Por Miguel Ángel Sandoval
14 de febrero 2019
-I-
Uno de los temas más dramáticos en el análisis político en nuestro país, es constatar que hay un proceso de destrucción de la institucionalidad democrática, como lo afirmaba no hace muchas semanas, el constitucionalista Jorge Mario García-Laguardia. Aunque esta destrucción o erosión, trata de un fenómeno de alcance mucho mayor. Solo el ejemplo de lo que sucede con el gobierno de Trump, nos dice que la democracia pasa sus peores momentos. Semejante el caso de Brasil con un presidente que expresa lo más nefasto de los últimos años en ese país. Otro tanto ocurre en países como Honduras, con fraude y golpe al mismo tiempo.
En Guatemala, la desobediencia de múltiples formas a las instituciones judiciales, gradualmente se ha convertido en la norma. La corrupción es la moneda corriente, la impunidad es la regla de oro para “sobrevivir” en el país. Las políticas públicas se han convertido en un saludo a la bandera. Y por estas condiciones, las funciones de gobierno, sean en el ámbito externo o interno, o aspectos como la justicia, han sido llevadas a su mínima expresión.
Junto al reino de la corrupción y la impunidad, una institución como el congreso gradualmente se ha convertido en una especie de mercado de iniciativas de ley y de todo tipo de negocios, sin que se vislumbre algo que vaya en beneficio de las mayorías, sino que todo se hace para facilitar la acumulación espuria de pequeños grupos. Incluso se pretende legislar mayores niveles de impunidad, es por ello que se acuño la denominación de pacto de corruptos como una criatura de la casona de la novena avenida. No es casual que el congreso tenga la más baja aprobación por la población. A la mayoría de diputados, se les considera cínicos, vulgares, transeros, sin ética ni principios.
La Corte Suprema de Justicia es en verdad un atropello al sistema de legalidad del país. Se han decantado por el aval a la corrupción y toda suerte de componendas. Es el caso de los antejuicios que mantienen a pesar de evidentes muestras de violaciones a normas, por parte de muchos, para los cuales se pide suspender el derecho al famoso antejuicio, que en nuestro país, se ha convertido en una condecoración de impunidad.
Otro tanto ocurre con otras instituciones de gobierno. Los ministerios y secretarias se han convertido en cualquier cosa, pero, siempre alejadas de las funciones que en ley les competen. Hay alguna excepción. Los escándalos se producen sin interrupción, en una especie de carrera loca en la ruta de la corrupción. Cada día, cuando uno abre las páginas de un diario, lo que sale a relucir es el nuevo escándalo de corrupción. Existe una lista enorme de prófugos, fuera por supuesto de una cantidad importante de ex gobernantes, empresarios, militares, jueces, etc. Que guardan prisión firme o preventiva, en cárceles o domiciliar. Esto se acompaña de una especie de tortuguismo judicial que en verdad lo único que expresa son los niveles absurdos de parálisis del sistema de justicia por la impunidad.
No podía faltar en este recuento de los graves problemas institucionales del país, la presencia de partidos políticos que en sentido estricto no lo son. Salvo uno que otro, pero que por la recurrencia de las malas prácticas, no tienen el beneficio de la duda por parte de la población. Si finalmente la gente acude a las urnas, es por una especie de hábito que en el fondo representa una especie de aspiración de cambio, o por una suerte de masoquismo de origen autoritario, reñido con la democracia.
Asistimos a una destrucción de la democracia liberal, tanto en lo interno como a nivel internacional, por lo que un prestigioso intelectual Boaventura de Souza dice luego de una amplia argumentación y muchos ejemplos, que hoy, la tarea estratégica de los revolucionarios es la defensa de la democracia liberal; es en dos platos, impedir esa destrucción, que en nuestro caso, podría adquirir el carácter de demolición si las próximas elecciones y quienes participen en las mismas, no toman en cuenta esta desintegración democrática a la que sin tregua asistimos en las últimas décadas. Esa destrucción y lo que vendría después tiene nombre: fascismo.
-II-
En los años recientes la justicia se hace presente de la mano de la Cicig y el MP, y le dice a los partidos: sin corrupción o les limitamos las opciones para hacer política. El tema puede ser visto desde diversos ángulos. Uno es que los partidos no pueden hacer cosas reñidas con la ley. No se puede recibir plata desde las sombras o desde la impunidad empresarial, especialmente si con ello, personajes que no se sabe bien a bien quienes son, buscan cuotas de negocios con el gobierno, al amparo del partido que apoyaron. Con este punto creo que estamos de acuerdo.
Este capítulo es al que asistimos en la actualidad. Partidos que ven como sus líderes son perseguidos por la justicia por haber recibido dinero que no declararon o que intentaron ocultar con empresas de cartón, etc. Esto es en líneas generales lo que vivimos en nuestro país desde que la Cicig presentó un documento sobre el financiamiento ilícito de los partidos políticos. En este tema parecería que no hay mucho que agregar. Pues todos los partidos tienen un muertito en el closet, debido a las prácticas de buscar fondos de campaña en sectores financieros poderosos y de manera reciente, en el narco puro y duro. Como siempre puede haber alguno que no. Es la excepción de la regla.
