13 de febrero 2019
Ayer (martes 12 de febrero) continuaría la audiencia de primera declaración del tercer grupo de sindicados, luego de haberse suspendido en cuatro oportunidades. Esta vez, la sindicada Crucy López presentó un memorial en donde su abogado, Luis Raúl Pérez, se excusaba y renunciaba a la representación. El juez Laynez reprogramó esta audiencia para mediados del mes de marzo, es decir, dos años después de la tragedia.
Cuando se pensaba que ya todo se había visto en el proceso penal del caso de las 56 adolescentes masacradas el 8 de marzo del 2017 en el Hogar Virgen de la Asunción, sorprende que dos años después solamente se ha celebrado una audiencia de primera declaración de cuatro personas que participaron de una manera u otra, para que se diera esta tragedia.
El tercer grupo de sindicados está compuesto por la monitora del centro correccional para menores “Gorriones”, Crucy Flor de María López; Ofelia Pérez Campos, encargada del área “Mi Hogar”de Virgen de la Asunción; la jueza de San José Pinula, Rocío Albany Murillo; y el secretario de ese juzgado, Rolando Romeo Miranda.
Lea aquí las acusaciones en contra de los cuatro sindicados
https://prensacomunitaria.org/caso-hogar-seguro-primera-declaracion-del-tercer-grupo-de-sindicados/
Cuatro veces se había suspendido la audiencia, luego se celebró una en donde el Ministerio Público (MP) les leyó a los sindicados la acusación. Y ayer, que en teoría se continuaría (un mes después), la sindicada Crucy López presentó un memorial en donde su abogado, Luis Raúl Pérez, se excusaba y renunciaba a la representación de su clienta.
Otro abogado puede representarla, según la ley. Ella informó que su nueva representación sería de la Defensa Pública Penal. El juez Laynez, quien maneja una agenda muy apretada, dio audiencia hasta mediados del mes de marzo. Lo que significa que los sindicados estarán por segundo año consecutivo sin haber concluido la etapa de primera declaración. Mientras tanto se encuentran libres, ya que aún no se da la etapa procesal en la que los querellantes piden la prisión preventiva para ellos.
