8 de enero 2019
Jimmy Morales dio por terminado el acuerdo que da vida a la Cicig, de forma unilateral. Según este convenio esa decisión le corresponde exclusivamente a Naciones Unidas. El Ministerio Público tendría que tomar medidas drásticas contra el mandatario y los funcionarios que lo han apoyado.
Jimmy Morales en el primer lunes del 2019 decidió expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dando por terminado el mandato y estableciendo un plazo de 24 horas para el retiro de la Comisión. En medio de una vergonzosa conferencia que devino en un talk show que recordaba a sus compatriotas, entre otras infamias, su pasado como entertainer en el tragicómico programa de televisión creado por él y su hermano (Moralejas), el todavía presidente dio a conocer su decisión, amparándose en casos de familias que han sido ligadas a procesos penales por diversos delitos y que, por supuesto, son los primeros que quieren ver fuera a la Cicig.
La decisión de Jimmy Morales que ha sido respaldada por la canciller Sandra Jovel —quien llevó la noticia a Naciones Unidas—, es improcedente, pues según el acuerdo constitutivo de la Cicig, únicamente Naciones Unidas puede dar por terminado el mandato de la comisión de forma unilateral.
Para Ramón Cadena, jurista experto en derecho internacional, lo que hizo ayer el presidente es un acto mediático que tiene un efecto político. Cadena recalca que, según el acuerdo, el gobierno en turno no tiene posibilidad de denunciar el acuerdo de la Cicig, pues así quedó enmarcado cuando el Estado firmó la creación de este ente:
“El gobierno de Guatemala se comprometió a permitirle a la Cicig que cumpliera con un mandato específico para luchar contra la corrupción. No puede simplemente no cumplir y denunciar. El gobierno está incurriendo en una responsabilidad civil y penal, está causando a la población un daño y prejuicio severo”, señaló el experto.
“La fiscal general debe ordenar la captura de Jimmy”
Cadena explica que la acción penal en contra del presidente y sus dos funcionarios más cercanos (Jovel y Degenhart), le corresponde a la fiscal general del Ministerio Público. Considera que, así como se capturó en flagrancia a los dos funcionarios de Migración el pasado domingo, de esa forma se debe actuar en contra del presidente y sus allegados.
La reacción internacional
Naciones Unidas rechazó la acción de Jimmy Morales, y su secretario general (Antonio Guterres) recordó que el mandato de la Cicig finalizará hasta el 3 de septiembre de este año. Sin embargo, desde la perspectiva de Cadena, Naciones Unidas no puede actuar por estar implicada en el asunto; por tanto, será de esperar que otros entes, como la Organización de Estados Americanos (OEA), actúen sancionando a las autoridades del gobierno de Guatemala.
En Estados Unidos ha habido diversas reacciones hasta el momento. El congresista Jim McGovern, asegura que presionará para que se aplique la Ley Magnitzky a los funcionarios guatemaltecos que han obstaculizado por todos sus medios la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
