Por Stef Arreaga
15 de febrero 2019
Ayer (13 de febrero) por la noche hubo un incendio en el anexo Hogar Seguro para varones, ubicado en la zona 3 de la ciudad capital. En la mañana, lo primero que se observaba era una ventana casi sellada, una persiana de metal y un portón con los vidrios quebrados, tapados con sábanas con manchas de sangre lavadas. Las sábanas están prensadas en las puertas, no se escucha presencia de gente adentro. Toco la puerta varias veces esperando entrevistar a alguien que pueda contar qué pasó.
Los vecinos salen a ver quién toca, pero sólo dejan las ventanas entre abiertas, quizá a la espera de que pase algo después de la alarma de anoche. De pronto, un señor regordete con delantal y cara de aungustiado viene hablando fuerte desde la esquina preguntando si de nuevo “van a traer a los patojos”. Se para frente a mí; le pregunto si sabe qué pasó y comienza su relato con la respiración acelerada:
“Tenemos cuatro meses de vivir en esta angustia. Este no es un lugar para que pongan un hogar de menores: son patojos que se la pasan gritando toda la noche, a saber por qué. Cuando se fugan es por mi casa, por ahí se pasan en las láminas. Ayer se fugaron tres, al rato vinieron otros y en la noche comenzó el incendio. Mi techo se estaba quemando, y también el comedor de al lado. Mi familia y yo estabamos ahogándonos por el gran humo adentro. No es justo que los vecinos estemos viviendo en esta sosobra todos los días porque a las autoridades no se les da la gana atender a estos vándalos.”
Quería hacerle otras preguntas, pero poco a poco iba contestando a cada una de ellas mientras hablaba. El vecino tenía mucho que decir, se lamentaba constantemente de que los medios no habían puesto atención en el temor de los vecinos del lugar sino hasta ahora que se incendió una parte de su casa. De pronto dijo que tomaría medidas si las autoridades decidían continuar usando esta vivienda como lugar para institucionalizar a menores:
“Voy a encadenarme a la puerta del hogar. Prefiero morirme de hambre y no que nos maten aquí estos vándalos.”
El señor, como muchas personas de la sociedad y las instituciones del Estado, le echan la culpa a los menores de los desastres y las “fugas masivas” como les llaman —aun sabiendo que no están en conflicto con la ley penal—. Sin embargo, no existen programas especiales y lugares adecuados para albergar a estos menores, en donde se les garantice el respeto a sus derechos y de forma integral se les brinde atención para que puedan tener un futuro distinto al que se venía venir cuando se les institucionalizó. Las y los menores han encontrado en cambio hogares donde viven igual o peor que en una prisión, en espacios sin ventilación, hacinados, alimentándose con comida en descomposición, carentes de afecto y de la atención que cualquier ser humano merece tener.
Este tema ha sido expuesto durante las largas jornadas de audiencia en el Caso “Hogar Seguro”, en el que 56 jovencitas murieron incineradas. El abogado Rodolfo Díaz, de la Fundación Sobrevivientes, hizo énfasis en condiciones que ciñen a los menores en un sistema de protección fallido, en donde la ley que les ampara (Ley Pina) no se aplica, siendo blanco constante de violaciones a sus derechos.
La Procuraduría de los Derechos Humanos ha dado al menos una veintena de veces, recomendaciones y advertencias a la Secretaría de Bienestar Social del peligro que corren los y las menores en este tipo de hogares que no cuentan ni con la infraestructura necesaria, ni con las medidas de seguridad en caso de un accidente. El defensor de niñez y adolescencia de la PDH comenta que este Anexo del Hogar Virgen de la Asución ya había tenido amenaza de incendio en otras ocasiones y que los extintores no funcionaron. A pesar de estas advertencias, la Secretaría ha hecho caso omiso y, por lo tanto, continúan en riesgo vital los niños, las niñas, las y los adolescentes institucionalizados en este país.
