07 de febrero 2019
En Izabal, las fundaciones y las empresas mineras dedican su tiempo a criminalizar y denunciar penalmente a dirigentes comunitarios. En 2016, Eduardo Bin Pou, en representación de varias comunidades maya q’eqchi participó en una mesa de diálogo, en donde acompañó el reclamo por el acceso a la tierra de las comunidades. Ese rol le costó que Fundaeco, presidida por Marco Vinicio Cerezo Blandón lo denunciara penalmente por el delito de usurpación de la tierra de una reserva natural en Izabal. Actualmente está en prisión preventiva y enfrentará un juicio por ese delito, que inició este 6 de febrero de 2019.
En el Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios, presidido por el juez Jesús Felícito Ramírez, dio inicio este 6 de febrero el juicio en contra de Eduardo Bin Pou, vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor Izabal. El juez realizó este día el acto de apertura del juicio.
Este es el primer juicio que enfrenta Eduardo Bin, en su larga trayectoria dentro del movimiento indígena y campesino, en 2016, las comunidades depositaron en él su confianza para representarlos en una mesa de diálogo de alto nivel, Bin acepto y acudió, su rol como mediador y representación de las comunidades Q’eqchi’ le costó dos años después este juicio.
En una de las audiencias en la etapa previa al juicio, el ingeniero Cristofer López en representación de Fundaeco, solicitó al juez Arteaga López desestimara la acusación en contra de Bin, también nos expresó que la fundación iba a retirarse como la parte acusadora desde agosto de 2018.
“… creemos que hay algunos intereses detrás de esta situación, queremos compartirles que apoyamos las luchas comunitarias, en algunos casos compartimos las mismas posturas políticas, como es el caso de no a la minería, para Fundaeco la minería a cielo abierto para el país no es ningún negocio, ni provoca desarrollo en las actuales condiciones.”
Pero el fiscal del Ministerio Público tenía otros planes, y siguió con la acusación y el juez Arteaga López decidió enviar a juicio a Eduardo Bin.
Regresando al inicio del juicio, el abogado de Francisco Vivar explicó que se presentó en esta audiencia la prueba documental y que durante la próxima audiencia programada para el 20 de febrero, el juez escuchará a dos peritos y a seis testigos.
La fiscalía del Ministerio Público de Izabal tiene planificado presentar una lista de aproximadamente 19 testigos y dos peritajes, además de 10 documentos que fueron recibidos por exhibición este día, en contra del pescador. La defensa técnica de Eduardo Bin presentó hoy 6 documentos ante el tribunal.
Al finalizar la audiencia, Bin fue trasladado a la penitenciaría de Puerto Barrios. Este 6 de febrero cumplió 250 días preso.
Paralelamente, enfrenta la acusación de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, Bin es vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, y desde el 2017 se opuso a la contaminación del lago de Izabal y demando una investigación de la actividad minera en ese municipio, las acciones pacíficas y legales iniciadas desde la Gremial fueron la razón de otra demanda penal.
Junto a Eduardo Bin, se encuentra en prisión preventiva desde enero de 2019, Cristóbal Pop, presidente de la Gremial, criminalizados y acusados por la CGN. A pesar que el MP en este caso, ya pidió el sobreseimiento para todos los acusados por la empresa, incluidos dos periodistas de Prensa Comunitaria.
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