Por José Peralta
16 de enero 2019
Un juicio por millones de dólares, una demanda penal que podría
llevarte a la cárcel o una denuncia ante un organismo estatal que clausure un
medio o lo sancione a tal nivel que haga inviable su continuidad. Estas y otras
más son las herramientas legales que pululan hoy por toda América Latina y el
Caribe y que hacen de la región un caldo de cultivo para que empresarios,
gobernantes y funcionarios públicos se armen, sin necesidad de balas, contra el
ejercicio del periodismo libre o la libertad de expresión.
El arma en cuestión no será de fuego, pero logra un fin muy similar, pues
dispara usando la Ley. La comparación es fuerte, pero pertinente. Así lo
sostienen nuestras investigaciones, que se triangulan con observaciones hechas
por especialistas que hemos consultado desde IFEX.
El fenómeno está siendo estudiado cuidadosamente por organismos internacionales
y organizaciones locales de varios países del continente. Se apela a mecanismos
legales para infringir medidas desproporcionadas contra periodistas o medios, y
con eso tener un doble impacto: castigar a los que resultan molestos y amedrentar
al ecosistema periodístico entero.
Según estas impresiones, en tiempos de zozobra económica dentro del periodismo
tradicional, las acciones legales que puedan exigir resarcimiento económico
generan temor y autocensura.
Así las cosas, IFEX-ALC, una red de organizaciones dedicadas a la libertad de
expresión en 15 países América Latina y el Caribe, presentó un Amicus Curiae ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en favor del abogado y
profesor universitario venezolano Tulio Álvarez, sentenciado a dos años de
prisión por escribir una columna de opinión. En la columna, Álvarez se refería
a presuntos hechos de corrupción cometidos por un funcionario del gobierno.
En su Amicus, IFEX-ALC destaca que este caso constituye una oportunidad para
que la Corte IDH reafirme lo ya ha establecido en su jurisprudencia con
relación al uso de las leyes penales y el ejercicio de la libertad de expresión
en sociedades democráticas. Así, la Corte puede exhortar una vez más a los
Estados a despenalizar los delitos de injuria y calumnia.
Casos por doquier
El caso
de Tulio Álvarez es uno entre muchos. La región alberga numerosos casos en los
que el derecho penal o del sistema judicial en su conjunto se usa para castigar
al periodismo.
Otro caso importante dado en los últimos años fue el del entonces presidente
ecuatoriano Rafael Correa contra el periodista Fernando Villavicencio. En
primer término, la acusación tuvo lugar por injurias y hackeo, y luego por
insolvencia. Esta última con el fin de forzar a pagar los 47.000 dólares
americanos que la justicia ecuatoriana había sentenciado que Villavicencio
debía pagar al ex-mandatario. La suma monetaria, no obstante, no vino sola: la
justicia también condenó al periodista a 18 meses de prisión.
Cada año, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Organización de Estados Americanos (OEA) menciona en su informe anual los casos
de medios y periodistas en los que se usó el recurso penal. En 2017, un 5% de los casoscorrespondieron a esta
temática.
El informe de 2018 aún no ha sido publicado, pero la oficina ya documentó más
de 60 casos, todos ellos vinculados al uso del sistema judicial contra la
libertad de expresión en 16 países de las Américas. De los 60, 18 casos suceden
en Venezuela.
De estos últimos, uno de los más sonados ha sido el del medio Armando.info, en el que ciertos
periodistas fueron sido acusados de difamación por una investigación
periodística. Como consecuencia, los periodistas se vieron forzados a abandonar
el país.
Los países caribeños también están en la lista: en Dominica la justicia falló a
favor de un funcionario público que demandó por difamación a un talk show de
una emisora radial y los condenó a pagar una fuerte suma de dinero. Otros casos
se registraron también en Surinam y en Trinidad y Tobago.
El 2019, aunque empezara hace muy poco, trae también lo suyo. En Bolivia,
durante los primeros días de enero, el director del portal informativo Brújula
Digital, Raúl Peñaranda, denunció “amedrentamiento” gubernamental
tras la decisión de la estatal de comunicación Entel de iniciarle un juicio a
partir de una investigación periodística.
Mejoras parciales
Para
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Prensa de la OEA ha habido
ciertos pasos en positivo: “hay un grupo de países que han ido derogando o
modificando los delitos de difamación, injuria y desacato en bien del interés
público”.
Entre ellos figuran Uruguay, México a nivel federal, Argentina, Jamaica y otros
países del Caribe. En total, los que han tomado estas medidas suman 12. Sin
embargo, sigue habiendo más de una decena de países con legislación penal en
estos temas.
“Hay otros que todavía mantienen la figura de difamación e injurias a
nivel penal y claramente lo usan. Es el caso de gobiernos autoritarios con
funcionarios que no quieren ser ni cuestionados, ni pasar por ningún tipo de
control. Lo usan para criminalizar la investigación periodística. Eso se vuelve
un mecanismo más agudo de persecución”, dijo Lanza.
