Por eso rechazamos absolutamente la pretensión del Congreso de reformar la Ley de Reconciliación Nacional (LRN), que podría retrotraer los pocos avances conseguidos con el gran esfuerzo y sacrificio desplegados durante décadas por nuestra familia y las víctimas de otros casos. De hacerse realidad, haremos uso de todos los recursos legales para proteger nuestros derechos. Recordamos que la ley original, aprobada en 1996, en su artículo 8 excluye “… los delitos de genocidio, tortura y desaparición, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.
La amnistía total que impone olvido y perdón respecto de crímenes profundamente dolorosos es un acto injusto y revictimizador, prohibido por el derecho internacional. Ofende no solo a nuestra familia, también a todas las víctimas, al pueblo de Guatemala -que pagó una elevada cuota de sangre en este amargo proceso histórico- y a la humanidad. Viola obligaciones internacionales y nacionales estatales y desvirtúa el carácter y objetivo de la Ley de Reconciliación Nacional, creada para reconstruir el tejido social. Esta añeja iniciativa se presenta en un contexto en el que, con jugadas macabras, las fuerzas más oscuras, responsables de las enormes tragedias perpetradas por el terrorismo estatal, buscan recuperar sus posiciones.
Aunque eso suceda, no se podrán borrar jamás de la historia ni de la memoria de guatemaltecos y guatemaltecas los días en los que nuestro caso fue juzgado y sentenciado ni los hechos terribles expuestos durante el proceso. Pase lo que pase, prevalecerá la conciencia de que nadie es superior a la ley y que los ahora condenados no debieron jamás transgredir la Constitución ni las leyes nacionales e internacionales al ejercer sus funciones.
Recordar, hacer justicia, son un ejercicio solidario y preventivo. Las sociedades no pueden ignorar tan graves delitos, perpetrados por agentes estatales llamados a garantizar la vida, la libertad y la integridad de la población guatemalteca, sin condenarse a repetirlos. La justicia es crucial para dejar atrás ese pasado funesto.
De nuestras vidas jamás se irá el dolor por Marco Antonio, a quien le arrebataron la vida, por nuestros padres desgarrados por su desaparición y los agravios contra Emma, violada y torturada. Por ellos, con ellos, hemos buscado la verdad, la justicia y los restos de nuestro niño para sepultarlo dignamente.
Como protagonistas de una lucha histórica, sostenemos que las nuevas generaciones merecen un mejor futuro. Para ello, deben ser expuestas y sanadas en lo posible estas heridas, llagas purulentas que lastiman el alma de nuestro pueblo.
Finalmente, hacemos un llamado al Congreso para que no apruebe esta iniciativa que traería consigo un retroceso en la construcción de la paz y la democracia y sería un golpe a la esperanza de quienes deseamos fervientemente que nunca más se padezcan las consecuencias fatales de políticas contra la vida y los derechos de la población guatemalteca.
Familia Molina Theissen
San José, Costa Rica, 17 de enero de 2019
