22 de enero 2019
Miles de quetzales gasta el Estado en proteger las instalaciones de la empresa hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán. Los ciudadanos financiamos con nuestros impuestos la seguridad de uno de los negocios de los Castillo, la familia dueña de la cervecería. Doscientos agentes entre militares y policías dedican las 24 horas del día en la seguridad privada de la empresa. Además de otros 80 agentes de la seguridad privada que les brinda un militar.
Ahora, imaginen que EYR es una de las empresas mejor protegidas del país, y en relación con otras hidroeléctricas podría ser una de las mejor custodiadas de América Latina. Contradicciones hay muchas, el pueblo chuj en San Mateo centro, sólo tienen ocho agentes para el resguardo de 55 mil personas en todo el municipio. Irónicamente, la empresa tiene casi 300 efectivos a su servicio e insiste en mostrar “ataques y atentados” que permanentemente achaca a la población, sólo porque esta se opone a sus proyectos.
Eterno retorno
El 8 de enero, las comunidades hicieron una manifestación en la microrregión de Yich K’isis en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. En un acta elaborada por las principales autoridades comunitarias de la microrregión, el 20 de enero, hicieron constar lo ocurrido; todo lo contrario a las acusaciones de EYR y los medios corporativos.
Las comunidades planificaron realizar una marcha pacífica, de nuevo para exigir que la empresa Energía y Renovación SA se retire del territorio. Esta empresa, propiedad de los Castillo, pretende construir tres centrales hidroeléctricas. La energía no es para la población, sino para el mercado internacional.
Actualmente, la empresa tiene la presión encima, porque en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) existen tres recursos de amparo contra el Ministerio de Medio Ambiente (MEM), por haber otorgado de manera irregular las licencias de las tres hidroeléctricas. De resolverse los amparos a favor de los vecinos de San Mateo Ixtatán, la empresa deberá suspender sus operaciones y realizar la consulta libre, previa e informada a todo el mundo en San Mateo Ixtatán.
Regresando al acta, la autoridad comunitaria afirmó que al iniciar la marcha, pudieron observar que los postes de metal que la empresa instaló, fueron derribados o cortados para botarlos. Para las autoridades, este tipo de actos, sólo pudieron haber sido obra de la misma empresa, como forma de victimización de y criminalización de quienes se oponen a sus proyectos.
Por su parte, EYR, inmediatamente colocó su propia versión en las redes sociales. Utilizando perfiles falsos, señaló directamente como responsables de estos hechos (del derribo de los postes) a Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral maya q’anjob’al,, a Julio Gómez, autoridad comunitaria chuj, y a Lucas Jorge, presidente de la microrregión de Yich K’isis.
La versión de EYR fue publicada de nuevo en El Periódico,[1] medio corporativo que en los últimos meses del 2018 y comienzos del 2019, dedica vastos espacios para colocar información adversa a las autoridades comunitarias de Yich K’isis y para criminalizar a las principales voces en oposición a estos megaproyectos. Como ya es costumbre, el escrito lo firmó su ‘redacción’.
¿Entonces la seguridad pública para quién?
En Yich K’isis, el gobierno de Otto Pérez Molina instaló un destacamento militar con presencia de 80 a 100 militares, dentro de la propiedad de la empresa hidroeléctrica. Si esto fuera poco, Gobernación, instaló la comisaría 43 dentro de la misma propiedad, con 80 agentes de la Policía Nacional Civil, entre ellos antimotines o fuerzas especiales.
Para las comunidades afectadas por la construcción de tres hidroeléctricas de la familia Castillo, todos los días es una constante la pregunta ¿para quién trabaja la seguridad del Estado en este lugar?
Recientemente, los oficiales de la PNC destacados en la comisaría 43, enviaron un informe a la comandancia en Huehuetenango, afirmando haber usado información de una fuente, que no citan, transcribimos el texto literal:
“Se obtuvo información proporcionada por medio de una fuente humana, que un grupo de 20 personas aproximadamente, trasladaron armas de fuego de grueso calibre de la Aldea Bella Linda hacia la Aldea Ixquisis, con la intención de atacar a la Sub Estación Policial e Hidroeléctrica que se encuentra en la Aldea Ixquisis, del municipio de San Mateo Ixtatan del departamento de Huehuetenango.” Con fecha 17 de septiembre a las 10 de la noche.
En un siguiente párrafo, afirman conocer los nombres de quienes están haciendo esto: “Este grupo esta siendo liderado por los señores Lucas Jorge García, de Nuevo San Mateo, Ramon Mateo Ramon de aldea Pojom y Celestino Andrés Diego de Ixquisis…”
En reportes anteriores de la comisaria 43, los agentes citan la comunicación que tienen con Jorge Versluys Hipp, quien representa a la empresa EYR en las instalaciones de la hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán y quien les facilita información de lo que “ocurre o puede ocurrir” en este territorio.[2]
A manera de conclusión, para las comunidades, el Estado sigue estando ausente y ellos se sienten inseguros. En varios casos han denunciado cómo policías y militares intimidan a las mujeres, llegan a las casas, les han disparado o se les ve protegiendo los transportes de la empresa, especialmente cuando trasladan la maquinaria pesada.
En sus escritos memoriales, actas comunitarias, comunicados y peticiones a las autoridades estatales, han solicitado el retiro del destacamento militar, de la comisaría policial y el cierre de la empresa. Pero los tres gobiernos hicieron de oídos sordos a cada petición. La impunidad y la corrupción sigue permitiendo que las empresas continúen haciendo lo que les venga en gana. Con gobiernos como el de Otto Pérez Molina, Maldonado Aguirre y Jimmy Morales.
[1] ElPeriodico. Nuevo ataque contra hidroeléctrica en Ixquisís. Por la Redacción. 9 de enero 2019. https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/01/09/nuevo-ataque-contra-hidroelectrica-en-ixquisis/
[2] Policía Nacional Civil. Informe policial de la subestación 43 en YichK’isis, San Mateo Ixtatán. Oficial Cabrera Sales. Octubre de 2018.