El Relator observó también que el de Venezuela era un caso
“paradigmático” por tener varias ocurrencias en los últimos años.
Lanza resaltó también el caso de Perú, donde periodistas que investigaban casos
de corrupción fueron sometidos a procesos penales. Del mismo modo, señaló
Lanza, el gobierno de Correa generó varios casos del mismo tipo en Ecuador.
“Sin embargo, en países como Nicaragua, Honduras y Venezuela también se
apela a otras figuras penales que no son las clásicas utilizadas contra el
periodismo, como pueden ser las de “terrorismo”,
“subversión” y otros tipos de desacato, medidas que se han visto
también en Brasil”, añadió.
Lanza hizo hincapié también en la importancia de estudiar el caso del
venezolano Tulio Álvarez y de entender estas medidas como un tema central en la
región. Se trata, en últimas, de prestar atención a estos casos para eliminar,
o al menos restringir, el uso del derecho penal para limitar la libertad de
expresión: “es emblemático por la víctima, pero también porque hace muchos
años que la Corte no resuelve un caso vinculado al derecho penal referido a la
difusión de información de interés público”.
“Una receta tóxica”
La
abogada y directora de litigios del centro Robert F. Kennedy for Human Rights,
Angelita Baeyens, también destacó la importancia del caso de Tulio Álvarez y
coincidió con Lanza en que este ha sido uno más en una serie importante de
casos que configuran “un modelo de amedrentamiento” hacia el
periodismo y la prensa libre.
Sostuvo que en las Américas “vamos por buen camino”, pues varios
países eliminaron los “delitos típicos” contra el periodismo, como el
desacato o la difamación.
Sin embargo, para Baeyens, “donde hay una tendencia claramente negativa y
creciente es en la aplicación de otros tipos penales. Estamos viendo en países
con contextos autoritarios, como el de Nicaragua, la utilización de tipos
penales muy amplios y ambiguos, como los delitos de terrorismo o de atentar
contra la seguridad nacional. Son medidas que generan pánico y de las que vemos
una utilización creciente”, sostuvo.
“Cualquier información es utilizada para acusar al periodista, así es muy
difícil defenderlo; y como son delitos graves, se incluye además la detención
de la persona.
Esto se diferencia de los casos de desacato o de difamación, porque en estos
últimos la libertad de la persona no se ve comprometida durante el proceso. En
los primeros hay implicaciones que no son evidentes a primera vista y que son
gravísimas para el periodista, por más que luego el proceso no termine en
condena”, agregó.
Saliendo del ámbito penal y yendo al civil y administrativo, Baeyens señaló
cómo se utilizan otras formas de reglamentación y otras leyes para hostigar y
sancionar: “Con ello se cuenta con un efecto de amedrentamiento a futuro,
que se traduce en general como autocensura entre los periodistas”, dijo.
No se trata solamente de “multas, demandas millonarias, sanciones. Está
también el uso del régimen tributario u otras formas de acoso a nivel
administrativo con reglamentaciones”. Según Baeyens, se buscan faltas para
castigar a periodistas y organizaciones que estén en la mira de ciertos
gobiernos latinoamericanos. Baeyens apunta a cómo se usan “mecanismos legales
o administrativos que en apariencia son neutrales, pero en los que hay una
intención clara de castigar y amedrentar a un periodista por su trabajo”.
“Es una receta tóxica: tenemos no solamente un sistema judicial que no
aplicará el régimen legal con las garantías adecuadas y de manera
independiente, sino además un régimen legal en sí mismo que puede interpretarse
de manera caprichosa. Esto conforma una suerte de menú en el que se pueden
escoger delitos para perseguir y acallar voces, principalmente voces de
periodistas”, dijo.
Un ejemplo para entender este uso de la Ley es el de las periodistas mexicanas Claudia García Fragoso y Teresa Cárdenas.
Fragoso y Cárdenas fueron acusadas de “compra de votos” mientras
cubrían la jornada electoral de 2015. De acuerdo con notas de prensa y otros reportes de organizaciones civiles, las
dos periodistas fueron arrestadas y agredidas después de filmar la detención
violenta de personas que, a su vez, habían sido acusadas de delitos
electorales. El caso ilustra uno de los modos en los que se aplican tipos
penales que en la teoría están totalmente desconectados del periodismo.
Con este mar de fondo, la decisión de la Corte IDH en el caso de Tulio Álvarez
puede constituir un elemento fundamental en la lucha por eliminar estos
instrumentos que, de modo ladino, amordazan intimidan y cercenan la libre
expresión.
Fuente: https://www.ifex.org/venezuela/2019/01/15/criminalizacion-periodismo/es/?fbclid=IwAR1vDA5zs4yn_9UePICqwGMK1tyU4-I0hbVgJb4ZE3jQIjGoPKrHKfw-tDw
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