Por Simón Antonio Ramón
07 de febrero 2019
Durante la mañana de ayer (6 de febrero), se realizaron varios allanamientos coordinados por la Fiscalía Especial contra la impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), donde fueron detenidas cuatro personas. Se realizaron siete solicitudes de antejuicio —entre estas, una en contra de Sandra Torres Casanova—, y siete citaciones a primera declaración a personas vinculadas al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por un segundo de caso de Financiamiento Electoral Ilícito en las elecciones de 2015.
Derecho a la inmunidad, el sueño de políticos corruptos
En menos de 24 horas, tras haber obtenido Sandra Torres el derecho de antejuicio al ser acreditada por el Tribunal Supremo Electoral como candidata a la presidencia por el partido UNE, la FECI y la Cicig presentaron una solicitud de antejuicio en contra de Torres, los diputados, Karina Paz, Jairo Joaquín Flores, Julio Ixcamey, Jorge Vargas Morales, y los alcaldes, Pedro Raymundo Cobo (Nebaj) y Ángel Guarcas (Chiché, departamento de El Quiché).
Entre las personas detenidas, se encuentran: Juan Pablo García Castro, Víctor de Jesús Duarte, el exdiputado Guillermo Alejandro Sierra, y Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario privado del Gobierno de Álvaro Colom.
La FECI y Cicig informaron que tras revelarse el caso “Traficantes de influencia” en enero de 2018, donde se señaló el actual vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, de agilizar los créditos fiscales en la Superintendencia de Administración Tributaria, se detectó que los movimientos financieros de la empresa MAARIV SA, manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín (acusado en el Caso La Línea), eran utilizados por el exvicepresidenciable de la UNE, Mario Leal, para financiar de manera ilícita de la UNE.
La investigación de este segundo caso de financiamiento electoral ilícito de la UNE, arrojó que se utilizaron las empresas MAARIV SA, Promotora de Recursos Habitacionales S.A., y Grupo Empresarial San Felipe, S.A. para canalizar los fondos que llegaron de empresas —entre ellas, Ingeniería Integral SA y Compañía Agrícola Industrial Solesa SA, vinculada a Mario Leal—, para evadir el control del TSE de su financiamiento, donde se canalizaron Q 19 millones 531 mil 753.10.
Entre los delitos que se les acusa a las personas señaladas en este caso, se encuentran: asociación ilícita, financiamiento electoral no registrado, financiamiento electoral ilícito, lavado de activos, defraudación tributaria y perjurio.
Otros casos incumplimientos y corrupción de la UNE y sus dirigentes
En agosto de 2015, organizaciones sociales pidieron al TSE cancelar tres partidos políticos —entre estos la UNE— por haber rebasado el monto establecido de Q48millones en las elecciones de 2011. En el proceso electoral de 2015, la UNE se salvó se ser cancelado a pesar de que no entregó a tiempo los informes de gastos de la campaña.
El primer caso de financiamiento electoral ilícito de la UNE, fue cuando el diputado Orlando Blanco fungía como secretario general del partido en 2015: no reportó dos rubros de gasto al TSE, uno por Q 2 millones 62 mil, que fueron facturados por las empresas MAARIV SA y Bienno SA, por vuelos en helicópteros durante la campaña; el segundo rubro fue un pagó de Q 1 millón 332 mil por varios servicios a Sandra Torres —entonces candidata a la presidencia— y a Orlando Blanco, cancelado por dos personas de apellido Vargas.
Este caso fue cerrado en enero de este año por el juez Mynor Motto, beneficiando a Orlando Blanco por falta de mérito, tras una reforma al Código Penal que tipificaba el delito de financiamiento electoral ilícito en el Congreso.
El expresidenciable, Mario Leal Castillo, por este caso, tiene una segunda orden de detención. Se encuentra prófugo de la justicia desde enero de 2018 por el caso “Traficantes de influencias”, donde también es señalado el actual vicepresidente primero del Congreso, Felipe Alejos.
