Por Nelton Rivera
Para las comunidades de San Andrés, Petén, la militarización sigue teniendo consecuencias negativas. El Ejército guatemalteco justifica su presencia bajo pretexto de combatir el narcotráfico en la zona fronteriza de ese departamento y de resguardar a la población de cualquier amenaza extranjera, pero en el día a día sigue generando inconformidad en las comunidades. El 24 de diciembre los militares abrieron fuego contra una familia de campesinos, el padre de familia murió en el lugar del ataque armado, la esposa y dos hijos pequeños lograron sobrevivir. Este ataque desencadeno el enojo de las comunidades y ahora el Estado se comprometió a establecer una mesa de dialogo de alto nivel para resolver la inconformidad de la gente.
Un asesinato que sigue en la impunidad
Desde el 24 de diciembre del 2018 el Ejército de Guatemala no ha dado una explicación a las comunidades de Petén por el asesinato de un campesino. Sigue manteniendo el desprecio hacia la gente como institución, tampoco han informado quién fue el responsable del asesinato, ni quién dio la orden de abrir fuego en contra de la familia.
Petén: militares dispararon en contra de una familia de campesinos
Diciembre 29: exigen el retiro del Ejército de San Andrés, Petén
La comunidad de San Andrés, exige el retiro del puesto de control del Ejército, ubicado en El Tigrillo. Este puesto militar cuenta con 20 soldados de tropa y un oficial a cargo, todos forman parte del destacamento del Naranjo, pero la gente sabe que las órdenes que reciben provienen de la zona militar en El Subín.
Esta es La Brigada Especial de Operaciones de Selva. Lleva por nombre “Teniente coronel de infantería DEM. Víctor Augusto Quilo Ayuso”. Quilo Ayuso murió en una emboscada de los frentes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Rebeles (FAR) el 1 de julio de 1984, en Los Chorros, Las Cruces, Petén. Ayuso iba al frente de un convoy militar. Murió en los primeros segundos de la emboscada. El combate duraría unas tres horas. Las bajas del Ejército fueron numerosas.[1]
El 29 de diciembre de 2018, varios comunitarios realizaron una manifestación en el Río San Pedro. Cortaron el cruce del ferri (el barco de trasporte pesado) sobre el río, como medida de presión para que el Estado respondiera por el asesinato. Para las comunidades esa fecha es importante: un 29 de diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos de paz entre la guerrilla y el Estado y hasta el día de hoy no se han cumplido afirmó uno de los comunitarios.
La manifestación duró varias horas, hasta que se estableció un primer acercamiento para dialogar. En este espacio participaron representantes o autoridades comunitarias de la región, incluso acuerparon las autoridades de la Sierra Lacandona. Estuvo presente la Gobernación departamental, la Comisión Nacional de Diálogo y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
En esta reunión les informaron que el Ministerio Público (MP), realiza una investigación sobre el asesinato de Niglan Ixcoy Maas, de 25 años de edad, y que esta se encuentra bajo reserva en este momento. También que la esposa de Niglan Ixcoy tienen actualmente medidas de protección.
En conclusión, todos firmaron un acuerdo para establecer una mesa de diálogo de alto nivel. Tienen como fecha el 4 de enero para darle seguimiento a esta discusión. La gente, además de exigir justicia, también exige el retiro del ejército, porque los militares también están participando en los desalojos violentos de comunidades, como el que ocurriera en la comunidad Laguna Larga.
Acoso de la policía, 2 de enero
En el ferri había presencia de dos picops de la Policía Nacional Civil, varios agentes policiales estuvieron revisando las cosas de la gente que viaja a través del ferri en el Río San Pedro. Esto de nuevo generó el malestar de la población, que ve este tipo de acciones irregulares como una forma de intimidación por lo que ha estado ocurriendo en la región. “La PNC nunca llega hasta el ferri y ¿por qué ahora están aquí?, ¿cuál es el objetivo de su presencia?”, cuestionó un comunitario.
Esta acción podría romper la mesa de diálogo que establecieron el 29 de diciembre del año pasado.
En esta región el Estado ha tenido un papel contrario al bien común de las comunidades. Sigue otorgando concesiones a empresas transnacionales, como la petrolera Perenco, permite la tala de grandes extensiones de bosque para el ganado o empresas madereras y pone en riesgo la vida de las comunidades asentadas en la reserva natural, como ocurriera en Laguna Larga.
Laguna Larga: Otra Navidad Entre Mentiras, Incertidumbre Y Desatención Del Estado
[1] Testimonio de uno de los capitanes del Frente Norte de las las FAR.
