lo contradictorio de su actuación es que estos empresarios obtuvieron las frecuencias radiales a través de procesos de subastas que son inconstitucionales. En otras palabras, obtuvieron ilegalmente las frecuencias a través de pagar grandes cantidades de dinero.

Autoría y edición

Director de Investigación en | Web

Historiador y foto periodista, fundador de Prensa Comunitaria y miembro del equipo de investigación Green Blood y Colibrí Zurdo. Columnista en desInformémonos México #Periodismo #PrensaComunitaria #Investigación

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