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Eduardo Bin, vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Izabal. Foto: Rony Morales

Por Rony Morales

26 de enero 2019

En el juzgado de primera instancia de Puerto Barrios, el juez Édgar Aníbal Arteaga López resolvió enviar a juicio a Eduardo Bin Pou, de origen q’eqchi’, vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Izabal. Resultado de una denuncia penal hecha por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) que opera en El Estor.

Eduardo Bin cumplió más de 240 días encarcelado en la Penitenciaría de Puerto Barrios. El 22 de enero, la Policía Nacional Civil lo trasladó al complejo de justicia. Ese día, la empresa CGN quiso aumentar los delitos de la acusación contra el vicepresidente de la gremial. Para hacerlo, solicitó una audiencia de reforma del auto procesamiento. Finalmente, el juez no aumento ningún cargo más.

El juez decidió suspender la audiencia del 22. Citó para el día siguiente a las 9 de la mañana, para trasladar la sentencia que tomaría al finalizar con esta etapa del proceso penal. Al día siguiente, en el juzgado, el juez leyó su resolución, decidiendo enviar a juicio a Eduardo Bin por delitos de “detenciones ilegales”.

Foto: Rony Morales

La criminalización de la CGN

La denuncia surge en 2017. La Gremial de Pescadores Artesanales realizó varias movilizaciones pacíficas frente a las instalaciones de la CGN cerca del centro de El Estor. El objetivo de la gremial era hacer pública la contaminación del lago y una serie de irregularidades con las que opera la empresa. El resultado de su esfuerzo fue que el Gobierno no los tomó en cuenta, el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo sólo llegó a ofrecer la crianza de gallinas peluca.

Paso siguiente, la compañía acusó a ocho pescadores, un barbero y dos periodistas. La empresa los señaló de varios delitos, instigación a delinquir, asociación ilícita, amenazas, detenciones ilegales. Para hacerlo, usó la declaración de varios trabajadores de transporte de la compañía y la acusación de cuatro trabajadores rusos y ucranianos.

Lejos de la denuncia, el abogado de CGN, Iván Camey Aguilar, solicitó, intentó de nuevo, que el juez Arteaga sumara más delitos. El abogado, afirmando hechos que no ocurrieron y que no forman parte de la acusación, acusó a Eduardo Bin de agredir psicológicamente a dos mujeres que laboran para CGN. Meses atrás inventaron que las familias de los rusos habían corrido riesgo dentro de la colonia minera gracias a las movilizaciones en la calle que la gremial hizo en 2017.

Los abogados Santiago Choc y Francisco Vivar Castellanos, defensores de Eduardo Bin, no están de acuerdo con esta audiencia y está fuera de los tiempos procesales establecidos por la ley. El 9 de octubre del 2018 se cerró esa etapa: “consideramos que es grave lo que ha sucedido ya que sólo puede cambiarse durante los tres meses que estableció el juez, entonces esta audiencia violenta el proceso de Eduardo Bin”.

Pidieron que se deje sin efecto la reforma del auto procesamiento. Afirmaron que esto es un típico caso de criminalización, pero lo más grave aún, es la falta de conciencia total de los abogados de la empresa, fiscales del MP y el mismo juez.

El juez fijó una nueva audiencia para la presentación de pruebas el 9 de febrero y luego finalizó con la audiencia. Un día antes estuvo presente la representante de la embajada de Suiza, Roberta Beltranena.

Fuera del juzgado, estaba la familia de Eduardo Bin, también varios comunitarios  q’eqchi que asistieron en solidaridad con él, con Cristóbal Pop, Vicente Rax, Tomás Che, de la gremial, y con el periodista Carlos Choc.

La empresa, por su parte, también trasladó a su personal de planta, varias mujeres y familia de los rusos, además de agentes de la seguridad privada vestidos de particular.

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