10 de enero de 2019
El 9 de enero, algunos de los defensores de Derechos humanos que solicitaron el ingreso de la Cicig a Guatemala luego de la firma de la paz, ofrecieron una conferencia de prensa explicando el porqué de la Cicig. Helen Mack, Miguel Ángel Albizures, Claudia Samayoa, Frank La Rue y Mario Polanco dieron a conocer algunos planteamientos en relación a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en donde señalaron algunos recursos anticonstitucionales que terminaron con el mandato de la Cicig de forma abrupta y unilateral.
En el Acuerdo Global de Derechos Humanos, firmado en México DF, el 29 de marzo de 1994, en donde se tomaron en cuenta las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos y tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre la materia, de los que Guatemala es parte. El Gobierno de Guatemala se comprometió a combatir cualquier manifestación de fuerzas ilegales de seguridad y maquinaria clandestina de seguridad. Sin embargo, la misión de verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), organizaciones de Derechos Humanos y el procurador de los Derechos Humanos de ese entonces, continuaron informando sobre la existencia de dichos grupos, implicándolos en perpetrar crímenes violentos, amenazas a las y los defensores de derechos humanos, así como a los oficiales investigadores del sector de justicia. De esa cuenta, la Cicig se crea con base al acuerdo firmado entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, el 12 de diciembre del 2006.[1]
Algunos de los puntos importantes que tocaron fueron los siguientes:
Promesa de Acuerdos de Paz
Una de las promesas de los Acuerdos de Paz se hizo en relación a la transformación de la Justicia, de una excluyente e inoperante a otra que protegiera los derechos de todas y todos los ciudadanos. Esta promesa fue incumplida y el sistema de Justicia de Guatemala, lejos de garantizar una justicia pronta y cumplida, evidenciaba altísimas tasas de impunidad.
Comisión Internacional contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (Ciciacs)
Entre los principales blancos del accionar de estas estructura, se encontraban las y los defensores de derechos humanos, quienes sufrían desde amenazas hasta asesinatos. En mayo del 2002, el propio presidente, Alfonso Portillo, reconoció que eran estas estructuras quienes les atacaban. Fue cuando se solicitó, junto con el PDH de ese entonces, Sergio Morales, el establecimiento de la Ciciacs. Este acuerdo posteriormente sufrió un dictamen desfavorable por la Corte de Constitucionalidad y fue retirado por el presidente Berger del Congreso de la República, por lo que nunca llegó a ser ratificado.
Continuaban los asesinatos y las desapariciones
Con el transcurso de los años, la situación de inseguridad, lejos de mejorar, empeoró. El crimen organizado, especialmente el narcotráfico, tomó control de vastas zonas, especialmente en las fronteras en donde se evidenciaron importantes casos de narcopolítica. Por otra parte, la magnitud de los femicidios, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y secuestros, hizo patente la necesidad de contar con ente externo, que a través de investigaciones penales independientes redujera la impunidad en el país e impulsara el fortalecimiento del Ministerio Público, el Organismo Judicial y la Política Civil.
La instalación de la CICIG: logros y retos
En septiembre de 2007, se instaló en el país la Cicig. Su presencia impulsó la aprobación de importantes leyes, entre otras, la Ley de extinción de dominio y la Ley contra el enriquecimiento ilícito; la creación de los juzgados y tribunales de mayor riesgo, la implementación de métodos especiales de investigación y la transformación del sistema de persecución y enjuiciamiento de las instituciones de justicia. En los últimos 10 años han disminuido las tasas de impunidad y se han aumentado los niveles de seguridad, a través de la reducción de secuestros y homicidios, principalmente.
La actuación conjunta de fiscales e investigadores nacionales e internacionales ante jueces independientes, permitió que las investigaciones penales en contra de los Ciacs se profundizaran, hasta evidenciar su vínculo con las redes político económicas mafiosas y cómo estas habían cooptado al Estado. Se presentaron importantes casos en los que se demostró el accionar de los Ciacs en coordinación con redes mucho mayores que les facilitaban la impunidad. En todos estos casos, la Cicig ha actuado de forma conjunta con las autoridades nacionales, PNC y MP, antes jueces nacionales, donde las personas procesadas y condenadas han podido hacer valer sus derechos. Sin duda, ha significado un fortalecimiento al sistema de justicia nacional y sobre todo ha evidenciado el actuar de estas redes mafiosas y sus vínculos con las élites políticas, militares y económicas del país.
Este comunicado está firmado por las personas ya mencionadas que ofrecieron dicha conferencia, y también por Iduvina Hernández y Claudia Paz y Paz, quienes no pudieron asistir.
De igual forma, recalcaron en varias oportunidades, que el trabajo de la Cicig es imprescindible y que si bien es cierto ha habido avances, es necesario seguir contando con su presencia para hacer frente a la corrupción en el país.
[1] www.cicig.org