Esta parte legal o jurídica, es una de las caras de la luna, y precisamente alrededor de este punto es que se articula el denominado pacto de corruptos. Ese es el sentido profundo de la coalición antiCicig. La otra es acaso más grave: las ofertas electorales incumplidas son una estafa a la sociedad, que se produce en la confianza, en las expectativas, en los deseos de ver mejorar las cosas en el país. Dos ejemplos: apostaría doble contra sencillo como se dice, que todos los partidos que gobernaron en los últimos 30 años, declararon que iban a combatir la pobreza y esta creció desde entonces. Todos dijeron que iban a mejorar la salud del país y hoy el sistema de salud es más débil que hace 30 años. Pero es un hecho demostrable que los objetivos del milenio que planteo la ONU al inicio del siglo XXI siguen durmiendo en las gavetas. No hablo de los nuevos compromisos. Todo es un conjunto de papeles sin correlato en políticas públicas, en programas que impulsen algo en la dirección señalada.
Esto hace referencia a la ausencia absoluta de ética en los asuntos políticos. Que no está demás agregar, son en teoría los impulsores y guardianes del sistema democrático. Los programas se ven, no como la propuesta de políticas que hace falta para modificar cosas que no funcionan en el país, sino como un requisito que en realidad, es la forma de estafa más elaborada. Es un papel escrito, como cualquier otro, para no hacer nada. El resto es llegar al gobierno y cumplir con un solo propósito: hacer negocio con los fondos públicos.
Ahora bien, si damos una mirada rápida al proceso electoral que ya inicio en medio de un montón de sorpresas, se puede llegar a una conclusión: no hay en los partidos que compiten, una idea que diferencie a uno de otro. Me refiero a una idea fuerza, a un tema programático. Decir sí a la pena de muerte, no es programa de gobierno de nadie. Anunciar remesas condicionadas, tampoco. Hablar de transparencia tampoco. Son apenas temitas dentro de lo que debería ser un programa.
Entendámonos. Un programa de gobierno se puede expresar en pocas líneas, pero eso no dice de todas las políticas públicas que contiene. De la misma forma, el asistencialismo en lo social, es apenas una parte de lo que debería ser un programa. Con esta lógica, el tema de la pena de muerte bien podría ser el mascaron de proa de un proyecto represivo que no se explica en esa demanda de pena de muerte. En la misma dirección, el combate contra la corrupción puede ser un eje de gobierno pero no es el programa de orden económico social que hace falta impulsar.
A manera de ejemplo hay varios puntos que deberían estar incluidos en cualquier programa de gobierno, esto si somos serios y analizamos los temas con alguna profundidad. Uno de ellos, imprescindible, es el tema fiscal. Se está a favor o en contra y eso es suficiente para establecer la dirección del gobierno. O un tema de otra naturaleza, es pedir la extensión de mandato de la Cicig o plantear el fin del acuerdo. Con ello ya sabemos por dónde se encamina un gobierno.
Es lo mismo con el empleo. Si se anuncia la creación de miles de empleos con participación del gobierno o si se deja esto al sector empresarial. Dependiendo del rumbo que se toma se sabe lo que viene detrás. Son temas que se encuentran en el fondo de eso que se llama democracia: la posibilidad de elegir por medio de votaciones transparentes, entre programas o proyectos distintos, con propuestas diferentes. Es también el proceso mediante el cual se elige una propuesta política u otra, o si se prefiere, es la vía teórica, para optar por un sistema de ideas y no por otro. De lo contrario, las elecciones se convierten en un ritual sin contenido ni trascendencia. Especialmente cuando no hay programas ni proyectos en disputa por el voto de aprobación. Por ello la importancia que tienen esas declaraciones de los partidos políticos y por ello la gravedad de su ausencia en las diferentes ofertas de los que participan en el proceso electoral en curso.
Asistimos a una especie de pulverización de la democracia en donde los partidos políticos son agencias electorales no fuente de propuestas políticas de gobierno. En la actualidad hay unos 20 partidos con propuesta de binomios presidenciales, y se esperaría unos 28 si se sigue la lógica que hay en la ley electoral vigente, pero no hay propuestas. Para poner un ejemplo, en el tema fiscal no hay 25 opciones. Lo mismo en la cuestión agraria, o en la política ambiental. Y ello nos dice que son 25 o más ofertas fiscales o agrarias que pueden ser iguales, o presentar diferencias, pero lo más probable es que no exista ninguna.
-III-
En pocas palabras, hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que se puede esperar de las diferentes opciones electorales. Es la sequía de propuestas. Y por ello, sigue siendo este proceso una lotería, abierta, indefinida. Estamos viviendo una época en donde la visión de la mayoría de partidos hace del llamado márquetin la regla de oro de las campañas políticas. Ahora se trata de vender un candidato, como una hamburguesa o una pasta de dientes, no de proponer planes de gobierno, visiones de país, rumbo, alguna certeza.
El objetivo estratégico de los próximos años que infelizmente se juega en el proceso electoral en curso, es el rescate de la democracia, de las instituciones de la democracia, si queremos iniciar el cambio de nuestro país que en verdad anda dando tumbos cada vez mayores por la falta de observación y análisis sereno, de este proceso de degradación democrática, en el que nos hemos ido metiendo en las últimas décadas, pues no es algo que diera inicio con la presencia de la Cicig en nuestro país. Por el contrario, la acción de la Cicig revelo cuan profunda es la crisis democrática en que nos encontramos.
Por ello es que la ausencia de objetivos democráticos claros es mucho más grave. Como ocurre en muchos países. No es la propuesta programática lo que se utiliza. Es la campaña publicitaria que por todos los medios se encarga de ocultar la ausencia de objetivos, de programa, de planes concretos. Por ello en las cúpulas de los partidos se aprecia más a un publicista que a un economista o un sociólogo. Es por ello que digo que hoy día en nuestro país, la democracia esta patas arriba.
Parafraseando una afirmación de un pensador europeo del siglo XIX, Guatemala se encuentra ante un dilema: democracia o barbarie
