Créditos: iduvina
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Foto: Cortesía Iduvina Hernández

Esta entrevista se realizó en el marco del nuevo atentado en contra la libertad de expresión, por el caso del periodista  q’eqchi’ de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, quien fue ligado a proceso penal por parte del juez de Puerto Barrios, Edgar Aníbal Arteaga, por documentar la contaminación del lago de Izabal patrocinada por la empresa minera de níquel CGN. Choc ha sufrido persecución, intimidaciones y amenazas. No ha sido el único caso en contra de periodistas de este medio.

Por Stef Arreaga

30 de enero 2019

Iduvina Hernández es periodista guatemalteca y activista por los derechos humanos, sobre todo, de los de las víctimas de la guerra. Es fundadora de la Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM). Ha ganado varios premios de periodismo a nivel internacional.  Ha dado cobertura periodística a distintas luchas sociales, populares y a favor de la justicia y la lucha contra la impunidad, dentro de las cuales se puede mencionar el acompañamiento a víctimas de Genocidio en Guatemala. Actualmente tiene una columna en el medio digital Plaza Pública.

En el mes de diciembre del 2011, se conoció una denuncia interpuesta por Theodore Michael Plocharski, de nacionalidad estadounidense, en donde acusaba a 50 personas, quienes supuestamente habrían militado en organizaciones revolucionarias de la izquierda armada en los años 80 y, según la Fundación Contra el Terrorismo, habrían incurrido en asesinatos, secuestros y violaciones a los derechos humanos.   Estas denuncias incluyen a activistas de derechos humanos, periodistas, defensores del territorio, diputados y hasta la exprimera dama Sandra Torres.

Esta denuncia era una ofensiva evidente en contra de activistas de derechos humanos y periodistas independientes, que estaban ejerciendo su pleno derecho a la libertad de expresión y emisión del pensamiento, intentando callar estas luchas en contra de la impunidad y los poderes que socavan la democracia y los derechos de las y los guatemaltecos.

¿Cómo inicia la criminalización en su contra y qué fue lo que desencadenó este ataque sistemático por usted ejercer su libertad de expresión?

A  partir de una columna en la que critico lo que yo definía como un abuso del sistema de justicia por parte del presidente de la Fundación contra el Terrorismo (Ricardo Méndez Ruiz), en el año 2011. Prácticamente mi cuestionamiento es que era una banalización del ejercicio del derecho a la búsqueda de justicia, con el inicio que él hacía de la presentación de querellas y denuncias contra distintas personas en ese año.

Fue precisamente a partir de mi columna de opinión —salió publicada un día viernes—, y en los primeros días de la siguiente semana. Efectivamente, el señor Méndez Ruiz, a través de las organizaciones que se movían alrededor de él, cuando presentaron denuncias penales contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, me incluyeron en una denuncia.

El señor Theodore Plocharski que presenta una denuncia de cerca de 50 personas, me denuncia como supuesta integrante de la cúpula de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y me atribuyen el pseudónimo de Cleopatra, y, por supuesto, presentan un conjunto de hechos que incluyen secuestros y asesinatos de personas del cuerpo diplomático desde los años 60 hasta finales de los años 80, que atribuyen a todas las personas que aparecemos en la lista.   Muchos de los hechos que se atribuyen en la demanda, sucedieron cuando yo tenía 5 o 10 años de edad, y la mayoría se dieron cuando yo vivía exiliada en México, precisamente por las represiones que enfrenté en ese tiempo.

Foto: Cerigua

Es decir, al ejercicio libre de la libertad de expresión se le responde con una demanda penal. Luego siguió otra presentada por el sobrino del general Quilo Ayuso, que también era hijo de otro militar que murió en combate con la guerrilla, aunque no conozco las condiciones en las que falleció el señor. Ahí es una demanda en contra de 101 persona y me vuelven a incluir en esa lista. 

¿Prosperaron esas denuncias en su contra?

Hasta el momento los casos no han sido sobreseídos porque entiendo —y la fiscalía lo ha planteado— que ante la falta de colaboración, tanto de los denunciantes como del Ejército, de pasar información, no ha sido posible avanzar en ningún sentido.

En mi caso, lo que sucede es la utilización indebida del derecho penal como mecanismo de criminalización —algo que no ha surtido efecto, puesto que he continuado ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión. 

