Créditos: carlos nota
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Foto: Rony Morales

Por Carlos Choc

25 de enero 2019

El pasado 22 de enero de 2019 por sexta ocasión me presenté de forma voluntaria en el juzgado de primera instancia penal, en la ciudad de Puerto Barrios, para mi audiencia de primera declaración. Anteriormente fue suspendida cinco veces por el juez Édgar Aníbal Arteaga López.  El juez por fin decidió celebrar mi audiencia y escucharme por las acusaciones falsas hechas por la compañía de níquel CGN Pronico, de Solway Investment Group. La razón de que esa empresa me criminalice, es por investigar, documentar e informar la contaminación del Lago de Izabal y el asesinato de un pescador ocurrido en el 2017.

En el momento de la audiencia, el Ministerio Público hizo lectura de las acusaciones y de los delitos que me imputaban, de igual forma a los tres pescadores. Luego le dio lectura a la investigación hecha de la acusaciones falsas y solicitó al juez, por falta de méritos, cerrar el expediente y cancelar  la orden de captura. De igual forma,  el abogado que representaba a la compañía, Iván Roberto Camey Aguilar, no objetó ni contradijo a la fiscalía del Ministerio Público. Los abogados del Bufete de Derechos Humanos quienes nos acompañaron en nuestra defensa,  felicitaron al Ministerio Público por el trabajo de investigación, el cual fue objetivo.

Juez de primera instancia penal, Edgar Aníbal Arteaga López. Foto: David Toro

Juez Arteaga López decide ligarme a proceso                                                  

El juez de primera instancia penal, Edgar Aníbal Arteaga López, contradijo al Ministerio Público después de haber escuchado a la fiscalía, al abogado de la compañía y  a mis abogados. Tomó la decisión  de  ligarme a proceso, por el delito de detenciones ilegales. De igual forma a los tres pescadores, Tomas Che,  Vicente Rax y Cristóbal Pop (presidente de la Gremial de Pescadores). “Esta acción del Juez Arteaga López  es ilegal porque no existen las pruebas del delito de detenciones ilegales”,  manifestaron en el momento los abogados del Bufete de Derechos Humanos.                                                                                                       

Medidas sustitutivas

La orden de guardar prisión preventiva estaba resuelta por el juez, y los abogados de mi defensa expusieron que el derecho de la libertad de prensa estaba siendo violentada, al haberme ligado a proceso y querer enviarme a prisión preventiva.  El Bufete de Derechos Humanos solicitó medidas sustitutivas, por lo que el juez decide al final de la audiencia, enviar a prisión preventiva a Cristóbal Pop y dar medidas sustitutivas a Vicente Rax, a Tomas Che y a mí.

La libertad de prensa está censurada y violentada en el departamento de Izabal con la decisión del juez Arteaga López.

La compañía de níquel, en complicidad con el juez Arteaga López, me ha censurado por documentar, investigar he informar la contaminación del Lago de Izabal, y discriminado por ser un periodista comprometido con su pueblo q’eqchi´, no importándoles los 11 años que llevo ejerciendo mi profesión en la región. Me ligaron a proceso por delitos que no cometí. Sólo gracias a una denigrante medida sustitutiva he sido puesto en libertad.    

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