Guatemala, 25 de enero de 2019. Prensa Comunitaria, la Comisión Internacional de Juristas CIJ, el Bufete de Derechos Humanos, el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos CALDH y las Autoridades Ancestrales del Pueblo Maya, Xinka y Garífuna de Guatemala manifestamos:
La investigación social y el periodismo son importantes en el contexto de la lucha contra la impunidad, la corrupción, son una herramienta para la construcción de la democracia, como una condición imprescindible de la ciudadanía al derecho público a la información, especialmente en los territorios en donde los pueblos originarios exigen participación y toma de decisión en relación a los megaproyectos que afectan su territorio, cotidianidad y la vida.
Todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, tienen garantizado el derecho a acceso a la información pública, Art. 29 y 180 de la Constitución, la libertad de expresión y la libre emisión de pensamiento, Art. 35 de la Constitución Política. Nuestra sociedad, representada por la plurinacionalidad de sus pueblos, no pueden ser libres, si no ejercen el ejercicio de libertad de expresión y de prensa, como quedó plasmado en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, además del Convenio 169 de la OIT en el caso del pueblo Q’eqchi’.
Es condenable como el Estado en conjunto con una empresa minera como la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, persigue penalmente a dos periodistas de El Estor, Izabal, por documentar, investigar y publicar información sobre la contaminación del agua del lago de Izabal, como una forma de censura y castigo por ejercer el periodismo comunitario e indígena.
Más indignante aún es el papel del juez de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Edgar Aníbal Arteaga López, quien el día 22 de enero 2019, decidió ligar a proceso penal al periodista Carlos Ernesto Choc Chub, maya Q’eqchi’, así como a tres defensores de la tierra y el territorio, incluso a uno de ellos le dicta prisión preventiva, no obstante que el Ministerio Público solicitó la desestimación del proceso penal, actitud que pone en evidencia el papel de la judicatura a favor de los intereses de empresas extranjeras.
El Juzgado, por medio de su resolución favorable a la empresa extranjera, envía un mensaje perverso a la sociedad, especialmente a los pueblos originarios: ningún investigador social, periodista o ciudadano puede informar, documentar o investigar sobre lo que ocurre en El Estor, Izabal, alrededor de la actividad minera.
Ante esta agresión en contra la libertad de expresión en Guatemala, contra el periodismo comunitario e indígena. Demandamos al sistema de justicia guatemalteca, especialmente al Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Izabal, el sobreseimiento total de la persecución penal contra el periodista Carlos Ernesto Choc, corresponsal de Prensa Comunitaria; este caso es uno más que se suma a la criminalización de radios comunitarias, defensores de derechos humanos y autoridades Indígenas Ancestrales, por defender la vida, la tierra, los bienes y recursos naturales y el territorio.
Exigimos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, la observancia de la situación de las y los periodistas en el país.
Demandamos al Gobierno de Guatemala, garantice la implementación del protocolo de protección para periodistas y cumpla con las observaciones emitidas a Guatemala por el Examen Periódico Universal (EPU), de Naciones Unidas, en materia de libertad de expresión.
“No se calla la verdad persiguiendo y encarcelando periodistas”