¿Qué otro tipo de ataques ha sufrido por ejercer esa libertad de expresión?

En los años 90, cuando trabajaba como reportera en la revista Crónica, en una oportunidad recibí una carta, supuestamente firmada por un grupo llamado Frente Unido (o algo así), en donde me convidaban a abandonar el país en 24 horas o ejecutarme.  Sin embargo, la investigación realizada determinó que obviamente esto no venía de la guerrilla, sino de la inteligencia militar.   Yo me sentía tranquila, estaba segura que la amenaza no venía de la insurgencia sino del Ejército, así que, si el ministro de la Defensa estaba llamando a mis jefes para decir que el Ejército no tenía nada en contra mía, pues me sentía tranquila. Obviamente de sus propias oficinas habían salido esas notas, y ellos aseguraban que no tenían ninguna intención de agredirme, me hacía sentir más o menos tranquila.   Ahora, más recientemente, estas dos acciones legales, siempre del mismo entorno, y lo que implican las acciones de rechazo y señalamientos

¿Actualmente continúan los ataques en su contra?

A parte de esta situación grave que ya mencioné, por mi actuación en redes sociales, por mi actividad como defensora de derechos humanos, he recibido varios mensajes directos de twitter con insultos, amenazas, también se han distribuido volantes en las afueras de la Corte de Justicia con mi foto y la de otras personas, en el marco de las personas que estamos en la demanda que ya he mencionado, y ahí se nos acusaba de criminales y de terroristas.  Este es principalmente el insulto que solemos recibir por ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión.

¿Qué es lo que intentan lograr a través de estos ataques a su persona?

Recientemente un video distribuido por la señora Betty Marroquín, quien ha sido designada como presidencial del partido del Gobierno…  Ella distribuyó un video por medio de Whatsapp en donde se me hace una serie de señalamientos, en el marco de una conferencia de prensa que dimos con los compañeros de la Convergencia por los Derechos Humanos.

Por el hecho de ser defensora, periodista, por ejercer la libertad de expresión y además por ser mujer, la carga en el tipo de elementos que se utilizan para intentar agredir o callar pues tiene básicamente una connotación, la de tratar que dejemos de hacer lo que hemos hecho y que es algo que no voy a dejar. He vivido esto durante los años 90, y pues,  no he dejado de escribir ni de decir lo que pienso, de ejercer mi derecho.

¿De dónde viene ese discurso de odio que atenta contra su dignidad y contra su libre opinión?

Hay acciones vinculadas a la educación de la sociedad, por que curiosamente por otro lado, es tolerable la difusión de discurso de odio que no tiene nada que ver con la libertad de expresión y que vulnera y lesiona derechos de otras personas.  Es decir, este mismo grupo de la Fundación contra el Terrorismo, por ejemplo, que acciona legalmente contra quien ejerce la libertad de expresión, al mismo tiempo trasciende los niveles de esta libertad y hace parte de un grupo —que ahora es un poco más grande— un discurso de odio que desde el punto de vista ideológico tilda utilizando como un elemento de satanización el termino de ‘comunista’ a toda persona que no responda a los intereses que hoy día representan los intereses de corrupción e impunidad en Guatemala, o los intereses del conservadurismo que va en contra de los derechos de todas las personas. 

Por otro lado, el discurso que utiliza términos peyorativos en materia de la diversidad sexual como elemento de insulto y des legitimización de los derechos de las demás personas. 

Todo esto es tolerado a los mismos grupos que actúan legalmente en contra de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.

¿Qué hay del sistema de justicia para estos casos?

Cuando hay este tipo de denuncias que tienen un amarre a partir de que alguien ejerce su derecho de expresión y es denunciada o denunciado, pues es un tipo de denuncia que tiene que ser desechada automáticamente. El sistema de justicia no se puede prestar a servir de mecanismo de persecución o de censura en contra de quienes ejercen la libertad de expresión.

También campañas de educación hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debieran encaminarse a fin de que sean capaces de discernir en qué momento una denuncia mal intencionada debe ser desechada y en qué momento de oficio se inician acciones para impedir la difusión de discurso de odio en contra de los derechos de las demás personas.

Autoría y edición

Investigadora, periodista y diseñadora gráfica.

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